En cinco meses de 2017, han sido asesinados seis periodistas en cuatro distintas entidades del país.

En ningún caso, la investigación oficial ha llevado a la detención y el correspondiente proceso penal contra los presuntos responsables.

En todos los casos, los gobernadores de Morelos, Veracruz, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa permanecen en silencio, como si no tuviesen ninguna responsabilidad política e institucional en el crimen de los periodistas.

En todos los casos, el ataque a los informadores ha servido para que un sector bien identificado de la prensa mexicana exija al gobierno federal el fin de la violencia contra los periodistas, como si la vida de los informadores debiera ser cuidada por el jefe del Ejecutivo.

Sin duda, que es muy grave y cuestionable, por donde se quiera ver el asesinato de un periodista. No se diga el crimen de seis periodistas en los primeros cinco meses del año o los más de 100 periodistas asesinados en México en lo que va del siglo

Tampoco hay duda de que en México el oficio periodístico es de alto riesgo y que ya sean políticos, servidores públicos, empresarios o el crimen organizado, son muchos los sectores que creen que matando a un periodista se acabará la crítica; que suponen que la muerte es el fin de la crítica, de la investigación o del periodismo.

En efecto, con cada periodista asesinado se consigue sembrar una buena dosis de terror entre la sociedad, en general, y entre los periodistas en particular.

En efecto, hay estados de la república en donde el periodismo prácticamente desapareció, pero también es cierto que las partes no son el todo. Es decir, que a pesar de que en estados como Veracruz, Chihuahua y Sinaloa, no hay prensa libre, la información que se genera en esas entidades no deja de llegar al resto del país.

Dicho de otro modo, que la respuesta de los profesionales de la información al crimen, al asesinato de periodistas, a la siembra de terror y a la compra de conciencias, no está en la realización de marchas, plantones y paros. Tampoco en mentadas de madre al gobierno federal o los gobiernos estatales. No, la respuesta es elemental. Primero la rigurosa aplicación de la ley, la participación de los mecanismos de protección institucionales a periodistas y el seguimiento puntual por parte del propio gremio periodístico de las investigaciones del caso.

Segundo, más investigación, más crítica, más trabajo periodístico y más mecanismos de seguridad para cada uno de los informadores; mecanismos como el trabajo bajo seudónimo, la investigación a través del uso de las tecnologías, la preservación de la vida privada y, en general, la adopción de los estándares internacionales del periodismo de alto riesgo.

Periodistas como Javier Valdez, lo retrataron en un libro que ya es clásico: “Narcoperiodismo”, quien en ese trabajo expone los avatares, las dificultades, riesgos y costos del trabajo especializado en violencia y crimen.

En efecto, existe una gran responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano, todas, en la garantía de la vida y la preservación de los bienes de los ciudadanos en general, de los periodistas entre ellos, pero también es cierto, que se trata de una responsabilidad de toda la sociedad.


la exigencia y el ya basta por la muerte de los periodistas debe ser a la sociedad entera.

Es decir, que en tanto trabajo social, el propio Javier Valdez se quejó en más de una ocasión de que el trabajo y la vida de los periodistas poco o nada  importa a la sociedad en general y a la autoridad, en especial.

Por eso, la exigencia y el ya basta por la muerte de los periodistas debe ser a la sociedad entera.

Por eso, la respuesta debe ser más periodismo, más investigación y más critica.

Y es que, pueden matar a muchos periodistas pero no los pueden matar a todos.

Al tiempo.

@RicardoAlemanMx

@OpiniónLSR

Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información