La seguridad de los ciudadanos en México se encuentra en una situación de riesgo permanente. Este fenómeno tiene raíces tan profundas como vastas; sin embargo, la causa principal radica en que los cuerpos policiales encargados de la seguridad y el orden público, adolecen de capacidad y de una formación adecuada que les permita hacer frente a los problemas que en esta materia se presentan.
En el entendido de que la corrupción e impunidad permea todas las instancias de seguridad y procuración de justicia en nuestros país, es necesario mencionar que mientras no se reconozca plenamente la exigencia de una profesionalización auténtica de nuestros cuerpos policiales -situación que implicaría mover y renovar todos los cimientos en los que descansa la formación de dichos agentes-, los ciudadanos seguiremos padeciendo dos situaciones diametral opuestas, pero también tan absurdas como fatales.
Por un lado, reiteradamente hemos sido testigos de policías que son insultados, vejados, desarmados y golpeados por personas que se resisten a ser presentadas ante una autoridad competente debido a la comisión de un delito cualquiera, falta cívica o administrativa. Es decir policías que son incapaces de hacer valer su autoridad debido a sus deficiencias en instrucción teórica y técnica, en su operación táctica, sus carencias materiales y otras muchas circunstancias concurrentes.
Pero del otro lado, tenemos el extremo de la brutalidad policiaca, donde la violación grave, sistemática y generalizada de los derechos fundamentales es tan cotidiana como común. Concusión y contubernio, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, manipulación y alteración de evidencia son también resultado de estas deficiencias estructurales. Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Tanhuato, son entre muchos otros, constancia y realidad de que no contamos con fuerzas policiales confiables, eficaces, eficientes, ni profesionales.
En este sistema de simulación, los funcionarios públicos de alto nivel reiteradamente enfatizan que cada vez son más los requisitos que se necesitan para formar parte de los cuerpos policiales y ministeriales del país; sin embargo, no reparan, o más bien ocultan los puntos laxos de dichas afirmaciones, la exigencia de una carrera universitaria es cierta, el problema radica en que aceptan egresados de carreras que nada tienen que ver con la función policial; y cuando dichas credenciales sí abarcan materias de derecho, seguridad pública y procuración de justicia, no existe el mínimo control sobre la calidad de dichas instituciones educativas. También dicen que la capacitación en los centros de formación policial, son determinantes, cuando estos duran entre seis meses y un año. Los cursos básicos son simplemente eso, no existe una verdadera formación, ni siquiera elemental en nuestros cuerpos de seguridad. La capacitación en materia de derechos humanos es otra falacia, los cursos son elementales, ocasionales y reactivos –normalmente ligados a una recomendación de algún organismo defensor de los derechos humanos-.
Mientras nuestros agentes encargados de la seguridad no cuenten con una enseñanza, capacitación y especialización profesional de rigurosa calidad; un entrenamiento físico, técnico y táctico adecuado; equipo y tecnología moderna para el cumplimiento de su misión, se encontrarán siempre en desventaja ante la delincuencia, tentados por las malas prácticas y no habrá indemnidad a la corrupción, mientras tanto los ciudadanos tendremos que seguir lidiando o sobreviviendo con los dos extremos más ominosos de la mala actuación policial.
La trasformación de los cuerpos policiales requiere un trabajo arduo, juicioso y costoso en términos económicos y políticos, por eso nuestros dirigentes no lo quieren llevar a cabo, prefieren utilizar el dinero en exorbitantes salarios para funcionarios incapaces y en dispendios vergonzantes de todo tipo, relegando e ignorando que la seguridad es primordial para el bienestar colectivo y la gobernabilidad.