Las autoridades suelen adornar sus discursos diciendo que tienen un profundo compromiso con el respeto al Estado de derecho y que la ley es su marco único de actuación. Pero a la hora de cumplir con la normatividad no parecen refrendar ese discurso.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que toda persona a la que se le impute la comisión de un delito tiene derecho “a no ser expuesto a los medios de comunicación” y “a no ser presentado ante la comunidad como culpable” (ver artículo 113 fracciones XIII y XIV). La Suprema Corte ha expuesto en varias de sus sentencias que la exhibición de detenidos genera un “efecto corruptor” sobre el conjunto del proceso penal, lo que a su vez nos aleja de la búsqueda de la verdad que es el principal propósito de todo juicio.
Pese a la claridad de la norma y la contundencia de la jurisprudencia existente sobre el tema, tanto el gobierno federal como muchos gobiernos de las entidades federativas siguen mostrando imágenes y convocando ruedas de prensa para exhibir a las personas que acaban de ser detenidas.
La vulneración de las normas aplicables es evidente y supone un intento burdo de manipulación de la justicia y de la opinión pública que debe ser denunciado. Con frecuencia se suele presentar a las personas detenidas ante los medios de comunicación como si ya hubieran sido juzgadas y declaradas culpables. Los periodistas repiten (a veces por ignorancia, otras por mala fe, o incluso por otras causas que es mejor no poner por escrito) que se detuvo “a un narcotraficante”, a “un sicario”, a “un secuestrador”. Y la mayor parte de las personas que ve a los detenidos en la televisión o que escucha la noticia en la radio piensa que es así, que esa persona ya es (jurídicamente hablando) un delincuente.
Pero lo cierto es que a esa persona todavía no se le ha acusado de nada formalmente ante un juez; que todavía no se ha desahogado un proceso en su contra, en el que se le haya dado oportunidad a todas las partes de aportar y desahogar pruebas; que no ha tenido el tiempo para promover un recurso de apelación o de amparo. Es decir, que no se han dado los pasos indispensables para que cualquier persona pueda ser considerada (jurídicamente) como responsable de haber cometido un delito.
Ahora bien, pese a que luego de su detención todavía ningún juez ha conocido de una acusación en su contra, la persona exhibida ya fue condenada por un tribunal que no acepta recursos de apelación ni de amparo: El tribunal de la opinión pública.
La manipulación es muy grosera e intenta tratar a los ciudadanos como imbéciles, pero también es bastante efectiva: Se trata de ganar ante el tribunal de los medios de comunicación; se trata de hacer justicia mediática; se trata de que no sean los jueces, sino los periodistas los que dicten la culpabilidad de una persona.
Como es obvio, nada de eso nos acerca al ideal de un Estado de derecho, sino todo lo contrario. Lo que demuestra la exhibición de personas detenidas es la desesperación de las autoridades frente al crecimiento de la delincuencia.
Como saben que no pueden construir acusaciones bien fundamentadas, muchas de las cuales se van cayendo conforme avanzan los juicios (como en el caso de Sandra Ávila Beltrán, la llamada “Reina del Pacífico”; o el caso –un poco más lejano en el tiempo- de “El Michoacanazo”), intentan solamente dar efectistas golpes mediáticos.
¿Hasta cuándo tendremos autoridades que lo único a lo que le dan importancia es a salir en los medios masivos de comunicación y no a hacer bien su trabajo?
¿Hasta cuándo seguiremos dejando que nos manipulen a través de montajes mediáticos, en vez de que las autoridades busquen afanosamente (y con seriedad) la plena aplicación de la ley?