A partir de 1997, cuando por primera vez el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados, la discusión del presupuesto forma parte central de la vida parlamentaria y pública del país. Se han registrado momentos memorables, como cuando la votación presupuestal se empató o la famosa controversia constitucional que ganó a medias Vicente Fox. También se han registrado algunas ganancias claras en temas de transparencia, como la obligación de rendir informes trimestrales, el contar con un fondo como el 33 para transferir por medio de fórmulas recursos por servicios descentralizados a estados y municipios, o el haber eliminado la partida secreta del Presidente.

 

El problema es que año con año prevalecen prácticas como asignar recursos a estados y municipios sin método y sin mecanismos efectivos de control. En general, la preocupación de los diputados se enfoca en este tema y se relega la discusión sobre los temas centrales.

 

El Congreso no ha construido ni las instituciones internas, ni las reglas que permitan mejorar, con base en la deliberación, pero también a la información de indicadores y evaluaciones, el proyecto que envía el Ejecutivo Federal. Eso fue particularmente grave en este año, cuando el gasto programable tuvo un recorte de alrededor de un punto del producto.  En ese sentido, es necesario iniciar la discusión de una agenda que permita el año que entra discutir el presupuesto de manera distinta.

 

Me parece que cinco temas son fundamentales:

 

1) Constituir una oficina de presupuesto. Actualmente se cuenta con un Centro de Finanzas Públicas, con personal conocedor de los temas presupuestales, pero en realidad con muy poca capacidad para realizar estimaciones propias, calibrar cambios fiscales o procesar la información que existe de evaluaciones e indicadores de gasto, mucho menos de generar las propias. En las últimas legislaturas es también una oficina capturada, que no cuestiona supuestos del presupuesto y de las leyes de ingresos evidentemente erróneos. Se requiere de una oficina con la capacidad de constituir un banco de proyectos viables para ser financiados en el presupuesto, capaz de monitorear en tiempo real la ejecución del presupuesto y opinar sobre los informes trimestrales, emitir recomendaciones en materia de transparencia y mejores prácticas de finanzas públicas, realizar estimaciones de presiones de gasto inter temporales y tableros de indicadores con respecto a las evaluaciones e indicadores de los programas presupuestales.

 

2) Discutir el presupuesto durante todo el año. Esto requeriría adelantar la presentación del proyecto un par de meses, pero también que las comisiones sectoriales puedan conocer y opinar con respecto a las propuestas presupuestales que hacen a la Secretaría de Hacienda las dependencias públicas. Eso abriría un enorme espacio de transparencia y diálogo entre poderes. El dictamen de la Cuenta Pública del año anterior (es decir de lo que efectivamente gastó el gobierno), los informes de avance y el resultado de los informes de la Auditoria Superior de la Federación (en general muy ilustrativos, aunque ignorados, de los problemas del gasto), así como los insumos que proveen organismos como el Coneval, el INEE o el INEGI tendrían que ser insumos centrales de las decisiones de gasto de los diputados.

 

3) Eliminar cualquier asignación discrecional de presupuesto. Actualmente los montos presupuestados a estados y municipios en los anexos no corresponden a criterios ni poblacionales, ni de pobreza, ni a los méritos de los proyectos. Si el diagnóstico es que los municipios no cuentan con recursos para financiar los servicios, pues lo que correspondería sería crear un nuevo fondo municipal, de acuerdo la población de cada alcaldía, que se complemente con fondos concursables y proyectos previamente evaluados. Lo que no podemos permitir es que las asignaciones de gasto no correspondan a criterios algunos o de demanda, no de necesidad o de eficiencia.

 

4) Avanzar en la transparencia presupuestal. En México la información fiscal y presupuestal cumple criterios mínimos de transparencia, pero definitivamente no los necesarios para conocer a tiempo y a detalle todos los temas relevantes. Tenemos una Ley de Ingresos que clasifica más de 150 mmdp en el concepto de aprovechamientos otros de otros, ya que corresponde a los ingresos tomar recursos de fideicomisos y entidades públicas por conceptos que, como los señala la ASF, ni se detallan en la Ley de Ingresos, ni necesariamente corresponden a su objeto. Las reglas en temas como deuda se han relajado, se excluye de la contabilidad del déficit un obscuro concepto de proyectos de alto impacto, que nadie conoce, además de que los compromisos que serán producto de bursatilizaciones ni se registran como deuda, ni se conoce el destino del gasto.

 

5) Reducir la discrecionalidad en el ejercicio del gasto. La administración del presupuesto federal durante el año permite tomar un sinnúmero de decisiones discrecionales de gasto. Prácticamente en ningún caso el Ejecutivo tiene que solicitar autorización al congreso para reasignar recursos que provienen en sub ejercicios o de parte de los ingresos adicionales, además de que cuenta con un ramo presupuestal, el 23, en el que se reasignan cantidades millonarias de recursos a dependencias públicas y entidades federativas. El ramo 23 es un presupuesto en sí mismo, ya que lo mismo se toman decisiones de inversión, que de fondos de combate a la pobreza o de apoyo a municipios. En 2013 el ramo tuvo un crecimiento durante el año de más de 50 mmdp.

 

@vidallerenas



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