Hace unos días tuve la oportunidad de tomar un buen café del hermoso y emblemático estado de Chiapas con un buen amigo quien preguntó si en comparación con otros países, la legislación electoral mexicana (haciendo referencia a la federal), estaba lo suficientemente sólida como para enfrentar unas elecciones competidas como las ocurridas en el año 2006, donde la diferencia entre el ganador de la elección presidencial sobre su más cercano competidor fue menor del 1% de los votos emitidos.

 

Mi respuesta fue que la legislación electoral es muy robusta, mucho más que cualquier otro país, tiene temas que el legislador no ha querido terminar de definir y por consiguiente tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los órganos jurisdiccionales en la materia deben tomar parte en el andamiaje electoral e ir estableciendo diversos criterios que luego son impugnados.

 

Ante la pregunta si el tema de repetir un panorama como el ocurrido en 2006 podría pasar, la respuesta es sí. Ya que las elecciones son cada vez más competidas, con mejores estrategias y en donde empiezan a profesionalizarse de forma muy agresiva la forma de hacer campaña, y el 2018 no creo que sea la excepción, al contrario; por supuesto que faltará ver las alianzas (coaliciones) que los partidos políticos definan en su oportunidad, así como la fuerza que lleguen a tomar quienes quieran correr por la pista de las candidaturas independientes. 

 

Pero, supongamos que en 2018 se da una elección competida. ¿El INE podría dar a conocer los resultados de los posibles conteos que lleve a cabo el día de la jornada electoral? Probablemente no, si el resultado se encuentra dentro de los márgenes de error que para dicho ejercicio se haya determinado. ¿El INE podría definir, aunque sea preliminarmente a un ganador a través de su Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)? Probablemente tampoco, si no hay una diferencia clara entre el primero y segundo lugar, tal y como sucedió en el año 2006. A esto hay que recordar que, de acuerdo con la legislación electoral federal, el PREP no es el cómputo de la elección, de tal suerte que ante una elección competida por la Presidencia de la República, por ejemplo, el INE tendría que esperar a que los 300 Consejos Distritales realicen el cómputo distrital el miércoles siguiente al domingo de la jornada electoral, tal cual sucedió en el año 2006.

 

En su oportunidad, expresé algunos comentarios al respecto en algunos foros y recientemente, escribí un libro que publicará el Instituto Electoral del Estado de México, en torno a una colección denominada “Cuadernos de Formación Ciudadana”, donde, de manera breve, expongo que una posible solución que el legislador debería analizar, es la realización de los cómputos distritales el mismo día de la jornada electoral, de tal suerte que con la llegada del primer paquete electoral a la sede del consejo distrital respectivo empiecen dichos cómputos. Por supuesto, esto constituye sólo una vertiente, el asunto créame es mucho más complejo, pero es importante que sea evaluado.

 

En aquél ensayo referí algunas condiciones necesarias para modificar la legislación electoral e indicaba que la Ciudad de México es un referente obligado de análisis ya que su legislación local concentra un esquema así. Aunque advierto claramente que la Ciudad de México no tiene los problemas mayúsculos que significan la planeación, organización y operación de una elección a nivel federal.

 

No obstante, a estas alturas del partido no creo que sea ya posible alguna reforma electoral en este sentido, por lo que en el 2018 bien podríamos repetir un escenario como el de 2006 en donde se ponga a la autoridad electoral en aprietos no por un mal desempeño institucional, sino porque no se acaba de comprender, por parte del legislativo, que en nuestro país las elecciones son cada vez más competidas y que las reglas del juego deben de cambiarse pensando en la posibilidad de elecciones competidas y en la interposición de un cúmulo importante de medios de impugnación, aunque este es otro gran tema. 

 

Seguir con una legislación que, al menos en este aspecto ha quedado rebasada, puede ocasionar serios problemas al sistema político electoral en nuestro país, pero sobre todo un problema de legitimidad para las autoridades electorales, para los partidos políticos y candidatos y, por supuesto, al candidato que, de ser el caso, haya ganado las elecciones. Al final el juez electoral, es decir, el ciudadano podría seguir perdiendo interés en participar en elecciones tal cual ha sucedido y lo que se busca es justamente que el ciudadano acuda de manera masiva a participar en estos ejercicios democráticos.

 

@fdodiaznaranjo

@OpinionLSR


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