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Sin ley y otros pendientes

Hace más de una semana de la Declaratoria de preponderancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), sin que hasta el momento haya hecho públicas las versiones completas que llevaron a su pleno a determinar las medidas de regulación asimétrica para el Grupo Carso y el Grupo televisa, lo cual en aras de la transparencia tendría que realizar y porque además como sociedad debemos de conocer los detalles de los criterios bajo los cuales el pleno del IFT determinó sus resoluciones.

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Escrito en OPINIÓN el
Pasado el revuelo de la noticia se sigue especulando hasta donde estas medidas realmente afectaran a los consorcios y de que manera se cumplirán, sin embargo, poca atención están recibiendo otros grandes pendientes de la reforma de telecomunicaciones que son puntos necesarios para transitar a otro modelo de comunicación y de servicios.
Me refiero a la poca o nula claridad del gobierno federal para definir cómo se implementarán las líneas programáticas para su tan cacareada Estrategia Nacional Digital (EDN), que hasta el momento no tiene calendario de ejecución, presupuesto por área y encargados de ejecutarlo, así como a la falta de definiciones para lo que será el plan para ampliar la infraestructura de redes públicas de telecomunicaciones para hacer efectivo el derecho estipulado en el artículo 6º de acceso universal a la banda ancha y el internet.
Sobre la transición a la televisión digital terrestre, lo único que ha anunciado el gobierno federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes es que darán aparatos digitales en lugar de decodificadores, aumentando de manera significativa el costo y sin dar mayores explicaciones para tomar esa determinación que se antoja populista, y que muy seguramente supondrá conflictos, pues hay que recordar que en el 2015 cuando debe de darse el apagón analógico en todo el país, estaremos en plenas elecciones intermedias para la renovación del congreso federal y procesos de votación en varias entidades, ¿no será vista la entrega de televisores como una compra del voto?
Tampoco sabemos nada de la supuesta tercera cadena nacional de televisión pública que sería o debería ser el contrapeso a las opciones de televisión comercial y que fue establecida en el artículo 6º de la constitución.
¿Y la ley?
No obstante los retrasos que le comento, ya estamos a más de la mitad del mes de marzo y todavía no tenemos la propuesta del Ejecutivo Federal de iniciativa de ley convergente en telecomunicaciones y radiodifusión, cada vez queda menos tiempo en el Congreso para que esa ley pueda ser lo suficientemente discutida. Cada vez más se ensanchan las suspicacias de si no será una estrategia para aprobar rápidamente una legislación que desnaturalice los principios dela reforma constitucional.
Entre los comentarios que se hacen en radio pasillo es que la iniciativa filtrada por el periódico el Financiero en semanas pasadas es realmente la iniciativa gubernamental, de ser así estamos ante una propuesta que puede representar un significativo retroceso para los derechos informativos y otras libertades.
Mire usted, esa iniciativa da carta abierta para que autoridades que no están en el ámbito judicial puedan tener acceso indiscriminadamente a comunicaciones móviles e internet, le regresa a la Secretaría de Gobernación el control y regulación de los contenidos en radiodifusión, asfixia a los medios de uso social y deja en total indefensión a los medios públicos dejándolos como medios oficiales en la práctica.
Además en términos de la competencia los límites a la concentración son insuficientes y en lo general omite los mecanismos concretos para hacer valer los derechos establecidos en el artículo 6º y 7º, dejando un amplísimo margen discrecional para dar paso a la censura como el que: “No se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del Estado o el orden público”. ¿Quién definirá lo que es contrario al orden público o la seguridad del Estado?
Habrá que esperar a que llegue la iniciativa formal del Ejecutivo, pero de entrada si es muy parecida a la que se infiltró a la prensa, podríamos afirmar que estaríamos ante una contrarreforma, ojalá que no.
Campaña artículo 1º.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, encabezado por Rocío Culebro, lanzó la campaña #Artículo1constitucional, para dar a conocer entre la población, especialmente entre juventud, las implicaciones de este artículo para la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Es una iniciativa muy valiosa que vale la pena apoyar y difundir. Para conocer más sobre esta iniciativa ciudadana y que suscriben más de una docena de organizaciones puede ir al sitio: http://www.articulo1constitucional.mx/
 
Aleida Calleja
@callejag
alieda.calleja@gmail.com