Han pasado tres años de que se publicó la reforma constitucional por la cual se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, y se ordenó al Senado que, por única ocasión, nombre a su titular para un periodo que concluye el 30 de noviembre de 2018.
Después de varios intentos fallidos, apenas la semana pasada se llevaron a cabo las comparecencias de los aspirantes que se registraron al proceso convocado por la Cámara de Senadores, y el comité de acompañamiento ciudadano propuso los nombres de quienes consideró cumplían con el mejor perfil para ocupar el cargo -dentro de los que no había mujeres-. Todo ello en medio de una fuerte discusión sobre la pertinencia de realizar en este momento el nombramiento o posponerlo una vez más, dado que las facultades de la Fiscalía están muy acotadas y sólo faltan 20 meses para que termine el periodo establecido en el régimen transitorio de la reforma.
No perdamos de vista que las expectativas generadas son muy altas, y pudiera ser incluso contraproducente nombrar a un Fiscal con un margen de acción muy limitado, sobre todo cuando apenas tendrá tiempo de construir el andamiaje jurídico y administrativo básico que la Fiscalía requiere para operar. Pero por otro lado también se debe tomar en cuenta que, en tanto no haya Fiscal, no podrá ejercer sus funciones y el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estará incompleto.
Lo ideal sería que se generara un gran acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para modificar el artículo 102 constitucional con el objeto de fortalecer y dotar de mayor independencia a la Fiscalía Anticorrupción, así como extender el periodo del primer Fiscal tal y como lo ha planteado el grupo parlamentario del PAN, pero lo cierto es que no parece viable que el PRI ceda y se logre la mayoría calificada que se necesita por tratarse de una reforma constitucional.
En este contexto, si bien no puede seguirse posponiendo de manera indefinida este nombramiento, cuando menos se debe exigir el cumplimiento de algunas condiciones mínimas, empezando porque la decisión se tome a partir de criterios objetivos -preparación, experiencia, independencia, probidad- que se hagan del conocimiento público, y no como consecuencia de un reparto de cuotas por las cuales a algún partido “le toque poner” al Fiscal General y a otro al Fiscal Anticorrupción.
De igual forma, es indispensable que se dictamine a la brevedad la iniciativa enviada por el Ejecutivo para que el actual Procurador no se convierta en automático en Fiscal General -de lo que se trata es que la Fiscalía General cuente con autonomía real y no que responda a intereses políticos o personales-, y que la discusión de la Ley de Fiscalía General se lleve a cabo bajo el modelo de parlamento abierto garantizando que las fiscalías especializadas contarán con los elementos suficientes para poder desempeñar adecuadamente sus funciones.
Adicionalmente se debe brindar un acompañamiento permanente para supervisar la actuación del Fiscal Anticorrupción, y evitar a la vez que sea objeto de cualquier tipo de presión política, y en esto el Comité de Participación Ciudadana deberá jugar un papel muy importante. Es urgente contar con un sistema anticorrupción sólido, robusto, el país ya no aguanta más simulaciones.