No todos los Poderes de la Unión consideran moral la reducción de sus salarios. No así los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes han señalado que reducir sus sueldos es inconstitucional (Animal Político, febrero 10, 2017).

 

Esta reducción se presentó como consecuencia del aumento en el costo de las gasolinas, en el que las dependencias del Ejecutivo Federal tuvieron que hacer ajustes en el techo de recursos aprobado por el Congreso, para ser ejercido en este ejercicio presupuestal.

 

Esto compromete el gasto corriente, y específicamente en viáticos, gasolina, servicios personales de donde se desprende la contratación externa de consultorías y asesorías, el pago de telefonía celular, comidas de trabajo, así como un recorte del 10% al salario servidores públicos de primer nivel y la reducción en programas sustantivos del gasto de inversión. Las reducciones que han sido sujetas las dependencias del Ejecutivo Federal, varían entre el 30 y 50%.

 

Es una desafortunada declaración, cuando en el desempeño de sus funciones, ya sea en sus opiniones, resoluciones y controversias constitucionales, invocan criterios históricos, políticos, económicos y sociales e incluso, algunos de ellos morales.

 

Cuando invoca criterios históricos, estos permiten conocer los antecedentes por los cuales, la autoridad resolvió en tal o cual sentido, de acuerdo a las normas, principios de derecho o la costumbre, que se despeje en el momento histórico en su aplicación.

 

Las razones políticas despejan las dudas sobre la conducta de los gobernantes, de acuerdo a las normas o circunstancias de los demás actores políticos, siendo contrastados con el derecho.

 

Los criterios económicos aportan luz sobre el modelo o funciones matemáticas que tuvo el legislador, para incorporar tal o cual formula en la aprobación de alguna imposición o derecho.

 

Es un ejemplo poco moral que invoquen el artículo 94 constitucional, bajo el pobre argumento que el sueldo de los magistrados de la Corte, magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, “no podrá ser disminuida durante su encargo”.

 

Es un despropósito también que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan adquirido camionetas nuevas, como una muestra del desinterés y la frivolidad con la que llegan a impartir justicia.

 

Esto hace evidente que no todos los Poderes de la Unión tienen claro la gravedad de los ajustes presupuestales, como consecuencia del aumento al costo de la gasolina, lo que denota que el Poder Judicial de la Federación es un órgano jurisdiccional comparable con los de países de primer mundo, al que parece que no le interesa en lo más mínimo la economía del país.

 

Un Poder Judicial Federal de primer mundo que este año gastaría 5,488 mdp de presupuesto (unos 275 millones de dólares), pero con una producción de tan sólo 136 mil sentencias, en contraste con los 33 millones de delitos producidos en 2014 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2015); un Poder Judicial cuestionado al que llegaron como Ministros, personajes con unas 250 mil firmas u otros sin carrera en el Poder Judicial de la Federación y en contra de su designación y que rompe con la tradición de pertenecer a la función jurisdiccional de carrera y poco abona a la función jurisdiccional y de impartición de justicia.

 

Por último, un Poder Judicial de la Federación separado de los principios de austeridad y alejados de “consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía” a que se refería uno de sus Ministros Presidentes: Benito Juárez.

 

@racevesj

@OpinionLSR

 

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