El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, logró colocarse por fin bajo los reflectores de la agenda política nacional. La "tutela preventiva" por la que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó abstenerse de hablar de sus logros y aspiraciones favoreció su posicionamiento como aspirante a la Presidencia de la República.
La controversia le abrió una ventana de oportunidad.
Las entrevistas, conferencias de medios y mensajes transmitidos por las #RedesSociales le han dado al gobernador un impacto propagandístico mayor que el de las publicaciones pagadas en las que ha aparecido durante los últimos meses. Lo que falta ver es si al final le dan la razón y cuánto tiempo más será eficaz su #Estrategia de #ComunicaciónPolítica.
El @INEMexico argumenta que hubo "inequidad".
La entrevista que le hizo Joaquín @lopezdoriga a @RafaMorenoValle en Chapultepec 18, de #Televisa, fue la gota que derramó el vaso de agua. Tanto así que a la televisora le ordenaron bajar la entrevista de su plataforma por exaltar sus cualidades personales y logros de gobierno.
Como era de esperarse, el conflicto escaló.
Las reacciones de un gran número de conductores, periodistas y líderes de opinión le dieron un tremendo giro al caso, pues ahora se habla de censura o límites a la #LibertadDeExpresión, además de que se cuestiona la confusión que está generado la autoridad electoral en la ciudadanía.
¿Ya no podremos hacer entrevistas a los gobernantes?
¿Cometeremos algún delito electoral si les preguntamos sobre lo que han hecho? ¿El hecho de limitar nuestras preguntas no constituye acaso una restricción al @DerechoALaInformación que tiene la sociedad? ¿Sobre qué bases la autoridad electoral puede acusar a un medio de que una entrevista es pagada cuando en realidad no lo es?
El debate que se abrió es necesario y oportuno.
Primero, porque los criterios e interpretaciones de la ley electoral parecen no estar del todo claros para los consejeros, pues incluso entre ellos hay desacuerdo sobre la medida tomada por la Comisión de Quejas y Denuncias del #INE. Segundo, porque ha habido casos similares en los que están involucrados otros gobernadores. Y tercero, porque el #INE necesita fortalecer la confianza de la ciudadanía.
La decisión final la tendrá el #TEPJF.
El recurso de queja que presentó Moreno Valle el martes pasado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentará un precedente de gran relevancia para los procesos electorales de 2017 y 2018.
Es cierto que no debe haber más inequidad.
Pero también lo es que políticos y autoridades están asumiendo diversos riesgos para superar los obstáculos que les ha impuesto la reforma electoral de 2007, en la cual se prohibió la propaganda personalizada de gobernantes y funcionarios con el uso de recursos públicos.
La limitante parecía justa y adecuada.
Sin embargo, la ley no contempló lo que sucedería con la libertad que gozarían algunos aspirantes para promocionarse en la medida que lo han hecho algunos presidentes de los partidos políticos más importantes del país.
Y qué decir de la autocensura de medios y periodistas.
En democracia tampoco conviene que los comunicadores se impongan límites en su trabajo y en el diálogo cotidiano con los personajes de poder político, sobre todo cuando exista la intención de informar con veracidad a sus audiencias o cuando consideren conveniente promover el debate libre y abierto entre quienes aspiran a un cargo de elección popular.
No se puede negar que existe la publicidad disfrazada.
Tampoco las acciones de campaña que se esconden bajo el rostro de una noticia. Cuando esto suceda se tendrá que actuar. Lo que pasa hoy es que la normatividad no cuenta con la claridad ni las herramientas necesarias para ser eficaz y confiable al separar algunos contenidos periodísticos de los mensajes propagandísticos.
Por lo tanto, se deben explorar otros caminos.
Si en el corto plazo no se vislumbra una nueva reforma electoral, es urgente e imperativo revisar los procesos de toma de decisiones, los protocolos de actuación y las estrategias de comunicación para evitar incurrir en nuevos errores que puedan dañar más la ya de por sí mermada confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones electorales.
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