En los últimos días he tratado de leer lo que otros partidos progresistas proponen en economía. Existe, por supuesto, una crisis en las propuestas derivada de la propia crisis económica global. Existen, claro, coincidencias y mucho más sentido común que lo que se proponía hace años. Se habla de políticas industriales, de absorber y desarrollar tecnología, de invertir pero también re inventar la educación superior, de mejorar el volumen y la calidad de la inversión en infraestructura.

 

El comercio se considera como una oportunidad, pero también un generador de riesgos, que requiere de políticas públicas para que pueda ser útil a la sociedad. Todo esto se comienza a discutir en México, uno de los últimos santuarios del pensamiento liberal en la economía. Pero existe un tema que prácticamente no ocupa espacio alguno de la discusión pública nacional, el sistema financiero. El tema es fundamental en Europa debido a que el rescate bancario es el responsable de sus crisis de deuda y de una recesión acelerada por las políticas de ajuste. En México, el sistema financiero no es un riesgo, pero tampoco un factor de desarrollo. Es, sin duda, factor que explica la estabilidad sin crecimiento que caracteriza a la economía mexicana.

 

Nada me parece más chocante y vacío que los dichos de los funcionarios financieros en la Convención Nacional Bancaria. No se expresa el menor asomo de autocrítica ante un sector que capta y presta menos que cualquier otro país de ingreso promedio similar. Las razones están a la vista, la elevada concentración, la conveniencia de sólo invertir en valores gubernamentales, las altas ganancias por comisiones y crédito al consumo, el control de las mesas de dinero, las pocas y caras opciones para los sectores de menores ingresos.

 

El gobierno tomóla decisión de consolidar un sistema financiero concentrado, caro y rentista, a cambio de que lo financiero no se convirtiera en un riesgo macroeconómico. La preocupación del sistema financiero mexicano después de la crisis de 1994 fue la estabilidad, no proporcionar crédito, como si fueran objetivos excluyentes.  Esto nunca se discutió, aunque de hecho el Congreso, en el marco del Pacto Por México, lo votóen la llamada reforma financiera.

 

Una visión progresista implicaría considerar que existe un servicio público que deben asegurar los oferentes de servicios financieros, que debe ser regulado por el Estado, que también debe tener instituciones que hagan política pública en la materia. El crecimiento y el desarrollo requiere de instituciones públicas y privadas que ofrezcan de manera sostenible opciones suficientes de crédito y ahorro para la población, que puedan financiar a empresas pequeñas y medianas, asícomo a proyectos de inversión rentables.

 

Lo que pasa en el sector financiero es sintomático de la economía mexicana. En telecomunicaciones, en transporte, en alimentos procesados, en el comercio minorista se tienen mercados monopolísticos, que dada la tendencia a la sobre valuación del peso (hoy vivimos una excepción por el incremento de las tasas en Estados Unidos, que se corregirá) genera altas rentas en dólares para firmas nacionales y extranjeras. Lo que no genera es ni los mejores precios, ni los servicios, ni las inversiones que el país requiere para crecer.

 

La estabilidad del mercado financiero es suficiente para generar grandes ganancias a un puñado empresas. Es verdad también que previene de lo sucedido hace una década en los países desarrollados, cuando el crecimiento explosivo e irracional del mercado de crédito generó la peor crisis financiera global desde 1919. Pero eso no significa que, en aras de la estabilidad, tengamos que conformarnos con prácticas e instituciones financieras que nos sirven para impulsar a la economía real.

 

Los bancos mexicanos simplemente no prestan a las empresas. Alrededor del 60% de los ingresos por préstamos de los bancos provienen del crédito al consumo. El que proviene de las tarjetas y el crédito de nómina. Otra parte muy significativa se origina se comprar papeles gubernamentales. Los bancos simplemente no tiene incentivos para prestar a actividades productivas y el gobierno parece estar conforme con el estado de las cosas.

 

Los consumidores mexicanos tienen grandes dificultades para comparar entre las opciones financieras que se les ofrecen. Algo que tendría que ser simple, como mudar el crédito hipotecario al banco que ofrece la mejor tasa es una tarea casi imposible. La oferta de instituciones financieras alternativas, como las cajas de ahorro, presenta riesgos importantes, como lo muestra el caso FICREA. Si finalidad de una sociedad financiera popular es ofrecer un bien público, que el mercado financiero general no provee, porque no se establecen mecanismo de transparencia y fiscalización similares a las de las instituciones públicas, eso evitaría que se ponga en riesgo de personas de bajos ingresos, que dicha figura tendría que proteger.

 

Si un sistema financiero dispuesto a prestar a quien produce y enfocado a sectores de bajos ingresos toda política de fomento al crecimiento y a la mejor distribución del ingreso serálimitada. No se puede renunciar a transformar, a desconcentrar las instituciones financieras por el temor a una eventual crisis. Hacerlo es condenarnos a algo a los que ya nos comenzamos a acostumbrar, a bajos niveles de crecimiento económico.

 

@vidallerenas



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