El pasado 16 de abril fuimos testigos de un nuevo intento por parte del presidente y los gobernadores por proteger la libertad de expresión y la vida de los comunicadores en México, luego de que los asesinatos de Javier Valdez y Jonathan Rodríguez reconfirmaran que nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Todo esto sin escuchar a los directamente afectados de las fallas del Estado por proteger la libertad de expresión; en la reunión no se contó con la participación de periodistas o activistas en materia.
La ausencia de estas voces, pone en evidencia la falta de sensibilidad por escuchar las necesidades y riesgos a los que se enfrenta este gremio a raíz de la crisis nacional de seguridad humana y cómo se repiten una y otra vez las mismas acciones para resolver problemáticas específicas y cambiantes.
Lamentablemente, esto sucede en un año en el cual por lo menos 7 periodistas han perdido la vida sin que se logre apreciar un compromiso genuino de las autoridades que vaya más allá de las declaraciones políticas y las posturas oficiales".
Una vez más se está buscando resolver temas sustantivos de seguridad y justicia por decreto más que combatir los factores sustantivos que mantienen viva esta crisis: combatir la corrupción; debilitar los recursos financieros de los grupos delincuenciales; utilizar y ejercer adecuadamente los recursos económicos, humanos y jurídicos en las secretarías de seguridad pública, direcciones de policía municipal, fiscalías y procuradurías de todo el país.
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó un estudio titulado Homicidio: una mirada a la violencia en México en 2014. En dicha publicación, analizamos el comportamiento de este fenómeno durante los últimos 20 años a partir de diversas tipologías propuestas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) particularmente relevantes desde una perspectiva de prevención criminal.
En el estudio se desagrega el comportamiento nacional, estatal y municipal de 1997 a 2014 del homicidio doloso y culposo. Además se analizó la correlación de ilícito con el robo de vehículo; la respuesta institucional en relación con los robos o secuestros con resultado de homicidio; lo que ha sucedido en torno a los homicidios cometidos en centros penitenciarios; los homicidios de periodistas y activistas sociales; los feminicidios; los hallazgos de fosas clandestinas así como el procesamiento y sistematización de los restos localizados; las capacidades forenses y periciales de las instituciones de procuración de justicia del país; y, por último, se abordaron los costos sociales no monetarios de este delito de alto impacto. Esta perspectiva analítica nos permitió identificar lo siguiente:
· Hay elementos que permiten poner en duda la solidez de la estadística oficial en materia de homicidio. Por lo menos en dos entidades, Estado de México y Nayarit -en donde se celebrarán próximamente comicios electorales- se reportó un comportamiento atípico de los registros de homicidio doloso y culposo. En el caso del Estado de México se trata de un comportamiento casi paralelo de estos dos delitos que no guardan relación causal, mientras que en el caso de Nayarit destaca el proceso de reducción anormal de este ilícito.
· No existe información sistematizada respecto al hallazgo de fosas clandestinas ni de los restos humanos encontrados en estas en nuestro país.
· Se han incumplido un serie de acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), ya sea en relación con el tratamiento homologado forense, de actuación e investigación en materia de feminicidio, de protección a periodistas y activistas sociales o bien de la implementación del software de la base de datos ante mortem / post mortem, entre otros.
Las instituciones de seguridad y justicia carecen de los elementos mínimos para prevenir e investigar el delito en términos de capacitación, equipamiento e infraestructura".
· La tan presumida colaboración interinstitucional rara vez funciona, inclusive entre áreas de las mismas instituciones gubernamentales.
· La atención a víctimas se caracteriza por criminalización y revictimización del sujeto pasivo del delito, lo cual hace prácticamente imposible el acceso a la justicia, la reparación del daño y el respeto de sus derechos humanos.
· Los discursos políticos rara vez se transforman en voluntad política por lo que la revictimización e impunidad se tolera o incluso impulsa desde la misma cúpula institucional.
· La incidencia de homicidios en México está generando una serie de costos sociales no monetarios que van desde la orfandad hasta la pérdida de meses o años de esperanza de vida.
Desde esta óptica, si analizamos el homicidio de periodistas, la primera dificultad a la que se enfrenta una víctima es que se le reconozca la calidad profesional de periodista, para luego poder demostrar que el riesgo es resultado de su actividad profesional. Es común que muchos casos se desestimen, que la investigación se sesgue, se criminalice a la víctima y se les tache de ludópatas, sexualmente promiscuos, adictos a alguna sustancia o cuanta más conducta de riesgo puedan señalar con tal de negar la responsabilidad e incapacidad de investigar seriamente el delito.
Difícilmente podrá haber efectividad en la investigación si lo que se busca es deslindar al Estado de toda responsabilidad, difícilmente se podrán reducir los índices de impunidad en el país, más si se considera que este tratamiento no se le reserva exclusivamente a los periodistas sino que se le da a muchas otras víctimas en el país, mujeres, niños, migrantes, entre otros.
Los tiempos para reuniones de emergencia entre el presidente y los gobernadores ya debieron de haber quedado atrás.
Es evidente que lo que actualmente necesitamos es que escuchen a las víctimas pero más aún que den soluciones, empezando por implementar cabalmente la ley, que combatan la corrupción, que dejen de desviar recursos públicos a campañas electorales, que dejen de permitir la dolorosa impunidad que nos ha arrebatado miles de vidas...".
Esto se lo debemos a los más de 30,000 desaparecidos, a las más de 2,000 víctimas mensuales de homicidio reconocidas por la autoridad, a las más de 100 víctimas mensuales por secuestro, a las más de 10,000 víctimas mensuales de robos con violencia.
Es fundamental entender que estos niveles de violencia no son normales y tampoco deben ser tolerados. Asimismo tampoco es normal que a una víctima se le responsabilice por su homicidio, secuestro, robo, violación, lesión; y, es aún menos normal que no pase nada y que nadie se responsabilice de que haya transcurrido más de un década de violencia en México.
Es hora que desde el presidente hasta los gobernadores reconozcan su incapacidad de garantizar la seguridad de los mexicanos y empiecen por acciones de sustancia que lleven a mejorar las condiciones de un país que aspira al desarrollo y liderazgo internacional.
