Recientemente el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de ley para regular la deuda y en general el desempeño fiscal de las entidades federativas. Se argumenta, no sin parte de razón que es urgente detener el ritmo de endeudamiento de los estados y mejorar la calidad de su gasto. La iniciativa efectivamente introduce elementos de control, pero claro, fundamentalmente bajo el control de la cada vez más poderosa Secretaría de Hacienda.

 

El problema es que el rigor legislativo se aplica a las entidades federativas, responsables de un incremento de 329 mil mdp en la deuda de 2000 a 2015, pero en ese mismo periodo, la deuda nacional, o los requerimientos financieros del sector público se incrementó en 3 billones 200 mil mdp. Es decir el crecimiento de la deuda federal es 10 veces superior en monto a las de las entidades federativas. Los datos no respaldan la idea de que el principal peligro de las finanzas públicas esté en el nivel sub nacional, sino en el nacional. La pregunta es, si ya existe una legislación que se considera adecuada para regular las finanzas públicas y el endeudamiento ¿por qué no utilizarlas para controlar a la administración nacional?

 

 

Una práctica que es común en gobiernos locales y federales es subestimar los ingresos esperados para utilizar el excedente de manera discrecional. Uno de los ejemplos más claros es el GDF ya que la diferencia entre lo estimado en la ley de ingresos y lo registrado en la cuenta pública es de más de 30 mil mdp. Lo mismo sucedió en la administración federal, en la cuenta pública de 2014 también se señala que el Gobierno de la República ingresó 182 mil mdp más de lo estimado. Eso, entre otras cosas, permitió multiplicar el gasto en comunicación social federal e incrementar en 44 mil mdp el famoso Ramo 23, el que maneja la Secretaría de Hacienda para financiar lo mismo gasto en inversión, que el relacionado con desastres naturales.

 

Otro rubro en el que se regulará a los estados es el del costo financiero de la deuda. Actualmente se sobreestima el monto presupuestado para reasignarlo con discrecionalidad durante el ejercicio. Con la nueva legislación si existe un ahorro al respecto con relación a lo programado se utilizará para pre pagar deuda. Pero el gobierno federal podrá destinar a cualquier propósito lo que no se ejerza de lo programado al pago de deuda.

 

El colmo de la doble vara que utiliza el Congreso de la Unión para medir a los estados y a la federación es la regulación de las asociaciones público-privadas. Hace unas semanas se eliminó la obligación de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobara los proyectos financiados con dicha figura. En cambio, la nueva legislación de disciplina financiera de las entidades obliga a que sea una mayoría calificada de los congresos locales la que los sancione. En materia de déficit público, por medio de la Ley de Ingresos, se permite al gobierno federal obviar de la contabilidad del déficit conceptos como proyectos de alto impacto, que en realidad es gasto de inversión regular, en un intento por esconder el creciente incremento de la deuda pública federal.

 

México definitivamente ha relajado su regla de déficit, al grado de que el propio Fondo Monetario recomienda establecer una más clara, de 2.5% del PIB como máximo, ya que llevamos cuatro años con déficits mayores al 3% del producto. Ahora las entidades no podrán tener un déficit mayor al dos por ciento de sus ingresos de libre disposición.

 

La legislación en materia de disciplina financiera a entidades contempla la creación de una comisión bicameral que vigile los convenios entre la federación y las entidades, el sistema de alertas de deuda y el proceso de amortización contable. Las atribuciones de dicha comisión serán limitadas, pero definitivamente constituye un avance en los procesos de vigilancia que el legislativo ejerce. De nuevo, dicha comisión y los órganos técnicos del congreso tendrían que ser re diseñados para vigilar en tiempo real las decisiones de deuda, ingresos y gastos públicos del gobierno federal.

 

Eso podría haber ayudado, por ejemplo, a evitar lo que sucedió en el presente ejercicio, cuando no se respetó la autorización de déficit público y se redujo de manera muy importante la inversión en PEMEX. Estamos construyendo mejores instituciones en el Poder Legislativo para vigilar a estados y municipios, pero seguimos sin construir contrapesos a la administración de las finanzas federales. Mientras tanto la deuda federal crece con rapidez y con cada vez más espacios para la opacidad.

 

@vidallerenas



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