En un lapso de nueve días presenciamos dos ataques brutales con bombas de alto poder y destrucción masiva que afectaron a la República Árabe Siria y a la República Islámica de Afganistán. El primero se trató de un explosivo químico lanzado desde el aire el 4 de abril, cargado con gas sarín y que detonó en la población Khan Sheikhoun (Jan Sheijun) en Siria, afectando seriamente a la población civil, principalmente niños, quienes no han desarrollado por completo su sistema nervioso y respiratorio, circunstancia que los hace aún más vulnerables, a los efectos devastadores del gas.
Este ataque es atribuido a las fuerzas armadas del presidente Bashar al-Ásad, quien heredó el cargo de su padre Háfez al-Ásad en el año 2000 y que grupos opositores a su régimen han pretendido derrocar, desde marzo del 2011, debido fundamentalmente a la violación sistemática de los derechos humanos y a la represión brutal de grupos opositores durante todo el mandato de la familia Al Asad, iniciado desde 1971. En respuesta a las demandas de apertura que surgieron a raíz de la llamada “Primera Árabe”, el líder sirio, lanzó al país a una guerra civil devastadora y dejó a la oposición democrática vulnerable ante el auge del yihadismo más violento que la región ha conocido.
El segundo ataque, lo perpetró Donald Trump el pasado 13 de abril sobre el distrito de Achin, Afganistán, donde se encontraba, señala el Pentágono, una serie de enclaves y túneles de las fuerzas armadas del Estado Islámico, que les permitía moverse libremente entre las montañas. En este caso, se trató del lanzamiento de lo que se ha denominado “la madre de todas las bombas”, es decir, la bomba no nuclear más potente detonada hasta hoy desde las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki aseguran los expertos.
En ambos casos observamos un ataque de enorme escala contra el derecho internacional humanitario, mismo que regula los mecanismos y métodos para hacer la guerra. Esto significa que la premisa, “en la guerra todo se vale” es absolutamente falsa. La guerra sin cuartel, como la describe el presidente de los Estados Unidos, es una violación flagrante a la Cláusula Martens, atribuida al diplomático y jurista ruso Fyodor Fyodorovich Martens. Esta norma, explica el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “forma parte del derecho de los conflictos armados desde que apareciera, por primera vez en el Preámbulo del Convenio de La Haya de 1899, en el apartado que contempla las leyes y costumbres de la guerra terrestre”.
En este contexto, la Cláusula Martnes implica que lo que no está explícitamente prohibido por un tratado no necesariamente está permitido en los hechos. Esto significa que, aunque determinada acción bélica de un Estado, no se encuentre categóricamente proscrita por alguna norma, esto no implica que se puedan llevar a cabo ataques bélicos de esta naturaleza, de manera discrecional y sin límite proporcional alguno.
En éste sentido, la Corte Internacional de Justicia, interpreta la Cláusula Martens, como una herramienta consuetudinaria empleada como un medio eficaz para hacer frente a las amenazas tecnológicas de corte militar utilizadas en la guerra. Este instrumento entraña dos principios fundamentales del derecho internacional que deben ser contemplados en un conflicto armado, las leyes de humanidad y las exigencias de la conciencia pública comunes para la comunidad internacional.
El CICR interpreta estos principios como criterios de proporcionalidad racional, esto implica la obligación de los países beligerantes de no emplear más fuerza de la estrictamente necesaria, para la consecución de sus objetivos militares. Esta norma es entendida como una costumbre internacional, dictada por un comportamiento reiterado en el tiempo, que se asume como apegado a derecho y la razón que se considera obligatoria para todas las personas y todos los países del mundo, sin la necesidad de que exista un tratado específico en la materia. Por lo tanto, es un derecho reconocido internacionalmente que se basa en las nociones del bien común y la justicia.
Ambos ataques con bombas químicas y de alto poder destructivo, también trasgreden el artículo 35, del Protocolo I de Ginebra de 1949. En particular con la restricción de elegir los métodos o medios de hacer la guerra ilimitadamente, quedando prohibido el empleo de armas y proyectiles de alto poder que causen males o sufrimientos innecesarios, así como aquellas formas de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, daños extensos o duraderos al medio ambiente natural. En cualquiera de los casos se trata de prohibir un atentado contra la humanidad en un conflicto bélico.
La bomba química y “la madre de todas las bombas” son un atentado contra la paz y seguridad internacional. De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Roma de 1998, pueden ser considerados como crímenes de guerra, pues estos ataques implican infracciones graves de los Convenios de Ginebra, debido a que representan deliberadamente grandes sufrimientos y atentan gravemente contra la integridad física o la salud. En el ataque de Siria, particularmente, se trata de ataques con materiales extremadamente dañinos contra la población civil que no participan directamente en las hostilidades. En el caso de Afganistán, se trató de un ataque desproporcionado, que, con independencia de ser un objetivo militar identificado, probablemente causará daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.
Ambas acciones bélicas implicaron el uso de dos de los artefactos militares más poderosos y dañinos de que se tenga registro, se trata de ataques flagrantes al derecho de la paz, sin duda, actos en suma trasgresores de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que lejos de poner fin a los conflictos en Siria y Afganistán, sólo ponen en riesgo el frágil equilibrio en la región y al resto del mundo.