Decíamos hace dos semanas que el manantial programático de la administración Peña Nieto no da más de sí. Pusieron todos los huevos en la cesta de las reformas económicas y educativas, y ya nos están diciendo los voceros gubernamentales que los frutos de las mismas sólo podrán ser cosechados más allá de 2018 (si es que lo son). Frente al hartazgo ciudadano con el robo sistemático de las arcas públicas, el presidente podría dar ejemplo en la lucha contra la corrupción y obligarse a sí mismo y a todos los altos funcionarios de su administración a publicar la declaración 3 de 3, pero no parece que este tipo de comportamientos ejemplares formen parte ahora mismo de la agenda de Los Pinos.
Lo que le queda a Peña Nieto es asegurar la sucesión y entrarle a la guerra contra el narco. Lo primero para garantizar la gestión de su legado (tanto legal como intelectual) y lo segundo, por paradójico que parezca, para elevar un poco las deprimidas cifras de aprobación presidencial. En este sentido, conviene recordar que Felipe Calderón dejó el poder con unas cifras de apoyo por encima del 60 por ciento (según datos de Parametría). Numerosos analistas dirán que este apoyo fue “a pesar de” su desastrosa gestión de la violencia criminal. Lo que defiendo aquí es que quizás su buena valoración popular fue también en parte “gracias a” su particular guerra contra los cárteles.
La Encuesta Nacional sobre Violencia Organizada (ENVO), levantada por Andreas Schedler en 2014, es una herramienta indispensable para los estudiosos del tratamiento dado por la opinión pública al asunto de la violencia criminal. Además de baterías de preguntas sobre las causas o las dinámicas de la violencia, la encuesta incluye dos muestras: una para élites y otra para ciudadanos. Cuando se realizó la encuesta estaba reciente la gestión de Calderón y era ya común entre las elites pensantes acusar a Calderón de ser en gran parte culpable de haber intentado apagar un fuego con gasolina. A pesar de este consenso opinológico, tan sólo el 3 por ciento de los encuestados culpaban a Calderón de ser el causante de la oleada violenta.
Además, un 26 por ciento de los encuestados consideraba que la gestión de Calderón para contener la violencia había sido buena, con un 38 por ciento en contra y un reseñable 31 por ciento que no la veía ni bien ni mal. De todas las instituciones valoradas en la encuesta, sólo la Marina, el Ejército y la Policía Federal recibían valoraciones más positivas que la de la administración Calderón.
Y esto no es todo. Si sumamos las valoraciones positivas con las indiferentes, observamos que entre los seguidores tanto del PAN como del PRI estaban sobrerrepresentados aquellos que no valoraban negativamente la gestión calderonista de la guerra contra el narco. Ahora bien, este resultado no se mantiene para las élites entrevistadas, ya que sólo entre las élites panistas dominaban las opiniones neutras o favorables. Al contrario, las elites priístas y perredistas entrevistadas mostraban un rechazo mayoritario a Calderón. Este resultado apunta a que la estrategia de seguridad interna de Peña Nieto, consistente en seguir la guerra pero ocultándola, parecería responder más a un compromiso dentro de la elite priísta que a una creencia sólida en el fracaso de las políticas de la administración anterior.
Me interesa un último resultado extraído de la encuesta. Si cruzamos el recuerdo de voto en la elección presidencial de 2012 tanto de élites como ciudadanos con su valoración de la gestión de la guerra contra el narco de Calderón, encontramos dos obviedades y una sorpresa. Las obviedades son que los que estaban muy en contra de Calderón votaron más por AMLO, mientras que los que estaban a favor o eran indiferentes votaron más por Josefina Vázquez Mota. La sorpresa es que Peña Nieto cosechó ligeramente más votos entre los que no veían con malos ojos la guerra contra el narco de Calderón.
Cerremos el círculo. La Presidencia de Peña lo apostó todo a la economía y le apagó el foco a la guerra contra el narco, pero esa apuesta fracasó. La violencia criminal va en aumento (algunos analistas calculan que 2016 será el año más violento de la última década), con su corolario de una creciente sensación ciudadana de mayor victimización. A esto hay que añadir que asociaciones de la sociedad civil y organismos internacionales no dejan de denunciar las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
En su política de control de daños, el presidente ha multiplicado su participación en actos militares para apoyar a las tropas, pero a la vez también ha reiterado su petición al Congreso para que legisle la participación del Ejército en la seguridad interna. Las recientes declaraciones del secretario de la SEDENA, General Cienfuegos, son un ataque directo a la estrategia peñista: con leyes que aten las manos de las tropas, el ejército no está dispuesto a participar en la pacificación interna. Por eso a Peña no le queda otra que renunciar al control civil sobre el Ejército, demostrar su autoridad dentro del gabinete y entrarle con todo a la lucha contra el narco. Por intrigante que parezca, reforzar las políticas pirómanas contra el narco podría, en primer lugar, enjuagar un poco la nefasta valoración de la gestión presidencial; segundo, obligar a los candidatos de izquierdas a posicionarse sobre un tema en el que se sienten perdedores ante la opinión pública; y finalmente, desafiar al secretario de gobernación a que demuestre si es capaz de resolver un problema que también en parte ayudó a crear. Tres pájaros de un tiro presidencial.