El domingo pasado arrancaron las campañas federales y en un par de semanas más iniciarán las campañas locales. Se acerca el momento de acudir a las urnas, o bien de dejar de hacerlo, ya sea por desidia o por convicción propia.
En semanas pasadas escuché una entrevista que la periodista Carmen Aristegui hizo a Javier Sicilia sobre el movimiento que encabeza para llevar a cabo un boicot electoral con miras a los comicios de junio próximo. ¿A qué vamos a las elecciones? decía Sicilia, “si estamos en un parteaguas civilizatorio, es como si creyéramos que el sistema de las elecciones es eterno, y no, estamos en una crisis, son modelos históricos que nacieron y como modelos históricos y humanos, terminan por caer, como el imperio romano”.
Mientras escuchaba la entrevista me vino a la mente la campaña del voto nulo del año 2009 que tenían como eslogan “yo anularé mi voto”, como forma de protesta ciudadana contra la clase política. En aquel entonces tenía dudas sobre los efectos y utilidad del voto nulo, pero me parecía una propuesta sensata y congruente con los fines que buscaba, es decir mandar una señal clara y bien definida del hartazgo ciudadano y de la necesidad de cambios en la forma de gobernar a la clase política en general, y en particular a quienes entonces iban a ser electos para un cargo de elección popular.
Hoy a casi cinco años de distancia, estoy plenamente convencido de la poca o nula efectividad de la anulación del voto en el sistema político mexicano como mecanismo de protesta, y especialmente para las elecciones que tendrán lugar este año. Más aun, tomando en cuenta el contenido de las normas electorales que están vigentes, el voto nulo lejos de afectar, favorece a todas las fuerzas políticas por igual, y puede ser un factor determinante para que los partidos políticos que se constituyeron recién el año pasado, conserven su registro.
Para empezar habría que distinguir entre el abstencionismo y la anulación del voto. En el primero caso, la gente simplemente no acude a votar; mientras en el segundo, el ciudadano se presenta a las urnas con la intención de inutilizar su boleta electoral, para que ese voto no sea válido para ningún candidato o partido político, ya sea marcando varias opciones incompatibles entre sí, escribiendo algún mensaje en particular, votando por algún candidato no registrado oficialmente, o bien depositando su boleta sin marcar opción alguna.
Si revisamos las estadísticas electorales en México, podremos advertir claramente que en las elecciones intermedias se registra un mayor porcentaje de votos nulos que en las elecciones presidenciales. De acuerdo con datos publicados por el INE, en promedio, el porcentaje de votos nulos de las elecciones intermedias que tuvieron lugar en los años 1991, 1997, 2003 y 2009 fue de 4.1%; mientras que en las elecciones presidenciales de 1994, 2000, 2006 y 2012 de 2.6% respecto del total de votos emitidos, respectivamente.
La elección intermedia del año 2009 marcó un parteaguas importante en la historia de las elecciones recientes, ya que se registró el mayor porcentaje de votos nulos de los últimos dieciséis años con 1,867,729 sufragios anulados, lo que representó un total del 5.4% de votos nulos respecto del total emitido. Sin duda alguna, ese gran porcentaje votos nulos se debió a diversos factores, entre los que destacan la indignación de la población respecto del desempeño de sus gobernantes, y las campañas promovidas por algunos académicos y organizaciones civiles que presentaban al voto nulo como un mecanismo de protesta efectivo y pacífico.
José Antonio Crespo, académico del CIDE, y una de las cabezas más visibles de ese movimiento, ha manifestado en diversas ocasiones que el voto nulo en una magnitud suficiente, sí puede constituir un mecanismo de presión para el sistema político y emitir una protesta visible y ruidosa contra todos los partidos por igual.
Sin embargo, después de las elecciones del año 2009, y de la extraordinaria cantidad de votos nulos registrados en esos comicios, no hubo prácticamente ninguna consecuencia política de relevancia. El propio Crespo refiere como una posible consecuencia, la tímida reforma electoral que se llevó a cabo con posterioridad, y que él mismo identifica como demasiado delgada o blanda.
Por otra parte, el voto nulo tampoco tiene consecuencias jurídicas directas, ya que las normas electorales no contemplan ningún mecanismo para distinguir entre los votos nulos accidentales y los intencionales, y por lo tanto desde un punto de vista legal, anular el voto es lo mismo que no ir a votar.
Bajo las reglas electorales actuales, el voto nulo incluso puede beneficiar a todas las fuerzas políticas por igual, ya que para conservar el registro como partido político, obtener financiamiento público, acceso a radio y televisión, y para la asignación de diputados de representación proporcional se considera la votación válida emitida, y no la total emitida.[1] Esto es muy importante, ya que la votación válida emitida no toma en cuenta los votos nulos, ni los de los candidatos no registrados, lo que quiere decir que el voto duro de los partidos terminaría por definir la elección.
A diferencia del caso mexicano, en otras legislaciones electorales, por ejemplo en España, Colombia o El Salvador sí existe la figura del voto en blanco. El voto en blanco es válido y se toma en cuenta para el reparto de escaños que se distribuyen entre los partidos políticos, y éste dificulta el acceso de las fuerzas políticas a cargos de elección popular.
En nuestro país no existe la figura del voto en blanco; sin embargo previo a la reforma electoral del año pasado se contemplaba como causa de pérdida de registro de un partido político, el no haber obtenido al menos el 2% de la votación emitida en las elecciones federales.[2] Lo cual significaba que a mayor número de votos nulos, mayor dificultad para los partidos políticos de conservar su registro, sus privilegios y prerrogativas. Actualmente ya no existe dicha disposición, y los votos nulos, lejos de dificultar el acceso de los partidos políticos al poder, favorecen las condiciones para desplegar el voto duro de sus militantes.
En ese sentido, la efectividad del voto nulo como mecanismo de protesta es metafísica, ya que el sistema electoral mexicano no contempla consecuencias ni legales ni políticas para éste.
Sin duda alguna, como sucede después de cada proceso electoral, se tendrán que replantear diversos aspectos del sistema electoral. Sin embargo, me parece que el enfoque para este tipo de temas debiera estar acompañado de mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto de las acciones de los gobernantes, y de instrumentos legales adecuados que permitan a la ciudadanía llamar a cuentas a quienes nos representan.
Mientras tanto me parece que dadas las condiciones políticas y legales de nuestro sistema electoral, para quienes estamos interesados en la cosa pública, y en este país, resulta más razonable hacer valer nuestro voto que anularlo o abstenerse de acudir a las urnas. Tal y como lo decía el filósofo griego Epicteto en su tiempo: “El hombre sabio no debe abstenerse de participar en el gobierno del Estado, pues es un delito renunciar a ser útil a sus compatriotas, y una cobardía cederle el paso a los indignos”.
[1]Ver artículos 41 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 94 fracción I inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.
[2]Artículo 101 párrafo I, inciso b) del Código