Este 2015 cumpliremos 25 años con autoridades electorales independientes, pero los partidos viven hoy su peor crisis. Desde hace 13 años contamos con el IFAI, pero ahora mismo están en el limbo legislativo reformas clave en materia de transparencia. El Congreso es plural desde hace más de tres lustros, pero se halla muy lejos de ser un contrapeso real del Ejecutivo. Los gobernadores dejaron de ser virreyes y ahora juran pleitesía a Los Pinos. La Corte marginó los grandes temas sobre garantías civiles, y las controversias constitucionales han desparecido.
Desde los últimos años del gobierno Calderón, los cambios en el país se frenaron y la agenda democrática se esfumó en el debate por la inseguridad. Contra lo que asegura en sus memorias, el mandatario blanquiazul no alentó, antes saboteó, las tareas de los órganos autónomos y las entidades que trabajan en favor de la rendición de cuentas. El panismo dio la espalda a los reclamos de transformación política que lo habían llevado al poder en el 2000.
La administración Peña Nieto intentó concentrar su discurso en las reformas económicas, pero la violencia descarriló su apuesta y la corrupción pública, a todos los niveles, agudizó el desencanto ciudadano. Los pronósticos sobre abstencionismo y repudio social en las próximas elecciones son los más graves en 15 años.
Segmentos importantes de la nación dirimen en esta hora si la llamada transición democrática mexicana ya se agotó, si fue sepultada y no nos dimos cuenta, o si presenciamos incluso una regresión, sea por cálculo político del régimen o en busca de soluciones, así estén ancladas en el pasado. México enfrenta el dilema de explicarse y explicar al mundo si tiene o no un compromiso con la democracia. Y si abraza o no el principio de que la única forma de encarar las crisis de una democracia es con más democracia.
Como no parece haber una definición, el panorama político sólo puede describirse en términos de pasmo general.
Ambas cámaras del Congreso federal llegarán al periodo ordinario que inicia el próximo mes con una larga lista de pendientes, pero con los niveles más bajos de consenso de los últimos 10 años. La tensión preelectoral acabará sepultando los débiles propósitos de avances legislativos.
Por lo que se refiere a la agenda democrática, son muy pesimistas las expectativas para sacar adelante las iniciativas de una ley general de transparencia que consolide los tambaleantes avances en este campo. Peores son aún las previsiones sobre disposiciones que se han eternizado para contar con leyes modernas en materia de preservación de los archivos gubernamentales y para ajustar disposiciones que protejan con mayor solidez los datos personales de los ciudadanos.
En el fondo del pozo legislativo, atadas con grilletes, parecen estar las propuestas para establecer un Sistema Nacional Anticorrupción, ofrecido por Peña Nieto en su primer discurso como presidente de la República. El PAN trabajó por meses con expertos en materia de rendición de cuentas y control de desvíos financieros, pero los conflictos internos del panismo derivaron en una iniciativa cuya complejidad torna imposible su aprobación, lo que hace el trabajo sucio al PRI y al gobierno, ansiosos por retirar el tema de la discusión pública.
Los partidos políticos chapalean en una espesa salsa de contradicciones sobre sus compromisos con la sociedad. Cuando han iniciado ya las postulaciones de candidatos para la cita de este año con las urnas, fue ignorada la exigencia social para disponer de declaraciones de bienes o pruebas antidoping de aquellos que pedirán nuestro voto. No se avanzará ni un centímetro en esta ruta. Cero.
Antes al contrario, como lo demuestra Guerrero, los partidos tiene como su prioridad reciclar al mismo tipo de personajes. En ese estado, gracias al PRD y a la apatía de todos los demás, sigue gobernando el defenestrado mandatario Ángel Aguirre Rivero y en los próximos meses veremos emerger a candidatos ligados con el crimen organizado en esa entidad, pero también en Michoacán o en Colima, Tamaulipas y Estado de México.
En este contexto, despertó interés el anuncio del gobierno de Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal, en torno a que él y su equipo presentarían su declaración de bienes. La forma en que lo hicieron, con documentos rasurados, resultó ofensiva y anodina, sin relevancia alguna en el debate social sobre el tema.
La esperanza de reflotar la agenda democrática no parece tener asidero en el escenario actual. El gobierno, el Congreso y los partidos políticos parecen alineados en un entendimiento implícito que no puede traer al país más que horas obscuras.