Tras meses de deliberaciones y ataques del gobierno federal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no continuará sus investigaciones en México sobre el caso Ayotzinapa.

 

El relator para México de la CIDH, James Cavallaro, informó que “no hay condiciones” para que el GIEI pueda seguir en el país después de este mes, luego de que presente el día de hoy su último informe sobre los normalistas desaparecidos.

 

La posición del Estado mexicano ha sido lamentable. La obstinación de terminar con la colaboración del Grupo y no renovar su mandato es prácticamente dictatorial, sin respetar las múltiples solicitudes de las víctimas para su permanencia, ante la evidente necesidad de llegar a la verdad, continuar con las investigaciones y dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

 

Esta cerrazón gubernamental responde, por supuesto, al trabajo profesional del Grupo que, en tan sólo unos meses de arduo trabajo, contribuyó a derrotar una versión incorrecta, planeada desde el gobierno federal, en donde se afirmaba que los 43 estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. El GIEI demostró la imposibilidad física del incendio y no sólo eso, demostró también las graves fallas en la investigación.

 

Graves fallas y líneas de investigación comprobadamente equivocadas fueron los primeros hallazgos del Grupo, lo que logró la reorientación de las investigaciones y planteó nuevas líneas a seguir. El gobierno, como en cada etapa de este caso, ha sido negligente en las investigaciones e incluso sigue sin cumplimentar las recomendaciones del primer informe, lo que claramente demuestra que la salida del GIEI responde a un rechazo político a las recomendaciones internacionales y no a que su tarea haya sido concluida.

 

Desafortunadamente la falta de condiciones para que el GIEI siga trabajando en México sienta otro precedente de rechazo a las instancias internacionales, que sume al país en una marejada aparentemente interminable de incumplimientos de derecho internacional.

 

Nuestra otrora diplomacia internacional se ha visto reducida a viajes presidenciales en donde el titular del Ejecutivo Federal es recibido con protestas y rechazo por parte de la comunidad internacional, que actualmente sigue reclamando el esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa.

 

Por otro lado, nuevos acontecimientos en nuestro país ponen en evidencia que las recomendaciones internacionales no carecen de fundamento, y que la crisis en materia de derechos humanos que se vive en todo el territorio nacional es una realidad a la que contribuyen agentes del Estado, día con día.

 

Tal es el caso de la tortura a una mujer en Ajuchitán del Progreso, Guerrero, acontecimiento que se diera a conocer a través de un video difundido mediante redes sociales, en donde integrantes de la Policía Federal y del Ejército someten a la víctima con evidentes actos de tortura.

 

Tras reconocer que elementos del Ejército participaron en la agresión, el General Salvador Cienfuegos ofreció el sábado pasado una “sentida disculpa a toda la sociedad agraviada”.

 

El titular de la Sedena incluso lanzó una invitación a la ciudadanía para que denuncien ante la autoridad competente “cualquier acto contrario al cumplimiento de la Ley y al respeto de los derechos fundamentales”.

 

Sin embargo, lo ocurrido en Ajuchitán pone en evidencia que las declaraciones del Relator especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ernesto Méndez, tenían un sólido piso.

 

Ante ello, el relator afirmó que “el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, haya reconocido públicamente que elementos militares torturaron a una persona y que también la Policía Federal haya reconocido esa práctica, es un cambio de actitud del gobierno en materia de tortura, pero aún es insuficiente”.

 

Juan Ernesto Méndez realizó entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 una visita a México que derivó en un informe presentado en marzo de 2015 con cuatro importantes conclusiones, entre las que destaca la primera, que a la letra dice:

 

“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces[i]”.

 

Incluso, señaló en su informe que muchos casos ni siquiera se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe la tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Aún así, el número de denuncias y quejas es muy alto.

 

Aún así el GIEI se va. Aún así el gobierno federal realiza viajes internacionales en donde se afirma que en México todo está bien, que existe la justicia y se respetan los derechos humanos.

 

Mientras no se lleve a la justicia a los culpables, ni se de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas, no habrá disculpa que valga, porque en un país en donde diariamente se violan los derechos humanos de miles de personas, una sentida disculpa no es suficiente.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

[i] Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.



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