En el proceso electoral que actualmente se desarrolla en el Distrito Federal, la competencia entre actores políticos exige una igual exposición hacia la ciudadanía, por lo que es importante tener en cuenta la exigencia de imparcialidad que aplica a todas las autoridades de nuestro país.

 

Es así que, en el ejercicio de sus atribuciones, los servidores públicos tienen la obligación de ejercer los recursos que están a su disposición en el marco de la ley sin beneficiar o perjudicar a determinados candidatos o partidos políticos. El 7 de junio, los ciudadanos del Distrito Federal acudiremos a las urnas a elegir a los 16 jefes delegacionales y a los 66 diputados para renovar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), previo periodo de campañas.

 

Los candidatos a puestos de elección popular, ya sean los propuestos por los partidos políticos o los independientes, no pueden hacer uso de los programas sociales ni de los recursos públicos con fines electorales en ningún momento del proceso electoral.

 

En las campañas electorales, mismas que, en el caso del Distrito Federal, se llevarán a cabo del 20 de abril al 3 de junio, la neutralidad del actuar de las autoridades cobra mayor importancia, pues al ser una etapa en la que los capitalinos podremos conocer a nuestros candidatos así como sus programas de trabajo, es necesario que todas las propuestas políticas estén presentes y tengan una misma visibilidad.

 

La normativa establece que en el tiempo que comprenden las campañas electorales, debe suspenderse la difusión de programas sociales, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Lo anterior, sin que se deban suspender los programas sociales.

 

Tratándose de campañas de información de las autoridades relativas a servicios de salud, educación y protección civil en casos de emergencia, la difusión de los programas no debe ser interrumpida. Tampoco está prohibida la intervención de servidores públicos en actos relacionados con motivo de las funciones inherentes a su cargo, siempre y cuando no se difundan mensajes que impliquen una pretensión para ocupar un cargo o de obtener el voto.

 

También se considera que existe incumplimiento a la normativa y afectación de la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, cuando cualquiera de los servidores públicos incurra en conductas como condicionar el otorgamiento de servicios, la entrega de recursos de programas públicos o la realización de obras públicas a la promesa o demostración del voto a favor de un candidato; recoger la credencial de elector a cambio de la entrega o mantenimiento de bienes o servicios en general; promover el voto a favor o en contra de un candidato durante su jornada laboral; realizar actos o eventos cuyo costo sea sufragado con fondos provenientes del erario público, teniendo como objeto destacar logos o señalar las funciones que realiza algún servidor público; obligar a sus subordinados a apoyar emitir su voto a favor o en contra de un candidato.

 

En estos términos, el gobierno del Distrito Federal anunció que ninguno de los programas, que caigan en alguna de las excepciones permitidas por ley, recibirá difusión entre el 5 de abril −fecha en que iniciaron las campañas federales− hasta el 7 de junio.

 

La libertad de elegir a nuestros servidores públicos dependerá en gran medida de la existencia de un proceso no viciado en el que todos los contendientes partan de una igual oportunidad de ser presentados ante la ciudadanía.

 

@drarmandohdz



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