Para estrenar la consulta popular, una forma de democracia directa recientemente aprobada en la reforma político electoral, se promueven las primeras iniciativas ciudadanas con preguntas que, de ser aprobadas, se harán a los ciudadanos en las elecciones federales del próximo año.
El Partido Acción Nacional propone se pregunte si la Ley Federal del Trabajo debe establecer que la Comisión de Salarios Mínimos, fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL).
La pregunta es polémica como todas las que tentativamente requieren una consulta popular, es inédita, pues se inscribe dentro de una práctica democrática que por primera vez se va a aplicar en el país. Consultar a la población sobre asuntos de trascendencia nacional y vincular la respuesta mayoritaria, en los porcentajes establecidos, a cambios significativos en las políticas públicas es un avance en la consolidación de nuestro sistema democrático.
Las primeras reacciones de líderes de opinión y especialistas sugieren algunas precisiones en abono al derecho de los proponentes y al beneficio social de la pregunta. En forma y fondo se debe asegurar que esta práctica democrática no sea un ejercicio ocioso o, peor aún, que se reduzca a una maniobra electorera para beneficio de los partidos políticos. En este sentido, la consulta popular es un arma de dos filos, su éxito o fracaso abonaría, respectivamente, al fortalecimiento o al desencanto de los ciudadanos.
Se cuestiona a Acción Nacional por la propuesta, como si la defensa de la economía familiar le fuera ajena, como si el tema de la pobreza tuviera patente de corso endosado a la izquierda. A propósito, fue revelador revisar en ocasión de la presentación de la segunda edición del libro “Así nació Acción Nacional”, los manuscritos de los primeros borradores de principios e ideas programáticas del PAN, ahí se incluye en el numeral siete de un decálogo estructural, la defensa del salario familiar.
Se ha especulado sobre los efectos nocivos de un cambio "por decreto" del salario mínimo, pretendiendo ignorar que el salario mínimo vigente es fruto de un decreto. Con diversos tecnicismos económico financieros se ha reaccionado al bote pronto para descalificar la medida propuesta. Lo que no se ha dicho es que la situación actual del salario mínimo viola flagrantemente la Constitución, no es cierto que, como manda la fracción sexta del artículo 123, el salario mínimo decretado sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.
Hoy se reconoce por analistas internacionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que el salario mínimo decretado está por debajo del umbral de bienestar y al final de la lista de América Latina. Según un estudio de la Organización par la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México está en el último lugar con 67.10 pesos diarios. El CONEVAL, que es la instancia del Estado mexicano para medir el desarrollo social y la pobreza no ha dicho nada; y lo cierto es que el salario mínimo decretado está totalmente desvirtuado, reducido a un indicador económico de referencia e indexado a más de 145 ordenamientos legales que miden su valor con la base "salario mínimo en el Distrito Federal".
En consecuencia es preciso revisar y fijar un salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades de una familia, es decir un salario digno. Desde esta perspectiva ética y política, el salario es un derecho humano fundamental e irrenunciable, también un mandato constitucional. De cara a la realidad y con los números que integran las cuentas nacionales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay evidencia del nivel de deterioro salarial tras las diversas crisis económicas de 1976 a la fecha, equivalente a más del 70%, lo que hace insostenible dejarlo como está.
Durante las próximas semanas se sabrá si se reúnen las firmas para hacer oficial la solicitud de esta pregunta, independientemente de eso, hay ya una exigencia amplia para modificar el concepto y los montos del salario mínimo para hacer congruente nuestra ley suprema con la realidad que aqueja a la mayoría de las familias mexicanas.
Al momento de promulgar las leyes secundarias en materia energética y de cerrar la primera generación de reformas estructurales, antes que festinar, habrá que garantizar su adecuada implementación y el destino social de los recursos que se piensan obtener de las mismas, habrá que asegurar una justa distribución de la riqueza para cerrar en el tiempo la brecha de inequidad que lástima al país, comenzando por el ingreso de las familias y trabajadores más desprotegidos.