El miércoles por la tarde se dio a conocer que el subsecretario de prevención del delito la SEGOB, Arturo Escobar y Vega, dejaba el cargo con motivo de una presunta orden de aprehensión que había girado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.
Y es que después del Proceso Electoral Federal de junio pasado, hubo múltiples denuncias en contra del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quien perdonó la serie de ilegalidades preelectorales, electorales y postelectorales, suficientes para retirarle el registro y cuando en un desafortunado comentario, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, dijo que con los actos de ese partido, “no puso en riesgo la democracia…”.
Sin embargo, si consideramos a la democracia integrada al estado de derecho, el PVEM violó todo lo posible para obtener un beneficio, y por tanto, el razonamiento de Córdova Vianello es obsoleto y sin argumento, quien sale bien librado del escándalo Escobar, junto con el resto de sus cuestionados y parciales compañeros consejeros, cuyas conductas se alejan de los principios rectores de la función electoral.
El PVEM incurrió en colocación de propaganda en lugares prohibidos, obsequio de boletos para funciones de cine, mensajes promocionales en salas cinematográficas, infomerciales de sus candidatos, mensajes por tuiter de artistas y deportistas, entre otras muchas más faltas, una y otra vez, a lo largo y ancho de todo el país.
El escándalo más reciente de los deportistas lo protagonizó Miguel Herrera El Piojo ex director técnico de la selección mexicana de futbol, quien fue citado a declarar por la Sala Regional del TRIFE, por haber enviado un tuit el día de la jornada electoral, con un mensaje evidentemente político partidista a favor del PVEM.
La democracia no sólo comprende los actos preparatorios y el de la jornada electoral, como algunos ignorantemente usan como argumento para desviar el tema. En su más amplia expresión compromete una serie de valores políticos, económicos y sociales, en un sistema cuyo campo social se encuentra vulnerado por la impunidad con el que se conducen personajes políticos que sin recato, menos vergüenza, cometen cualquier ilegalidad o delito.
Estas irregularidades le son atribuidas al PVEM y al ahora ex subsecretario Escobar, en las que unas 22 organizaciones civiles aplaudieron la salida de Escobar de la SEGOB, exigiendo que no regrese a su cargo, pues "además de desconocer sobre la materia relacionada con Prevención, no es un servidor público confiable, no practica los principios éticos democráticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana y no cuenta con ninguna cualidad personal para el cargo”.
Es posible que esta situación genere un frente de crisis, entre la alianza entre el PVEM y el PRI, aunque diversos actores políticos han señalado, que todo deberá seguirse conforme a derecho.
Cabe la posibilidad de que el PVEM no apoye la recién presentada iniciativa por el senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, para eliminar 100 diputados federales de representación proporcional y suprimir 32 senadores de lista nacional.
Sobre todo porque esta iniciativa ya había sido presentada con anterioridad, en sesión del 11 de septiembre de 2012, en la pasada legislatura en Cámara Baja, y fue desechada el 31 de julio de 2013 al precluir el derecho a ser dictaminada, según se desprende de los registros de la Gaceta Parlamentaria.
Esto significa que sólo están reciclando viejas promesas, en las que no parece existir voluntad para aprobarla, sobre todo porque en el siguiente Proceso Electoral Federal se aplicará la reforma política que autoriza la reelección legislativa, así las cosas, que levante la mano el legislador federal en funciones que no quisiera repetir en el cargo en el 2018 y que exprese el sentido de su voto, a favor o en contra, de reducir candidaturas plurinominales.
El cálculo político podría indicar, que el PVEM dejaría a su suerte a Escobar con la orden de aprehensión por delitos electorales, para que sus legisladores voten a favor de la reducción legislativa, en un acto políticamente correcto para tratar de revertir la mala imagen de que goza como partido político, propiedad de la familia González Torres, entre otros adjetivos.
Mientras tanto, es muy posible que se recomponga la alianza PRI – PVEM, cuando han cambiado las prioridades políticas y coyunturas del momento, para que algunos temas, -como el affaire Escobar-, entre otros, transiten sin pena ni gloria.