De la misma forma, la referencia a la energía renovable estorba en el debate sobre la reforma energética, tal como se desprende del análisis del contenido del paquete de iniciativas presentadas por el Ejecutivo para crear la respectiva legislación secundaria. Incomoda a tal grado el término de “renovables” a los redactores de la iniciativa que crea la Ley Industria Eléctrica, que se vuelcan a disfrazar la intencionalidad de la política energética gubernamental detrás de la referencia más genérica e inofensiva a la “energía limpia”.
En las noventa y dos páginas del documento, las referencias puntuales a la energía renovable se cuentan con los dedos de una mano: en la exposición de motivos se menciona “la interconexión de energía eólica y solar”; la fracción VIII del artículo 3º, la fracción III del artículo 109, así como los transitorios 14º y 15º, refieren de la misma forma a las “fuentes renovables” como una parte de las energías limpias. Eso es todo, un total de cinco menciones. Alguna otra perdida por ahí, pero difícilmente muchas más.
Ejercicio del cálculo lingüístico para no comprometer a la política energética con la generación de electricidad a través de fuentes renovables y ganar margen de maniobra con el impulso a las “energías limpias”. El problema consiste en ¿qué debemos entender caso energía limpia? El artículo 3º omite definir el significado de la energía limpia, aunque en la fracción VIII señala que los Certificados de Energías Limpias son los títulos que permiten acreditar “la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de fuentes renovables o tecnologías limpias”. Por supuesto, tampoco se define que se debe entender por una “tecnología limpia”.
En el fondo es bastante claro: energía y tecnologías limpias serán lo que la SENER determine de acuerdo con las necesidades que defina para cumplir con los objetivos y metas de la política energética nacional. El artículo 11 señala que corresponderá a la Secretaría la facultad de establecer los requisitos obligatorios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias o de emisiones Contaminantes. Mientras que la CRE deberá otorgar los certificados, validar la titularidad de dichos títulos y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la SENER y las obligaciones definidas en los programas sectoriales.
¿Es irrelevante impulsar el desarrollo de la “energía limpia”? Si bajo esta modalidad se garantiza una diversificación de nuestra matriz energética y se reducen emisiones contaminantes o de Gases Efecto Invernadero, entonces representa una opción de política pública cuyas consecuencias de largo plazo es necesario analizar con seriedad. Sin embargo, es difícil ponderar sus beneficios si la calificación de “energía limpia” no se establece con claridad en las leyes y queda a discreción de autoridades. ¿Involucra esta modalidad sólo a las renovables y tipos de tecnología o también a otras fuentes, como el gas natural y la energía nuclear? La incertidumbre aumenta cuando en la exposición de motivos y el articulado de la iniciativa se insiste en el mandato de “suministrar la demanda al menor costos posible” y “fortalecer la capacidad de entrega de las fuentes más económicas”.
Otra razón que invita al escepticismo, es la ausencia de armonización del mandato constitucional con lo establecido en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE). En otras palabras, el paquete de leyes secundarias en materia energética deliberadamente no modifica la LAERTE. Es inevitable preguntarse si la reforma energética realmente trata con seriedad a la energía renovable, cuando el diseño de una nueva modalidad para la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad no incluye una reforma en consecuencia a la LAERTE o integra sus objetivos en la nueva ley marco. De aprobarse el proyecto de Ley de la Industria Eléctrica en sus términos, la LAERTE se convertiría en un marco legal obsoleto y contradictorio con los criterios establecidos en el nuevo modelo abierto a la competencia.
Me parece que el objetivo central de la reforma es la competitividad y la seguridad energética, no impulsar una transición energética a partir de la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables. Por lo mismo no se busca crear un marco legal orientado a impulsar agresivamente la generación de electricidad a través de fuentes renovables. Antes bien, “las energías limpias” son un eufemismo para no hablar abiertamente de la apuesta por el gas natural.
Corresponde ahora a los legisladores deliberar cuidadosamente en torno a los costos y beneficios de esta modalidad, pensar con mayor visión sobre las oportunidades que involucra una transición energética y, en congruencia, ponderar responsablemente el peso que deben tener las renovables (con nombre y apellido) dentro el modelo eléctrico mexicano y, con ello, delimitar el alcance de modalidades vagas y discrecionales como “energía limpia”.
@ja_leclercq