Las negociaciones para crear el nuevo tratado que deberá sustituir al Protocolo de Kioto, y con ello definir la nueva gobernanza global ante el fenómeno del cambio climático, será uno de los temas eje de la política internacional este 2015.
La COP 20 celebrada el mes pasado en Lima, Perú, dejó sentimientos encontrados. Diversas organizaciones y activistas ambientales manifestaron su decepción ante los resultados alcanzados. Muchos esperaban una resolución final mucho más ambiciosa que se entendiera como una versión preliminar del acuerdo que, en principio, se espera pueda ser alcanzado en París este año y no sólo como una hoja de ruta para las negociaciones de los próximos meses.
El fantasma de Copenhague 2009 sigue marcando las negociaciones climáticas y el “Llamado de Lima para la acción climática” puede terminar por entregar un acuerdo razonable como fracasar rotundamente en París 2015.
En contraparte, voceros de las agencias internacionales involucradas en las negociaciones y especialistas como Robert Stavins, Carlo Carraro, David G. Víctor o Andrew Revkin, han recomendado tomar el resultado con un moderado optimismo y entenderlo como un proceso en el que existen avances relevantes y que sólo tomará sentido a lo largo de este año.
Los resultados de la COP 20 difícilmente iban a dejar contentos a todos los involucrados. Desde la COP 17 celebrada en Durban, Sudáfrica, se acordó establecer un nuevo acuerdo climático en París 2015, el cual una vez firmado entraría en vigor hasta 2020. No había razones para pensar que los miembros de la comunidad internacional tenían incentivos para quemar sus naves en Lima, cuando sabían que el proceso de negociación estaría abierto un año más.
París 2015 debe ser diferente. La humanidad no puede darse el lujo de fracasar en esfuerzo colectivo de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el largo plazo. La meta de contener el aumento de la temperatura global en 2ºC parece en estos momentos ya inalcanzable y con ello aumenta la incertidumbre sobre el aumento en la temperatura del planeta en las próximas décadas. Sin un acuerdo internacional más efectivo, eficiente y equitativo, que establezca compromisos metas y compromisos nacionales relevantes a su vez que medibles, verificables y reportables, el futuro de la humanidad luce sombrío e incierto.
El elemento central del nuevo acuerdo parece estar ya sobre la mesa: Un modelo de contribuciones nacionales voluntarias (Intended Nationally Determined Contributions) que involucra a todos los países en lugar de metas obligatorias sólo para las naciones industrializadas, como se desprendía del Protocolo de Kioto. Lo que estamos viendo es un cambio completo en la arquitectura climática, pasamos de la exigencia de metas obligatorias ambiciosas con impacto en el corto plazo, a compromisos nacionales voluntarios pensadas para estabilizar gradualmente las emisiones de GEI en el largo plazo.
Lo que sigue en los próximos meses es que cada país cumpla con el mandato de presentar sus compromisos nacionales durante los primeros meses de este año. En marzo deberemos tener ya una película más clara de quienes van a asumir compromisos serios y si las propuestas de reducción de emisiones suman lo suficiente para representar una alternativa relevante ante la amenaza del cambio climático.
Vislumbro cuatro escenarios en las negociaciones. Primero, no se puede descartar que las negociaciones terminen en un documento político insulso, tal como ocurrió en Copenhague en 2009, lleno de jerga diplomática pero poca sustancia, que obligue a prolongar las negociaciones indefinidamente los próximos años e imposibilite que el nuevo acuerdo entre en vigor en 2020.
Segundo, se alcanza un acuerdo basado en el modelo de metas nacionales pero las propuestas de reducción de emisiones que presentan los países en conjunto son muy poco ambiciosas e incluso algunos deciden abiertamente no contribuir. En este caso estaríamos ante una segunda parte de Kioto: mucho tratado y muy pocos resultados.
Tercero, se firma un acuerdo sobre las bases perfiladas en Lima, con lo cual se materializa la opción de metas nacionales voluntarias para la reducción de emisiones, en la que en principio todos los países cooperan dentro de sus capacidades, y se apuesta por estabilizar las emisiones globales en forma gradual. Esto se perfila como el escenario más probable y seguramente generará decepción en las organizaciones ambientalistas y en aquellos países que quisieran ver una agenda que incorporara mayores responsabilidades para los países industrializados y mayor peso de las estrategias para la adaptación.
Finalmente, se avanza hacia un acuerdo vinculante pensado para estabilizar lo más pronto posible las emisiones globales, con metas obligatorias diferenciadas por países y se establecen mecanismos para medir, verificar y reportar los avances, acompañados de sanciones para quienes no cumplan con el mandato. Esta opción me parece que está completamente descartada desde 2009 con la introducción de metas voluntarias en el anexo al Acuerdo de Copenhague.
Lo que es claro es que París 2015 puede representar la última oportunidad para firmar un acuerdo global que permita reducir las emisiones globales de GEI. No hay que perder de vista que aun cuando se firme el nuevo tratado, falta el largo y tortuoso proceso de su ratificación para que pueda entrar en vigor en 2020. Continuar indefinidamente con las negociaciones y postergar el acuerdo supone el riesgo de que en el futuro los costos de actuar sean mayores, las probabilidades de estabilizar las emisiones menores y las consecuencias impredecibles.
París bien vale un nuevo tratado climático y los miembros de la comunidad internacional deben entender que tienen la obligación de entregar resultados relevantes en los plazos fatales que ellos mismos se establecieron.