Sobran motivos para explicar el enojo de la ciudadanía en este inicio de año que se avizora aún más difícil que 2016 -la tradicional cuesta de enero se está convirtiendo en una pronunciada pendiente-, y no se trata únicamente del aumento en el precio de la gasolina y en las tarifas por el consumo de energía eléctrica que previsiblemente traerán consigo consecuencias inflacionarias que afectan de manera directa a la ya de por si muy deteriorada economía de las familias mexicanas.
A ello hay que sumarle la situación general del país en materia de inseguridad, violencia, violaciones a derechos humanos, empleo, desigualdad social, así como la insatisfacción con la calidad de los servicios públicos que recibimos a cambio de nuestros impuestos y el creciente desprestigio de la clase política que ha sido poco sensible a los problemas y preocupaciones de la sociedad y por el contrario se muestra cada vez más lejana.
No hay forma de entender que, mientras la gente hace un verdadero esfuerzo por salir adelante, se empeñen en conservar privilegios que distan mucho de ser proporcionales a su desempeño y a los resultados que dan, eso sin tomar en cuenta las ofensivas fortunas que algunos acumulan al amparo de sus cargos con gran impunidad.
La ciudadanía está cansada de la incompetencia, de los abusos, de las palabras vacías de contenido y del engaño. Recordemos tan sólo que a principios de 2015 el Presidente Peña Nieto anunció que con la reforma energética ya no subiría el precio de la gasolina, y ayer intentó justificar la medida a través de un errático mensaje en el que omitió decir que una buena parte del incremento no es producto de la liberación de precios sino de un impuesto especial (IEPS).
La irritación social está mas que justificada y es una buena noticia que poco a poco se ha ido superando esa apatía que por décadas nos caracterizó como sociedad que cada vez se torna más demandante y activa. Sin embargo, es importante que la inconformidad se canalice de manera adecuada y responsable -que no complaciente- y que todas las acciones que se lleven a cabo persigan objetivos claros acompañados de una estrategia inteligente pues de lo contrario no tendrán eficacia e incluso pueden ser contraproducentes y terminar beneficiando a otros intereses.
Por ejemplo, no encuentro mucho sentido al cierre de carreteras y vialidades que en realidad afectan a quienes van al trabajo, a la escuela o al médico, a la toma de gasolineras -que nada tienen que ver en el aumento a los precios-, y mucho menos a los saqueos en tiendas de autoservicio que constituyen actos vandálicos.
Por otra parte habría que preguntarse quién está detrás de los rumores mediante los cuales se pretende provocar pánico entre la población para que no salgan de sus casas. No debemos permitir que se imponga la sin razón o que nos manipulen quienes ni siquiera se esconden en el anonimato. Lo peor que nos puede pasar en estos momentos es que se desborden los ánimos, se multiplique la violencia y se paralice la economía. Hay que convocar a la acción colectiva pero de manera pacífica, sensata, responsable, asertiva. Busquemos otras formas de protesta, de exigir al gobierno y hacerle sentir el peso de la sociedad.