Parece broma, pero no lo es, la Cámara de Diputados con tremendo impudor aprobó el pasado 21 de febrero con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 votos en contra de los partidos Morena y PRD, otorgar a los patrones la facultad para aprobar la actualización de las tablas de enfermedades y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo.

 

El dictamen que reforma los artículos 513 y 515 y adiciona el artículo 515 bis de la Ley Federal del Trabajo faculta al presidente de la República, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dar a conocer por medio del Diario Oficial las tablas de valuación de incapacidades permanentes siempre y cuando exista aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 

El Presidente de la República o el secretario de Trabajo, se les convierte con éste dictamen en una especie de sirvientes de las Cámaras Patronales para que ellos decidan la forma y cómo de la actualización de las tablas de enfermedades y valuaciones a las incapacidades permanentes.

 

En ningún otro país del mundo los patrones tienen tantas canonjías. Aquí se les pregunta cómo quieren que se les sancione y si están de acuerdo sobre el tipo de enfermedades o riesgos que pueden considerarse de trabajo, a pesar de ser ellos los responsables de los ambientes y condiciones de trabajo.

 

Permitir a los patrones que cometen constantes infracciones de salud en el trabajo y además puedan decidir sobre los riesgos de trabajo, es como consentir que un delincuente pueda resolver si la falta cometida por él se considere un delito o no y hasta permitirle si está de acuerdo con la penalidad, en años, meses o días de prisión a que se le deba condenar.

 

Será como dar un cheque en blanco a los patrones para que ellos lo llenen a su gusto. Seguro que la cantidad que tratarán de imponer será la más baja o ninguna si es posible.

 

La Cámara de Diputados, con este bodrio de dictamen, renuncia a su derecho a legislar sobre leyes de trabajo como lo exige el artículo 123 Constitucional en su segundo párrafo cediéndolo a un “Consejo Consultivo”, que no tiene nada de consultivo sino impositivo, conformado por líderes de los sindicatos (en su mayoría) serviles y de representantes de organismos patronales.

 

Es permitir que un solo poder, el ejecutivo, concentre dos poderes a la vez, el que representa él y el legislativo, y los más grave cediendo ese derecho constitucional a la patronal que tiene conflicto de intereses.

 

Esta concesión a los patrones se da cuando los trabajadores se enfrentan a las mayores penurias para que les sean reconocidos sus riesgos y enfermedades profesionales. Tanto el IMSS como el ISSSTE tiene la política de no reconocer los riesgos de trabajo o de imponer el porcentaje más bajo, obligando a los trabajadores a cargar con juicios muy tardados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que les reconozcan sus derechos.

 

El dictamen para beneficio patronal está en el Senado de la República y es la oportunidad que esta instancia lo regrese a la Cámara de Diputados para que enmendé su error.  No se pueden permitir tantos retrocesos a la Seguridad Social.

 

@Manuel_FuentesM

@OpinionLSR

 

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