En los últimos días se ha intensificado la exigencia para que en la conformación de las ternas que enviará el presidente Peña Nieto, y sobre todo en la designación que hará el Senado de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia que sustituirán a Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, se desista de la pretensión de impulsar a quienes su principal mérito sea la cercanía personal o la pertenencia a un partido político.
En un hecho inédito, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito ha hecho un llamado para que se tomen en cuenta perfiles con experiencia judicial y sin vínculos políticos que puedan influir en sus decisiones, en tanto que un grupo plural de académicos y activistas ha impulsado en la plataforma Change.org la campaña: “Una Suprema Corte Sin Cuotas Ni Cuates” que a la fecha ha recabado más de 27 mil firmas. A lo anterior hay que agregar las peticiones para evitar un retroceso en materia de género y que cuando menos una de las ternas se integre exclusivamente por mujeres.
Estas preocupaciones no son gratuitas, ya que por un lado tienen como antecedente la llegada a la Corte de Eduardo Medina Mora a pesar de los diversos cuestionamientos que en su momento se formularon -incumplimiento del requisito de residencia, falta de trayectoria judicial y su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República-, así como un supuesto acuerdo para que las próximas designaciones recaigan en el senador del PRI, Raúl Cervantes Andrade, y en algún miembro del PAN con lo que fácilmente se obtendría la mayoría calificada.
Sin demérito de las cualidades que pudiera tener Cervantes Andrade, no se pueden negar sus estrechos vínculos con el partido político del cual ha sido coordinador jurídico y que además de la senaduría lo ha llevado en dos ocasiones a la diputación federal por la vía plurinominal, como tampoco su parentesco con el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República que cuando menos pondría en duda su independencia e imparcialidad en el ejercicio del cargo.
Adicionalmente, se ha denunciado su inelegibilidad pues aún y cuando solicitó licencia, el cargo de senador es irrenunciable por lo que incumpliría con lo dispuesto en el artículo 95 fracción V constitucional, que establece que para ser ministro no debe haber sido senador durante el año previo al nombramiento.
En el caso del PAN, no queda claro cuál sería su propuesta -de existir o prevalecer dicho acuerdo- pero llama la atención que en una actitud muy digna, Santiago Creel se descartó públicamente y fue más allá al afirmar con toda razón que “lo peor que se le puede hacer a la Corte es que se le impongan cuotas de partidos”.
Esperemos que esta sea una señal de la posición que asumirá Acción Nacional en quien en buena medida recaerá la responsabilidad de evitar que el máximo tribunal del país corra la misma suerte que otras instituciones que han sucumbido a la corta visión y voracidad de los partidos políticos, y no le conceda al PRI-Gobierno los votos que requiere para tener un operador en el Pleno de la Corte que seguramente procurará asumir su control.
Ojalá los senadores entiendan que no hay una sola experiencia exitosa cuando se ha optado por el reparto de cuotas y la partidización de los órganos colegiados, y que particularmente en el caso de la Suprema Corte de Justicia el daño sería mayúsculo por tratarse ni más ni menos que del árbitro final en la resolución los conflictos sociales que a su vez se erige en tribunal constitucional y garante de los derechos fundamentales.