Esta semana el tribunal federal con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, determinó ratificar una sentencia de amparo liso y llano mediante el cual se había resuelto en favor de la empresa Oceanografía.
En dicha sentencia se le revocaba la inhabilitación que le había sido impuesta desde enero del 2015 por la Secretaria de la Función Pública mediante la cual se prohibía que dicha empresa prestara sus servicios a cualquier dependencia del gobierno federal, además de que fijaba una multa económica por 24 millones de pesos. Ambas sanciones se le habían impuesto como consecuencia de la falsificación de documentos oficiales a Petróleos Mexicanos, documentos con los que obtuvo préstamos por 500 millones de dólares con Banamex Citigroup.
Ahora no solo el panismo y el peñanietismo están interesados en lavarle la cara a Oceanografía y su dueño, Amado Yáñez, el Poder Judicial Federal adoptó con esta resolución la defensa de Oceanografía, encubriendo los fraudes perpetrados por la empresa, sucumbiendo nuevamente a las presiones políticas de alto nivel.
El caso de Oceanografía es el ejemplo más visible de corrupción e impunidad que impera en el país con la entrega de contratos para beneficiar a la clase política corrupta que por años ha vivido de los recursos públicos del país. Queda claro que Peña Nieto ha utilizado políticamente este expediente como moneda de cambio para chantajear al panismo corrupto que mal gobernó 12 años el país, y se demuestra una vez más que lejos de emprender una lucha frontal contra la corrupción, el gobierno actual solamente produce telenovelas mediáticas transmitidas por el duopolio televisivo, empresas que también son beneficiadas por la misma impunidad.
La falsificación de documentos oficiales, así como los delitos cometidos por servidores públicos como Mario Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN al Gobierno de Campeche, y ex Subdirector de PEMEX, quien firmara las adendas de una serie de contratos con esta empresa cuando ya no tenía la personalidad jurídica para hacerlo, los adeudos con el SAT y con el Seguro Social en perjuicio de su basta planilla laboral, todo ello cometido de manera dolosa, no importó al Tribunal de Alzada para resolver y restituirle sus derechos a la empresa de Amado Yáñez.
Bajo esa tesitura los ciudadanos nos hacemos muchas preguntas, pero la más importante es ¿Qué falló, quien falló? La información pública que se libere sobre este asunto seguramente asegurará que no se contó con los elementos jurídicos necesarios para que la inhabilitación de Oceanografía continuara, impidiendo así que fungiera como proveedora del gobierno federal, con lo que dará carpetazo a uno de los escándalos empresariales de corrupción gubernamental mejor documentados en la historia de nuestro país.
Lo sucedido esta semana deja en claro que la supuesta lucha anticorrupción emprendida por el Ejecutivo es una falsedad mediática, lo cual señalamos en todo momento en el Congreso de la Unión, por lo cual el rimbombante Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado ha nacido muerto por el simple hecho que sobre la integridad ética y de transparencia del Ejecutivo federal pesan dudas por el caso de la Casa Blanca en Lomas de Chapultepec y diversas propiedades de dudosa procedencia en su propiedad o en la de integrantes de su gabinete.
Queda claro que en este país quien incumple la ley pero es poderoso o representa intereses de los poderes fácticos es protegido por la Justicia Federal, pero si se es maestro o estudiante y combate contra la injusticia y las violaciones a las leyes y los derechos de las personas no tiene un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.