El ambiente que han dejado en México los hechos de Iguala y el descontento social resultante, nos obligan a reflexionar sobre la necesidad urgente de implementar cuanto antes un nuevo PACTO POLÍTICO Y SOCIAL. Los hechos de Iguala influyeron negativamente en la percepción de México ante el mundo, lo que inevitablemente afecta la llegada de inversiones pero, ¿cuántos Igualas se nos pueden presentar en el día a día? ¿Para qué esperar que surja otro Iguala en Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas o en cualquier otro estado?
Por eso cuando hablamos del Pacto por México dijimos que no compartíamos la concepción inmediatista de este. Decíamos que el pacto debía servir no sólo para aprobar e implementar las reformas sino también, y más importante, para recuperar la gobernabilidad perdida.
EL PACTO POR LA SEGURIDAD, LA LEGALIDAD Y LA TRANSPARENCIA debe servir para pasar de las culpas y los culpables a las soluciones.
El Pacto Federal está gravemente dañado en razón de que los diferentes órdenes de gobierno han sido infiltrados, por células del crimen organizado, de ello ha derivado que en los municipios se haya desbordado el desorden y la corrupción, comenzando por los cuerpos de seguridad.
Estados y municipios débiles hacen una federación débil, la prueba más clara en estos momentos son Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Oaxaca, en donde los gobernadores están sobrepasados por la violencia, el desorden y la falta de respeto a la autoridad y a la ley.
Ante esta situación, vale citar al Doctor José Narro, Rector de la UNAM, quien dice: “Los mexicanos debemos unirnos para decir ¡ya basta!, nunca más otro Ayotzinapa. El país tiene que cambiar y muchos mexicanos de bien debemos sumarnos para transformar esta ola de asco y horror”.
El jefe de gobierno del DF afirma: "El país requiere encontrar esa medicina para la paz que todos queremos. Va a ser fundamental, la unidad, lo que todos buscamos, una suma de voluntades".
"No podemos guardar silencio frente a la barbarie ni seguir siendo indiferentes ante la sinrazón, frente a la estupidez que están generado tasas de mortandad que son inadmisibles", expuso el ex Rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente.
“México no puede seguir como va, tenemos que hacer un cambio, una refundación, aún es tiempo de hacer un Pacto Nacional, de tomar en cuenta a la gente para empezar desde abajo un nuevo proyecto nacional", señaló el sacerdote Alejandro Solalinde.
No hay duda entonces de que es imperativo un PACTO POR LA SEGURIDAD, LA LEGALIDAD y LA TRANSPARENCIA, para que desde la confluencia de los diferentes actores de la vida política nacional:
1.- Se fortalezca la capacidad de respuesta en materia de seguridad en los municipios.
2.- Se respalde y refuerce desde la federación a los estados para construir y asegurar su propia gobernabilidad.
3.- Se apoye en el saneamiento de las finanzas estatales y municipales a través de una reforma que corrija el desbordado desorden burocrático, financiero y de corrupción que prevalece en la absoluta mayoría de los municipios del país.
4.- Fortalecer la capacidad de organización y decisión de las comunidades que hoy reclaman ser parte de la responsabilidad de gobernar. Urge lo que Raúl Olmedo llama el “cuarto nivel de gobierno”.
5.- El Pacto debe servir para transmitir con intensidad a la sociedad, desde todos los medios y canales de comunicación mensajes orientados a la cultura de la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.
El destino ya nos alcanzó y nos rebasó, es urgente el saneamiento de la vida pública, de la actividad política y de la función administrativa, generando protocolos que terminen con la impunidad, la corrupción y la inseguridad.
No más impunidad contra quien desvíe o haga mal uso de recursos, secuestre camiones, robe comercios, dañe edificios, haga bloqueos, queme vehículos u oficinas de gobierno. Se debe pactar y estar de acuerdo en que se acabaron las licencias para actuar fuera de la ley y en que no va a haber más tolerancia hacia la impunidad.
“El estado de emergencia que indudablemente se vive en el triángulo de horror donde se cruzan Michoacán, Guerrero y el Estado de México, debería volverse estado de excepción abierto, legalmente implantado, a la vez que sometido a la más estricta vigilancia del respeto a los derechos humanos”, como dice Rolando Cordera.
Y si usted, lectora, lector querido, no tienen inconveniente, muchas gracias por sus amables comentarios y aportaciones, nos leemos el próximo jueves.
PD. Hay que insistir: Guerrero y Michoacán no reúnen las condiciones adecuadas en estos momentos para ir a elecciones, quien gane obtendrá tan sólo una victoria pírrica.
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