En días pasados arrancaron las campañas electorales en cuatro estados del país, incluido aquel en el que crecí: Nayarit. En las últimas semanas las primeras planas de los medios nacionales dieron cuenta del contexto actual que se vive estado y del que deberán hacerse cargo las y los candidatos que resulten electos el próximo cuatro de junio tanto a nivel estatal como municipal y en el congreso local: un alcalde que declaró haber robado nada más poquito, un escándalo por mal manejo y presunto desfalco de recursos públicos en la Universidad Autónoma de Nayarit, posible corrupción y conflicto de intereses en contrataciones de obra pública y, por si fuera poco, un fiscal general presuntamente liado con el narcotráfico.
Cada uno de estos casos resalta la importancia que debe jugar la información pública y de generar los espacios para que la población la utilice para controlar el ejercicio del poder y la corrupción en Nayarit. ¿A qué me refiero? La información pública generada por diversas instituciones estatales y municipales como parte de auditorías u obligaciones de transparencia ha sido determinante para constituir evidencia y denunciar. Varios funcionarios de la administración del alcalde que “robó poquito” y el presunto desfalco millonario en la Universidad son investigados penalmente con base en información del Órgano de Fiscalización Superior estatal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Además, información pública sobre licitaciones y el Registro Público de Comercio estatal permitió a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad rastrear una red de contrataciones de obra pública entre funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del estado, exsocios y parientes.
Tres de estos casos nos muestran que la información pública es un insumo clave para identificar posibles actos de corrupción y el caso del fiscal general revela que la opacidad se mantiene en las designaciones de servidores públicos. Hoy la información pública contribuye a detectar y controlar la corrupción, pero también nos obliga a promover la conjunción de esfuerzos entre autoridades y población para prevenirla.
En Nayarit tenemos un largo camino por andar para prevenir y controlar la corrupción, así lo muestran los resultados de la revisión a la cuenta pública 2015 que la ASF publicó en febrero pasado. Se auditó el cumplimiento financiero con enfoque de desempeño de diversos fondos y subsidios ejercidos por el Gobierno del Estado de Nayarit, la Universidad Autónoma de Nayarit y seis municipios: Huajicori, La Yesca, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic y El Nayar. Para todos los entes auditados, estatales y municipales, se identificaron: incumplimientos en las obligaciones de transparencia, recursos no ejercidos, falta de documentación comprobatoria del gasto, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa y el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal. Hubo un subejercicio por 648.8 millones de pesos e irregularidades con impacto al erario público por 126 millones de pesos.
Todos los casos anteriores evidencian que necesitamos utilizar la información pública disponible para exigir cuentas a nuestras autoridades y denunciar lo que despierte suspicacia. Por esta razón los candidatos a cargos públicos deberían pronunciarse sobre el Sistema Local Anticorrupción y es fundamental que la sociedad civil de Nayarit se involucre en él. El Semáforo Anticorrupción señala que nuestro estado tiene una reforma constitucional satisfactoria en la materia, pero hay una importante área de oportunidad: la reforma solamente considera el aspecto de la investigación y substanciación de las faltas administrativas graves, pero no otorga facultades de sanción a las faltas no graves a las autoridades pertinentes. Por otra parte, el mismo semáforo señala que la Ley del Sistema Local Anticorrupción también es satisfactoria y se ha implementado al 85.48%. Sin embargo, en entre las áreas de oportunidad señala dos fundamentales: que el sistema no integra a todos sus miembros de manera adecuada y que el sistema local de información es demasiado complejo.
Es necesario que la sociedad civil se involucre en el proceso de construcción del Sistema Anticorrupción de Nayarit para fortalecerlo y aumentar la probabilidad de que dé los resultados esperados. En particular, para asegurar que la información pública esté disponible de manera sencilla, que el sistema promueva y facilite la colaboración entre las diversas instituciones involucradas y para exigir que haya capacidad de sanción. En esto será fundamental el proceso de elección del comité de participación ciudadana. Lo deberán integrar personas con probada capacidad técnica y alta reputación y probidad. Estos son aspectos de vital importancia para transformar relación entre la población y las autoridades. Pensar “ellos me representan, pero yo soy quien manda, por lo que vigiaré que cumplan lo que prometieron” y no sólo “ya voté, vuelvo a participar dentro de tres o seis años”. Necesitamos saber quiénes son los servidores públicos responsables y cómo fueron designados, así como vigilar activamente todas sus decisiones. De esta manera, comenzará el proceso para reconstruir la confianza en las hoy vilipendiadas instituciones públicas de nuestro estado y nuestro país.