Este lunes la procuradora general de la República, Arely Gómez, pregonará, en los hechos, que el gobierno del presidente Peña Nieto, como el de sus dos antecesores, decidió despreciar el drama que hace de México uno de los países más peligrosos para practicar el periodismo.

 

Hoy se tiene programado presentar al nuevo titular de la fiscalía creada en la PGR por Vicente Fox para perseguir los agravios contra la libertad de expresión. Se trata de Ricardo Nájera, un oscuro agente del Ministerio Público habilitado en años recientes como vocero. Su puesto más reciente fue ese, en la Procuraduría del DF, donde como en otras posiciones, se ha desempeñado con nula empatía respecto de la misión de la prensa.

 

Sin un balance de lo hecho hasta ahora y sin explicar los motivos del cambio, la llegada de Nájera sólo revela pago de favores burocráticos y desprecio por los periodistas.

 

Se trata de una nueva evidencia de que el Estado mexicano se burla del reclamo generalizado para avanzar en un tema que castra al periodismo por la vía del terror, silencia a los medios, daña el derecho de la sociedad a saber y acentúa el mensaje al mundo de que México vive una barbarie en materia de derechos humanos.

 

La fiscalía federal, que ha dirigido media docena de responsables, la más reciente de ellos Laura Borbolla, ha carecido por una década del respaldo mínimo –político, institucional y jurídico- para hacer su tarea, a diferencia de lo ocurrido en naciones como Colombia, Argentina o Italia, que entendieron, tras mucho sufrimiento, que soslayar el asesinato de periodistas lastra las normas elementales de la convivencia democrática.

 

Y si las instancias federales creadas en este ámbito han sido virtualmente inútiles –hay que incluir al Mecanismo creado en 2012 en la Secretaría de Gobernación-, en el nivel de los gobernadores el problema genera sólo ha atraído simulación, cinismo y, en no pocas ocasiones, complicidad.

 

En días pasados funcionarios de Gobernación federal se declararon exasperados luego de una reunión con el gobernador de Veracruz,  Javier Durante, en cuya gestión han sido asesinados 15 comunicadores, el más reciente de ellos Rubén Espinosa, quien el pasado fin de semana apareció muerto, junto con cuatro mujeres jóvenes, en un departamento de la ciudad de México; activista social y fotógrafo corresponsal de Proceso y la agencia Cuartoscuro en Xalapa, la capital veracruzana.

 

Durante el referido encuentro, se dijo a este espacio, Duarte se obstinó en subestimar el problema; alegó que muchas de las víctimas no eran en realidad periodistas, y argumentó que su administración ha creado organismos para atender este asunto –igual de inútiles-, lo que incluye una comisión gubernamental y otra en el Congreso local (formada por legisladores que a la vez son dueños de medios, todos denunciados por explotar a sus periodistas; entre esos dueños se cuenta un pariente de la esposa del gobernador, Karime Macías). La reunión concluyó con un extrañamiento formal al mandatario, cuya gestión parece de suyo ir en tobogán bajo señalamientos de corrupción, quiebra financiera e incompetencia.

 

El propio gobierno de Veracruz emitió anoche un comunicado de dos párrafos sobre la muerte del fotoperiodista Espinosa, con el que busca subrayar que la responsabilidad de investigar esto hechos recae en el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, pero evade que el trabajo de Espinosa en Veracruz deberá ser una de las líneas de trabajo principales en las indagatorias. 

 

Otra línea será las presuntas ligas de Espinosa y de al menos una más de las víctimas encontradas con él, con activistas sociales en Veracruz que atacaron instalaciones del INE antes de los comicios. Estos grupos, autodenominados “Bloque Negro”, fueron a su vez agredidos brutalmente por un comando paramilitar,  al que se le atribuyen ligas con el gobierno estatal. Varios de esos jóvenes identificados en su mayoría como universitarios, acabaron en el hospital con lesiones graves. 

 

Autoridades capitalinas analizaban anoche la posibilidad de que pistoleros veracruzanos se hayan trasladado al DF para perpetrar el múltiple homicidio, lo que coincidiría con evidencias recogidas por la revista Proceso de que podría haberse planeado un ataque similar contra reporteros suyos que investigan el asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, ocurrido en abril de 2012.

 

Es necesario decir en este momento, cuando la muerte de un colega más  golpea al gremio periodístico, que en este gremio precisamente recae parte de la responsabilidad de que este problema no esté debidamente colocado en la agenda nacional, como sí lo está en la citada Colombia, o en Brasil y en otros países donde los profesionales del oficio exhiben mayores capacidades de organización y  menos protagonismos.

 

Este domingo hubo una marcha de periodistas en la ciudad de México por la muerte de  Rubén Espinosa, y se generaron oportunos comunicados al respecto. No ha sido el único reclamo callejero con el grito de “ni uno más”. Pero habrá muchos más mientras no exista una reacción de los periodistas mexicanos más estructurada y coherente, como ocurre desde hace años con la FLIP colombiana o con los bloques de prensa que en otras naciones latinoamericanas han logrado avances en este y otros temas.

 

Es evidente el fracaso de los periodistas y los medios en tres rutas básicas: discutir internamente los niveles éticos en las salas de redacción mexicanas, impulsar mejores condiciones laborales de los periodistas. Y especialmente, lograr que la sociedad esté del lado del buen periodismo; que entienda que cuando un periodista es silenciado, la comunidad toda ve cercenado uno de sus derechos más importantes, el derecho a saber, el que nos permite funcionar como ciudadanos.

 

robertorock@lasillarota.com



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