Voces dentro del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ofrecen miradas diferentes sobre la crisis que sacude no sólo al régimen sino al sistema político en su conjunto. Desde los que identifican problemas estructurales que deben ser respondidos con tolerancia y fortalecimiento institucional, hasta los que hablan de conspiradores en buscan de echar de Los Pinos al actual equipo.

 

Contra lo que se pueda creer, la administración Peña no es monolítica en sus percepciones sobre las causas centrales del profundo bache en el que la imagen y la capacidad de operación gubernamental permanecen desde hace diez semanas.  Como en todo conjunto político, se pueden detectar discrepancias y claroscuros: a favor o en contra de un endurecimiento con los sectores críticos; contrarios o proclives a un sacudimiento en el gabinete.  Inclinados o no hacia medidas de corte populista en la economía.

 

Aquellos que hablan de conspiradores pintan una gama variada de los malos en esta historia: los viejos priístas, desplazados del poder; los gobernadores del PRI, acostumbrados a ser dueños de vidas y haciendas y hoy con las manos amarradas, especialmente en materia económica; los empresarios, agraviados por tener menos privilegios y encarar más impuestos (sin que el PAN los represente ya); la izquierda radical (fuera ya del PRD), ligada a Morena de Andrés Manuel López Obrador; los medios de comunicación a los que se les atribuyen sociedades con Carlos Slim. En fin…

 

Uno de los actores centrales de esta historia, Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, hizo este fin de semana declaraciones al diario español  El País, aportando diversas claves para entender cómo entiende las cosas el primer círculo peñista.

 

Nuño Mayer (ciudad de México, 1977) es uno de los tres personajes más influyentes del gobierno –su peso político real se halla sólo por debajo del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y quizá a la par del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. En la entrevista aceptó que hubo una lenta respuesta ante la crisis de Iguala, y asumió fallas en la comunicación de Los Pinos, pero dijo que no cederán la plaza ni ofrecerán sacrificios “aunque se pida sangre”.

 

“Nuestra intención no es castigar a nadie ni ir en contra de nadie. No haremos pagar a nadie la salida de la crisis ni vamos a hacer populismo económico. No habrá represión. La segunda agenda del sexenio es acelerar las reformas de la primera agenda”, dijo, según lo cita el prestigiado hispanoamericano.

 

Pese a su relevancia política y su cercanía con el principal despacho de Los Pinos, la voz de Nuño contrasta con aquellas otras que incluso, en medio de susurros, en charlas de café,  atribuyen al propio Nuño parte de los problemas en las fallas del manejo de la crisis.

 

En este tema no hace falta armar intrigas: se sabe que entre sus responsabilidades formales, Nuño cuenta la de trazar las estrategias centrales de comunicación gubernamental.  Su declaración a “El País” no puede ser leída más que como un mea culpa. Quizá el primero que haya hecho hasta ahora un integrante del equipo que encabeza Peña Nieto. 

 

Es muy probable que Nuño no encuentre tampoco muchas coincidencias en la clase política, incluso la priísta, sobre la necesidad de hacer o no cambios en el gabinete.  Porque corregir, enmendar, le dirán, no necesariamente significa ceder ante el reclamo de sangre por parte del coliseo mexicano.

 

Es válido suponer, por último, que los posicionamientos de Nuño se orientan a dar tranquilidad a cierto sector ilustrado, incluido el que se ubica fuera del país. Las semanas por venir ofrecerán elementos para darle o no la razón, tanto en su diagnóstico como en los escenarios que dibujó.

 

Como todos los partidos políticos, el PRI ha iniciado la definición de candidaturas para los miles de puestos de elección que habrán de dirimirse el primer domingo de junio del próximo año. El Institucional ha pedido a los aspirantes, particularmente para diputados federales, hacerlo saber este mismo mes. Singularmente, ha dado también indicaciones de entregar una carta en donde autorizan al partido, que preside César Camacho, para investigar no sólo la trayectoria política de los interesados, sino también su patrimonio personal y sus posibles ligas con hechos criminales.

 

Hacia finales de este diciembre y principios de enero,  el presidente Peña Nieto tendrá un panorama completo sobre los equilibrios que exhibirá la bancada del PRI en campo vital de la próxima legislatura, en San Lázaro. Es presumible que disponga también, de un panorama sobre las futuras bancadas legislativas de la oposición a su gobierno. 

 

En ese momento, Los Pinos decidirá su apuesta para los próximos meses y años. Son muchos los indicios de que elementos destacados del gabinete serán enviados a desempeñarse como diputados federales o candidatos para otras posiciones. A ellos e sumarán figuras de otros ámbitos, como algunos ex gobernadores, que tendrán la tarea de seguir edificando contrapesos para los mandatarios estatales actuales.

 

Con base en esos equilibrios y con la crisis actual aún a la vista, Peña Nieto tomará decisiones. Y la hará quizá este mismo mes. Una parte sustantiva de la clase política deberá vivir las fiestas navideñas con el teléfono a un lado, incluso sin salir de casa.

 

Se trata sólo de unas semanas más para que haya señales concreta de hacia dónde se moverá realmente el gobierno Peña. Esto describirá, en un brevísimo periodo en términos históricos, no sólo si Los Pinos han recuperado sus reflejos políticos, su capacidad de reencauzar su conducción, sino cuál será el entorno democrático que marcará al resto del sexenio.

 

robertorock@lasillarota.com

 



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