Durante los últimos 20 años, el Estado mexicano se ha encontrado inmerso en un proceso de construcción y reconstrucción de nuestras instituciones de seguridad. Simplemente recordemos que durante este periodo hemos atestiguado y experimentado la transformación de la Policía de Caminos a la Federal Preventiva, que a su vez se convirtió en la Federal. Ha sucedido algo similar en el ámbito local, reformas y modificaciones de cuerpos municipales y estatales han buscado que los mexicanos contemos con policías capaces, suficientes, eficaces, confiables, íntegros para enfrentar a la delincuencia.
Al mismo tiempo hemos discutido respecto a los distintos modelos policiales y cuáles deberían ser sus funciones sustantivas; desde esta perspectiva, hemos debatido la oportunidad de contar con una policía única nacional replicando el modelo colombiano de la Policía Nacional, mantener el modelo actual y generar un mando único o mixto.
En relación con este tema, en este periodo legislativo se discutirá el dictamen de reforma constitucional aprobado por el Senado que busca atender uno de los 10 puntos que el presidente Enrique Peña Nieto fijó como parte de su estrategia para recuperar la confianza en materia de seguridad, tras los trágicos acontecimientos ocurridos el de septiembre 2014 en Iguala. Recordemos que este rubro forma parte del famoso decálogo anunciado por el presidente debido a la participación de policías municipales de Iguala y Cocula en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y porque se ha intentado responder la gran interrogante de qué tipo de policía queremos y necesitamos en México dado el problema de seguridad en que nos encontramos.
La reforma constitucional —que está en debate— busca definir las características de acreditación necesarias para que una policía municipal pueda mantener las funciones de prevención del delito, reacción, contacto e investigación y bajo qué condiciones mantendrá únicamente las de orden público dejando las otras en la Policía Estatal; expresa cuáles son las condiciones para que la federación intervenga una policía estatal que pareciera encontrarse infiltrada por delincuentes; fortalece las funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) como la agencia certificadora de las diversas instituciones policíacas del país.
Es necesario puntualizar que si bien se trata de una reforma con algunos claroscuros importantes que deben ser subsanados en este periodo, hay una sociedad civil proactiva que trabaja para vigilar el resultado en el interés de que dicha ley permita consolidar las instituciones que necesitamos. Sin embargo, este esfuerzo pareciera que implica remar contracorriente debido a que existe un gran ausente en medio de la discusión que se ha llevado a cabo para hacer frente a la delincuencia y violencia ejercida en el país: la reforma de las instituciones de justicia que va más allá de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
En un país en el cual la investigación del delito es guiada por los agentes del ministerio público y los policías deben actuar bajo su supervisión para llevarlo a cabo, el cuello de botella es evidente. Para muestra simplemente basta con dimensionar que en el fuero común, aproximadamente 9 mil ministerios públicos deben atender 1 millón 501 mil 61 carpetas de investigación y eventualmente guiar a casi 400 mil policías en 2015 en la investigación.
Asimismo hay que considerar que se iniciaron 17 mil 28 carpetas de investigación por homicidio doloso en dicho año y, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) se cuenta con 20 mil 525 registros administrativos de este delito. Si analizamos estos datos considerando que se resuelven por año entre 4 y 5 mil casos, evidentemente existe un amplio porcentaje de impunidad que en cierta forma incentiva que se continúen cometiendo este tipo de ilícitos.
Paralelamente, si consideramos lo que sucede en cuanto al respeto a los derechos humanos en materia de procuración de justicia se puede tomar como ejemplo aquellos del fuero federal donde, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se registraron 761 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) durante 2015. En relación con esta cifra, vale la pena señalar que el 20% fue por hechos violatorios de mayor impacto de las cuales 129 fueron por trato cruel, inhumano o degradante; 20 por tortura; 2 por desaparición forzada o involuntaria de personas; y 1 por privar de la vida a una persona.
En otras palabras, nos quedan claras las deficiencias de las instituciones de seguridad y olvidamos que de poco sirve detener a un delincuente si no habrá alguna forma de sanción que busque inhibir la conducta; de nada sirven las leyes que protegen los derechos de las personas si no hay acceso a la justicia; se vuelve un desperdicio de recursos una reforma del sistema de justicia si las condiciones institucionales no permiten su aplicación.
Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia carecen de sistemas de desarrollo profesional claros, transparente y reales; la formación es en muchos casos de mala calidad o según ocurrencias; se carece de incentivos a las buenas conductas; no hay consistencia en la aplicación de las sanciones a servidores públicos; hay una marcada carencia de recursos humanos y materiales que, en el caso de los sistemas informáticos, asume condiciones críticas y en general las condiciones laborales violan los derechos humanos de personal administrativo, ministerios públicos, peritos y policías de investigación o ministeriales.
Por estas razones no nos sorprende que interponer una denuncia sea una experiencia de revictimización para una víctima; que aparentemente haya procuradurías y fiscalías con políticas institucionales de disuasión de la denuncia; que las denuncias no se transformen en un proceso de acceso a la justicia y construcción de políticas públicas para la reducción de delitos y/o la violencia; que en muchos casos los criterios de clasificación de los ilícitos obedezcan a factores diferentes a los que marca la ley. Por estas razones, lamentablemente no nos sorprenden las violaciones a derechos humanos o al debido proceso ni que la opacidad, corrupción e impunidad sean una constante de este sistema.
Es hora que surja una política de fortalecimiento de las instituciones de justicia para que acompañe los esfuerzos que se están llevando a cabo en materia de seguridad y para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. No podemos continuar esperando que la problemática de seguridad se resuelva sin mejorar nuestras instituciones de justicia. Necesitamos dotar de mayores recursos la procuración de justicia, a la par que se generen contrapesos y sistemas de vigilancia a la aplicación de los mismos; es hora que quien trabaja en una fiscalía general o una procuraduría tenga condiciones laborales seguras, dignas y honorables que lo impulsen a ser un servidor público íntegro.
No hay seguridad sin justicia. No hay justicia sin seguridad. No puede haber respeto a los derechos humanos de víctimas e imputados si no hay respeto a los derechos de los servidores públicos. Por ende, es impensable la reducción de delitos si no se define como prioridad contar con fiscalías y procuradurías capaces de responder a los retos que vivimos en materia de procuración de justicia.
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