La separación de Reino Unido de la Unión Europea, a la que se suman el alza del dólar frente al peso mexicano y la baja en los precios de la mezcla nacional de petróleo; así como, la volatilidad en la economía mundial han servido de chivos expiatorios para que el gobierno federal trate de enmascarar el deficiente manejo de las finanzas de nuestro país y el naufragio sexenal.
Para solventar la errática administración de las finanzas públicas, el gobierno federal recurre a las añejas prácticas de enmendar sus errores a costa del bolsillo de los mexicanos, anunciado una nueva alza a los precios máximos de la gasolina aplicables a partir de julio. Otro gasolinazo, después de que el gobierno federal había presumido que estos aumentos habían terminado y que con la reforma energética serían parte de la historia.
La gasolina Magna subió 24 centavos, para quedar en 13.40 pesos por litro; la Premium aumentó 34 centavos, para quedar en 14.37 pesos, mientras el costo del diésel se mantendrá sin cambios a 13.77 pesos por litro. Bajo esta lógica podemos advertir que lejos de implementar una política de austeridad, que se nos había prometido, el gobierno federal pretende sanear sus finanzas a costa de los contribuyentes, con el alza en los precios de la gasolina, cosa que también nos prometieron no volvería a ocurrir. Otra mentira, otro incumplimiento.
En este contexto el gobierno federal anuncia un nuevo recorte presupuestal por 31 mil 714 millones de pesos, que suma a uno anterior por 132 mil 500 millones de pesos. El recorte del presupuesto, según lo señalado, es de 8.3% gasto de inversión y 91.7% en gasto corriente.
Las dependencias más afectadas por el recorte son las secretarías de educación pública y de salud con 6 mil 500 millones de pesos cada una, y SAGARPA con 4 mil 205 millones de pesos. Es decir se afectan rubros sensibles en materia social y productiva.
El problema de estos recortes presupuestales, tal y como la ha evidenciado Sunny Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha incurrido en serias inconsistencias en los últimos dos tijeretazos al gasto público, recortando rubros a los que ni siquiera se les había asignado presupuesto, lo mismo que a unidades que no existen.
Las acciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son por demás preocupantes, en primer lugar por la opacidad con que se ha venido manejando el nuevo recorte presupuestal de 31 mil 714 millones de pesos; y en segundo lugar por el impacto social de las partidas afectadas por los recortes, cuando existen otros rubros que pueden impactarse, por ejemplo, en el Presupuesto de 2015 se tenía contemplada una partida para pago de estímulos a servidores públicos de 34 mil 400 millones de pesos, más del equivalente al recorte necesario en gasto de inversión y corriente para este año.
Si bien estamos a favor de un manejo responsable de las finanzas públicas, también es cierto que como ciudadano es indignante que el gobierno federal simule recortar algunos rubros del presupuesto y por el contrario sí afecte partidas importantes para la población y vuelva a los fatídicos gasolinazos. Es necesaria mayor transparencia, austeridad y definición de prioridades en este sentido.
Por otra parte, junto con el recorte presupuestal se mantiene el empecinamiento del gobierno federal en sostener la llamada reforma laboral educativa que ya costó vidas en el país. Recortes, gasolinazos y cerrazón, con tufo de mano dura y represión, confirman el ocaso de la actual administración presidencial y son la receta para que siga el encono en el país. Desafortunadamente nada indica que habrá un viraje en la conducción nacional con los costos sociales, políticos y económicos que ello implica para el país.