Los costos de la debacle electoral del 5 de junio y el desbordamiento de las protestas magisteriales en varios estados del país han sido cargados a dos personajes, ambos aspirantes a la sucesión presidencial del 2018: el veterano político sonorense Manlio Fabio Beltrones, defenestrado como líder del PRI, y el bisoño secretario de Educación, Aurelio Nuño.
Las culpas parecen marcadas desde las cúpulas del poder y secundadas en el espacio mediático y dentro de la clase política, especialmente el oficialismo priísta, que ha cultivado siempre los pactos de silencio y la disciplina como una forma de arte sin honor.
Ni el presidente Peña Nieto, ni su gabinete ni los gobernadores priístas, mucho menos los candidatos derrotados, se han hecho cargo de al menos una cuota de responsabilidad ante el castigo de las urnas. Prolifera asimismo el mal de negar la evidencia ante otras crisis en curso. Es improbable que por esa vía se reparen los daños y extravíos que exhibe el barco tricolor, lo que hace crecer el peligro de un hundimiento mayor.
En esta lógica de ocultamiento, Beltrones hubo de presentar su renuncia a la presidencia del PRI con un lenguaje cifrado, sin datos duros ni responsables con nombre y apellido. La fuerza de sus señalamientos se agotó por la falta de oportunidad y claridad.
Nuño lanzó por meses amenazas de ceses fulminantes contra maestros faltistas, advirtió que la reforma educativa no se tocaba, que no habría ningún tipo de negociación, y que el conflicto con la CNTE se resolvería en su dependencia.
En sólo unas semanas todo eso quedó en famosas últimas frases, pues el funcionario fue ya desplazado del manejo del problema, y la violencia en Oaxaca obligó a la autoridad a sentarse a una mesa sin agenda condicionada. En unos cuantos días, Nuño parece haber quedado vacío de poder y prestigio. Contra lo que soñó, su salida de la SEP podría no ser con una candidatura bajo el brazo, sino con una renuncia que sepulte sus aspiraciones más básicas.
Destaca en contraste el caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que no sólo ha logrado evadir cargo de falla alguno, sino que ante la caída de Beltrones y Nuño, aparece con un panorama más despejado hacia el 2018, donde corre en segundo lugar, todavía superado por Luis Videgaray, de Hacienda.
No falta quien encuentre en este balance una muestra del supuesto genio político del secretario de Gobernación, por deshacerse con tanta eficacia de dos adversarios políticos ciertos.
Al huésped del Palacio de Bucareli lo beneficia el hecho de que la autocrítica en el PRI es poco menos que nula, pues importantes derrotas electorales exhiben las huellas digitales de gobernadores y otros personajes priístas, que incurrieron en diversos desatinos, como impulsar candidatos con base únicamente en criterios de amistad o complicidad.
El tema roza a Osorio Chong en Hidalgo, que gobernó (2005-2001) y donde sigue siendo el principal factor de poder. El aspirante oficial, Omar Fayad, arrancó su campaña con 30 puntos de ventaja, la mitad de los cuales se volatilizó no por la fortaleza de la oposición sino por pugnas internas. Durante todo el proceso hubo “fuego amigo” del gobernador José Olvera. De las 84 presidencias municipales –cuyos titulares tendrán mandato por cuatro años y serán reelegibles-, el PRI perdió más de la mitad, entre ellas la capital, Pachuca. ¿Cuántos de los abanderados derrotados fueron impuestos por Olvera y Osorio?
Una autopsia más amplia de las derrotas del oficialismo multiplicaría relatos como los anteriores, sea en estados en donde el Institucional perdió, sea donde logró conquistar la gubernatura pero acusando un serio retroceso.
La apuesta por acotar la discusión sobre lo que le ocurrió al partido del presidente Peña Nieto no traerá beneficios ni al mandatario, ni a su estructura política. Antes bien, puede provocar nuevos debacles electorales en 2017, cuando será disputada, entre otras, la gubernatura del Estado de México.
La pérdida del estado natal de Peña Nieto, por su ubicación estratégica, por su peso electoral en el país, por su simbolismo, anticiparía casi fatalmente una nueva expulsión del PRI de Los Pinos, dentro de un panorama mucho más complejo que el que sufrió en el 2000. El músculo para resurgir ya no estaría ahí. Lo que sí podría estar es el riesgo de la extinción o la autodisolución.