¿Por qué están enojados las y los ciudadanos? La razón es sencilla. La distancia entre el poder legislativo y la ciudadanía es cada vez mayor y se evidencia cada día. Los tiempos, preocupaciones, necesidades e intereses de la ciudadanía no son tomados en cuenta por nuestros legisladores para legislar. La Ley 3 de 3, es un claro ejemplo de ello.
Si bien no me parecía que la presentación de estas tres declaraciones: la patrimonial, la de impuestos y la de conflicto de interés, resolvería el tema del modo en que la gran mayoría de legisladores y funcionarios de la administración pública se enriquecen de manera inexplicable asumiendo que “hacer negocios” u “otorgar uno que otro contratito al amigo” es una prerrogativa del cargo y está bien, aunado al hecho de que ya están más que curtidos en la forma en la que encubren sus actividades: constituyen asociaciones, empresas y fideicomisos en las que curiosamente no aparecen ellos sino familiares o personas cercanas a ellos, no registran bienes muebles e inmuebles a su nombre, reciben recursos en efectivo, pago de favores en forma de viajes, casas y otra serie de artimañas, también es cierto que era un primer paso en la ruta correcta. Era el primer paso para conocer, cuando menos en este momento, la forma en la que se “integra”su patrimonio y poder hacer el seguimiento y revisión adecuada.
Las declaraciones patrimoniales que todos los funcionarios públicos tenemos que presentar no sirven para nada, particularmente porque no son revisadas periódicamente y se limitan a examinar cuando hay cambios importantes en el patrimonio de una persona. La sola información contenida en estas declaraciones no permite conocer la integración real del patrimonio de una persona, es necesario verificar información adicional de la que puedan extraerse datos que permitan corroborar lo que ahí se asiente. La declaración de impuestos es otra de las vías.
Sin embargo, considerando los alarmantes niveles de corrupción y de impunidad que se viven en nuestro país, casi 700 mil ciudadanos apoyaron con su firma la iniciativa de contar con mayores elementos respecto del patrimonio de los servidores públicos y sus familiares, dado que resulta evidente que los datos ficticios que incorporan en sus declaraciones patrimoniales no se corresponden con el modo de vida de los funcionarios ni de sus familiares.
Justamente frente al hartazgo de fortunas millonarias que se hacen en pocos años y en total impunidad, la reacción ciudadana fue pedir elementos para poder fiscalizar a esos funcionarios. El artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto a la publicidad de la información presentada era el punto crucial. La secrecía en la que se manejan los datos y documentos de los funcionarios y la forma en que los propios partidos los usan para favorecen sus propios intereses obligando a un funcionario corrupto a actuar como se le pida, con el objeto de evitar que esa información salga a la luz pública y la falta controles y verificaciones respecto al patrimonio de los funcionarios, hace necesario que las tres declaraciones estén a disposición de la ciudadanía.
La reforma aprobada dejará en manos de un Comité Coordinador nombrado por el Comité de Participación Ciudadana, aprobado en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la información que contendrán los formatos en los que se presentarán estas declaraciones. Cuatro problemas se detectan de este nuevo esquema aprobado. El primero y más obvio es la forma en la que se nombrará el Comité de Participación Ciudadana en el que, una vez más, llevará mano el Senado y, por tanto, la autonomía de sus integrantes estará en duda. La segunda, el tiempo que tardará en implementarse esta versión light de la Ley3de3, porque dependerá del nombramiento del primer Comité y del tiempo en que éste integre el segundo Comité. El tercero, dada la redacción aprobada del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cualquier funcionario podrá esgrimir la “afectación de su vida privada” con el objeto de evitar la publicación de diversos rubros de sus declaraciones. Por último, no quedan claras las razones por las que se excluyó la publicidad de una de las declaraciones, la de impuestos.
La disminuida versión de la Ley 3 de 3 aprobada de madrugada en el Senado, no cumplirá con los intereses de la ciudadanía que impulsó esta iniciativa. La ley aprobada no transparenta ni hace posible la verificación y seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios y sus familias. La publicidad de las declaraciones que asusta a los legisladores debería ser la primera reacción de éstos ante una ciudadanía que los tacha de corruptos. Causa sospecha que la mayoría se haya negado a presentarla y hacerlas públicas. El color del partido no importa en esta materia. El compromiso de un funcionario con su cargo, con apegarse a la legalidad en el cumplimiento de sus funciones, con su ética y principalmente con el país, es lo que debe guiar el sentido del voto de cada legislador.
La estrategia pactada, por supuesto, entre los partidos políticos que sabían que no conseguirían los votos para la hacer públicas las declaraciones, los hace a todos responsables de la ley aprobada que no cumpla con los fines exigidos por la ciudadanía. Es por eso por lo que están enojados las y los ciudadanos, señores legisladores, por la forma tan elemental y burda con la que quisieron hacerles pensar que aprobarían la ley que la gran parte de los ciudadanos les exigía. La Ley 3 de 3 aprobada nació con una enfermedad congénita.