La política de drogas ha sido una papa caliente para el gobierno mexicano. La decisión del presidente Peña de cancelar y luego de asistir a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de drogas (UNGASS 2016) muestra la falta de una política clara en la materia. El discurso del presidente es en realidad un cambio en cómo entiende el gobierno mexicano el problema de las drogas. De hecho, resulta inexplicable la razón por la que Peña, sí tenía planeado asumir esa posición, haya cancelado su participación en un primer momento y dejado ir la posibilidad de inaugurar el evento.
El presidente Santos de Colombia, con mucho mayor claridad en el tema y, sobre todo, con avances en el ámbito local en temas como auto cultivo de cannabis, fue el que asumió el liderazgo y ocupó los espacios editoriales de la prensa global del domingo. El nuevo discurso oficial de México en materia de drogas es bienvenido porque contribuye a promover la reforma a las políticas prohibicionistas tanto a nivel global como a nivel nacional. El problema es que en casa, Peña Nieto no atina a avanzar en políticas que reduzcan los riesgos y los daños de quienes consumen substancias, ni en medidas para reducir la criminalización de usuarios y la violencia que genera el combate al tráfico de drogas.
En la ONU Peña habló con precisión de varios temas, de hecho tomó la única posición que hay en realidad para un país democrático, la de cuestionar los costos y la efectividad del sistema global de prohibición de drogas. Sin embargo, su posición tiene varios problemas. El primero es la falta de crítica a sus propias políticas. El gobierno de Peña Nieto ha seguido al pie de la letra la estrategia de combatir al narcotráfico con el máximo nivel de violencia posible, a costa de los derechos humanos de las personas y la seguridad ciudadana de las comunidades. No tenemos una policía eficaz que combata a los grupos criminales sin lastimar la integridad de las personas y minimizar los daños a la comunidad.
No somos capaces de detectar y confiscar los recursos de dichas organizaciones. Criminalizamos a consumidores y encarcelamos de manera masiva por delitos menores relacionados con drogas. No destinamos recursos ni hemos explorado alternativas para la prevención de adicciones y el tratamiento de las mismas. No tenemos políticas para informar a los consumidores de las medidas que pueden tomar para reducir riesgos y daños, ni para evitar que sean discriminados. Sin autocrítica de las políticas actuales de seguridad simplemente no se generarán acciones que rectifiquen el enfoque equivocado que ya se reconoció.
Varias de las propuestas de Peña Nieto en el ámbito local efectivamente ayudarán a mitigar algunos de los problemas relacionados con el uso y consumo de substancias. Es correcto abrir la posibilidad de producción nacional de medicamentos basados en mariguana y facilitar la investigación al respecto. Sin embargo, el uso medicinal debería también incluir a medicamentos con ciertas dosis de cannabidol, e incluso el uso de vaporizadores para inhalar mariguana con la finalidad de paliar ciertos padecimientos.
Por otro lado, el incrementar a 28 gramos la cantidad de mariguana tolerada para la posesión personal ayudará a reducir el número de consumidores que son detenidos y procesados, ya que dicha cantidad corresponde a lo que una persona adquiere para proveerse. Sin embargo, en realidad debería desaparecer la sola posesión, sin intención de traficar, como delito. Se anuncia también un programa de amnistía para personas encarceladas por posesión simple de mariguana. Eso efectivamente permitirá reducir el problema de sobrepoblación carcelaria y evitar que personas que no son peligrosas para la sociedad permanezcan en prisión.
El principal tema pendiente en el corto plazo es el de la posibilidad de auto cultivar la mariguana, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte del país. El auto cultivo abriría una puerta de provisión legal para los consumidores y entonces la descriminalización de usuarios sería efectiva. Además, se requiere que las personas que posean más de 28 gramos, sin intención de traficar, tampoco sean puestos a disposición de un ministerio público, y, en cambio se pueda establecer una pena alternativa. Lo mismo a las personas que transportan cantidades relativamente menores. Se deben evitar, por otro lado, establecer tribunales que establezcan tratamientos obligatorios a personas –adultas y adolescentes- que consumen drogas y han cometido un delito. En general, se debe avanzar en evitar a toda costa perseguir consumidores, proporcionarles información para que tomen las mejores decisiones, enfocar los esfuerzos en evitar el consumo de menores y prevenir y tratar con efectividad la adicción. Lo que falta es tomarnos en serio la idea de poner en el centro de las políticas de drogas la salud y la seguridad de las personas.