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Secretaría sin función pública

Peña Nieto propuso la creación de un tribunal imparcial y una fiscalía anticorrupción cuyo titular sería nombrado por el Senado de la República.

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Escrito en OPINIÓN el

La corrupción es el tema central del debate nacional. Sin embargo, hay que advertir que no existen salidas fáciles. En vista del curso que están tomando los acontecimientos, se corre el riesgo de que se pierda una formidable oportunidad para avanzar en la edificación de una institucionalidad que la erradique. El reciente nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública ha encendido focos de alerta.

 

Hay que advertir que no arribamos a una coyuntura propicia para impulsar una nueva legislación para el combate a la corrupción gracias a la iniciativa de un gobierno que se propuso limpiar la casa de arriba hacia abajo. Por el contrario, que hoy sea un tema central en la agenda política se debe a una reacción instintiva de un régimen que quiere sobrepasar la crisis de credibilidad en la que está enfrascado.

 

La expresión máxima de esta crisis se le conoce popularmente como la Casa Blanca de EPN. Todo comenzó cuando la prensa destapó las transacciones inmobiliarias y créditos de Grupo Higa a la esposa del presidente y al secretario de Hacienda. Esto implica que un contratista del gobierno mexiquense en tiempos de Peña Nieto que a su vez fue ganador en la ya revocada licitación del tren México-Querétaro, otorgó facilidades a funcionarios públicos y a sus familiares para adquirir inmuebles de lujo.

 

Es evidente que este tipo de favores no son gratuitos, sino que buscan influir en quienes tienen la autoridad para otorgar concesiones, permisos y contratos millonarios. Se configura así una situación en la cual el conflicto de interés deja de ser potencial para volverse real.

 

En otros países por menos ya habría culpables y uno que otro detenido. En España la hermana del rey, por más borbónica que sea la sangre que corre por sus venas, está sentada en el banquillo de los acusados por cooperar con los delitos fiscales de su marido. En cambio, la pareja que habita en los Pinos ­–sin linaje muy a su pesar–, no tuvo recato en abrir su Casa Blanca y la de Ixtapan de la Sal a las revistas de corazón y de chismes de la farándula. En efecto, la evidencia estaba inscrita en la banalidad de aquellas páginas y no, como en los pasillos palaciegos aseguran, en una conspiración fraguada por Marcelo Ebrard y orquestada por Carmen Aristegui para desestabilizar al gobierno.

 

La proclividad a exhibir y ostentar el lujo en un país de extremas desigualdades, más que un descuido es producto de la soberbia de quien se sabe intocable y anticipa que sus actos no serán sancionados. Para muestra, ahí está el recientemente exonerado Raúl Salinas de Gortari paseándose y dejándose fotografiar en autos de lujo luego de que un juez determinó que le devolvieran su riqueza. El mensaje provocador de esta postal es que están de regreso.

 

En el escándalo conocido como la Casa Blanca no hubo responsables ni castigos, pero sí una fallida y errática estrategia de control de daños. Al video en el que la primera dama regaña al público por cuestionar su integridad y la de su familia, le sucedió un decálogo por la Paz, la Unidad y la Justicia. Es aquí donde me quiero detener.

 

En el punto número nueve el presidente se comprometió a respaldar el Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas que en ese sentido se discuten en el Congreso. Dentro de los componentes de este nuevo entramado institucional, Peña Nieto propuso la creación de un tribunal imparcial y una fiscalía anticorrupción cuyo titular sería nombrado por el Senado de la República.

 

La única alternativa para asegurar la imparcialidad de este sistema es que sus principales componentes gocen de autonomía constitucional para ejercer sus funciones y no estén subordinados a uno de los poderes del Estado. Es decir, que no sean juez y parte. A ello se había comprometido el presidente desde el inicio de su sexenio. El dos de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública. En este documento firmado por el presidente se plantea la creación de este órgano constitucional autónomo especializado en el combate a la corrupción. Ahí también se establece que la secretaría de la Función Pública desaparecería para transferir sus competencias fiscalizadoras a dicho órgano. Hasta aquí, todo iba bien.

 

No deja de generar suspicacia que en pleno proceso de discusión en el Congreso sobre la reforma anticorrupción que daría vida a este órgano, el presidente haya nombrado a uno de sus incondicionales como secretario de la Función Pública, una cartera que en términos legales no existe salvo en un artículo transitorio. Con este nombramiento, el presidente y su partido con mayoría en las cámaras, echan por la borda lo poco que se había alcanzado. Además, ocurre luego de 26 meses en que esta cartera estuvo sin titular, portando consigo un mensaje encriptado: la reforma anticorrupción murió antes de nacer.

 

Regresamos al punto de partida del cual queríamos distanciarnos: una situación en la cual el presidente designa a su vigilante, quien por lo tanto es su subordinado y cuya permanencia en el cargo depende de su arbitrio. De origen, Virgilio Andrade está condenado a un insalvable conflicto de intereses: Vigilar y en su caso sancionar a quien lo nombró. Aunado a ello, diversos análisis periodísticos destacan su cercanía personal con los sujetos regulados. Carlos Puig define a Andrade como insustituible de Aurelio Nuño, jefe de la oficina de Presidencia; por su parte, Alberto Aguirre relata cómo la relación de algunos integrantes del grupo que hoy detenta el poder fue fraguándose desde sus años como estudiantes del ITAM. Es el caso de la amistad de Andrade con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, nada menos que uno de los personajes involucrados en el escándalo de Grupo Higa.

 

A su cercanía con los sujetos que deberá auditar, hay que añadir el limbo legal en el que se encuentra la extinta secretaría hoy a su cargo. Una de las primeras acciones de la restauración priísta fue limar los colmillos a la Secretaría de Función Pública. El decreto citado unos párrafos arriba, conculcó facultades de fiscalización a esta secretaría y las depositó en cada dependencia gubernamental a través de la creación de unidades de auditoría preventiva. Los responsables de las dependencias tienen la facultad de nombrar a los titulares de estas unidades, reproduciendo así el vicio de que el jefe nombre a su contralor. Además, los perfiles de los supuestos auditores son definidos por la Secretaría de Hacienda, instancia a la que están obligados por ley a rendir dos informes al año.

 

En síntesis, la respuesta del gobierno es una afrenta al creciente reclamo social en contra de la corrupción. Nombrar a estas alturas del partido al titular de una secretaría que en estricto sentido ya no existe, representa un revés para el Sistema Nacional Anticorrupción que se pretendía edificar. Virgilio Andrade encabezará, por tanto, una secretaría sin función pública.

 

 

@EncinasN