Lo que discute el Congreso de la Unión son cuatro nuevas leyes y una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Todas se derivan del mandato de un transitorio a las reformas constitucionales de mayo del año pasado en temas de rendición de cuentas y combate a la corrupción. En el Senado se discuten los dictámenes de una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, otra que define las condiciones del sistema nacional de combate a la corrupción y una que le otorga facultades para sancionar a servidores públicos al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

 

Los diputados, por otro lado, estamos elaborando un proyecto de Ley Federal de Fiscalización para otorgarle a la Auditoría Superior de la Federación facultades para auditar en el propio año de ejercicio y revisar el ejercicio de estados y municipios de participaciones federales. También en Cámara de Diputados se revisan las características que deberá tener el órgano interno de control del Gobierno Federal. Además, falta actualizar varias leyes más, como las de datos, archivos, obras, adquisiciones, coordinación fiscal, entre otras, para mejorar los procesos de control y de rendición de cuentas.

 

Los cambios legales, de ser los correctos, van a ayudar a reducir los actos de corrupción y mejorar la gestión pública. Es claro también que eliminar la corrupción dependerá en buena medida de la voluntad de combatirla y del compromiso con el cambio de prácticas patrimoniales que por ser tan comunes y enraizadas escapan al control institucional.

 

Para aprobar dicha legislación se convocó a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Se trata de una convocatoria irregular ya que se emitió pese a que no se cuenta con un dictamen aprobado en comisiones para ninguna de las leyes mencionadas. El tema que ha detenido la aprobación de los dictámenes en la Cámara de Senadores es el de la obligación de hacer pública la declaración patrimonial de los servidores públicos. Aparentemente se ha aceptado que ahora las declaraciones sean verificadas por los órganos de control y, en su caso, sancionados los funcionarios que mientan en las mismas.

 

Sin embargo, el punto es que no se quiere aceptar el carácter público de la información de los bienes de los funcionarios. Al respecto, valga señalar que en las democracias consolidadas esta información en efecto pública y sirve para valorar la conducta de los servidores públicos en casos delicados. Eso ha permitido, por ejemplo, saber que el Primer Ministro Británico recibió una herencia sin pagar el impuesto respectivo, o que no existen bienes que puedan advertir de prácticas de corrupción de la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff. Aún sin la obligación de publicitar los bienes de funcionarios, la nueva ley de responsabilidades establece mayores mecanismos de control, como un sistema de información sobre servidores públicos sancionados, pero sin duda pierde peso.

 

El conjunto de las reformas pretende mejorar el control de los funcionarios públicos por varias vías. Un sistema nacional de coordinación de acciones y normas para prevenir y sancionar actos de corrupción; un sistema nacional de fiscalización, que incluye un comité ciudadano, para coordinar y armonizar la revisión de las cuentas de gasto; una fiscalía anticorrupción que realice labores de inteligencia e investigación en la materia; un diseño de unidades de control que contemple una unidad encargada de investigar las irregularidades detectadas y otra que recopile las pruebas y presente casos sólidos; un tribunal administrativo encargado de establecer los castigos por la vía administrativa y una auditoría superior de la deserción que pueda auditar en el propio año de ejercicio y que pueda revisar el gasto de estados y municipios financiando con participaciones federales. En ese punto, es necesario también que la ASF pueda también auditar la deuda local respaldada por participaciones federales y que sus informes se publiquen con la oportunidad necesaria para servir de insumo durante la discusión del presupuesto de egresos de la federación.

 

La pregunta es si todos estos cambios valdrán la pena. La respuesta, como siempre, está en los detalles de las leyes y en si existe la voluntad de hacerlas cumplir. En ese sentido existen muchas dudas. Por un lado el gobierno no parece especialmente preocupado en combatir la corrupción con el marco legal actual, que sin duda le ofrece muchos instrumentos para actuar. Habría que ver lo que sucede con los contratos otorgados a los constructores favoritos, HIGA y OHL, por supuesto.

 

También habría que ver que después de la casi confesa desastrosa gestión del pasado director de PEMEX no hay investigación alguna en curso. Lo mismo sucede con los gobiernos locales, sus irregularidades están más que documentadas en las auditorías de la ASF, pero el desastre administrativo persiste. Lo que ahora hacen los gobiernos locales y federal permiten pronosticar que lo que harán será tratar de escapar de los nuevos controles.

 

Es también posible que, además de eliminar la obligación de publicitar los bienes, se pretenda descafeinar otros aspectos de la reforma, como evitar que se auditen instrumentos como las asociaciones público privadas o la burzatilización de ingresos.

 

Por el momento el gobierno ha sido el gran ausente en el paquete de reformas de combate a la corrupción. No conocemos la postura oficial y no se han enviado iniciativas en la materia. Por el momento en realidad no tenemos nada, no hay dictámenes aprobados. El periodo extraordinario solamente parece ser una salida para evitar, antes de la elección, las acusaciones de que alguien quiere parar el proceso de aprobación de dichas leyes. En tanto, la calidad del gasto público y, por tanto, la posibilidad de que el estado genere bienes públicos, promueva la economía y reduzca la desigualdad, es seriamente limitada por los problemas de control y evaluación de las instituciones públicas. Mientras, el gobierno federal, independientemente de lo que suceda en el Congreso, ya podría tomar medidas para combatir el evidente problema de corrupción del país. Falla el congreso, pero falla y mucho el Ejecutivo en una de sus principales responsabilidades: actuar con honestidad.

 

@vidallerenas

@OpinionLSR



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