La ética profesional nos debe guiar a todos. Esto no es un ideal ingenuo e inaplicable, ni una retórica fácil, sino parte del normal proceso de un trabajo; puntualmente se refiere a cumplir con la función para la que se nos contrató y se nos paga, teniendo en mente el beneficio de una sociedad. Si en cualquier trabajo cumplir es fundamental, en el caso de las autoridades va más allá de la voluntad; el incumplimiento tiene implicaciones que van desde la sanción administrativa hasta las responsabilidades civiles o incluso penales.
Desde esta perspectiva, ser servidor público es un trabajo sumamente demandante y difícil, puesto que el error que en algún otro trabajo se podría tolerar, en el servicio público tiene -en teoría- consecuencias graves.
Sin embargo, la imperante impunidad en nuestro país nos lleva a que sólo quien cuenta con una profunda ética personal asuma el compromiso de ser un servidor público en toda la extensión de la palabra. Esto sucede mientras otros aprovechan la falta de supervisión, la improvisación y desconocimiento de procesos de los titulares, las carencias tecnológicas, la falta de recursos, la ausencia de una rendición de cuentas institucionalizada y la penetración de las redes de corrupción, para simular que cumplen con su función sustantiva: servirle al pueblo.
El caso asume mayor gravedad cuando estas fallas afectan la vida, la seguridad y la integridad de las personas. Si tomamos como ejemplo lo que viven las víctimas de delitos graves, podemos entender que no se trata de pedir estándares morales arbitrarios, sino permitirle acceso a la justicia y a una eventual reparación del daño a quien sufrió las fallas de un sistema disfuncional y de la simulación de las autoridades correspondientes.
Conociendo las carencias y deficiencias tanto de nuestro sistema como de nuestras instituciones y autoridades, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó a la opinión pública el pasado 15 de febrero, el documento titulado El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia? (www.onc.org.mx). Este constituye el primer fascículo de un amplio proyecto que incluye otros ocho productos de investigación que van desde el análisis del marco normativo y políticas públicas, la atención a víctimas, las capacidades institucionales con la finalidad de culminar con 4 manuales de buenas prácticas.
Este fascículo analiza las diversas bases de datos que contienen información sobre personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas y concluye que:
1. La información con la que contamos no permite generar políticas públicas especializadas ni efectivas que permita atender las necesidades de las víctimas, investigar delitos, perseguir culpables, permitir el acceso a la justicia y a la verdad.
2. Las bases federales y estatales tienen inconsistencias, errores estructurales y de proceso que la autoridad conoce y que tras año no ha subsanado.
3. Hay entidades federativas que no muestran esfuerzos por cumplir con los mínimos necesarios en cuanto a la atención a las víctimas de este delito grave violación a derechos humanos.
4. Los recursos destinados a estos ejercicios sirven para simular el cumplimiento de compromisos acordados y requisitos formales de ley, al tiempo que violan los derechos humanos de las víctimas, debilitan las acciones implementadas en materia de seguridad y el Estado de Derecho.
Debido al estatus de la información sobre desapariciones forzadas e involuntarias, en el ONC proponemos como resultado de la investigación realizada un Registro de Gestión de Información de Desaparecidos en México (RGIDM). Este constituiría un instrumento de consulta y uso público, con niveles restringidos de acceso para información que requiera privacidad de manejo, que incluya aspectos que ya existen y que podría permitir cruces fundamentales de información:
1.- Implementar plenamente el software donado por Cruz Roja Internacional ante mortem/post mortem (AM/PM) que concentra no sólo los datos de desaparecidos sino información sobre las personas encontradas sin vida.
2.-Incluir información de personas no identificadas en hospitales, albergues, entre otros.
3.- Incluir información sobre personas que se encuentran en centros de detención.
4.- Generar un registro de fosas comunes y clandestinas.
5.- Desagregar la información recabada de personas desaparecidas no sólo para fines de su difusión sino para entender las características de este fenómeno delincuencial partiendo de la identificación del sujeto activo.
Esto implica que la autoridad asuma el compromiso tanto de consensuar como de homologar qué y cómo se va a registrar: casos, personas desaparecidas, extraviadas, no localizadas o ausentes. Esto debe venir acompañado de un capacitación sustantiva para que el policía, ministerio público, perito, sean sensibles al fenómeno, los conozcan y sepan usar las herramientas; a las par de sistemas de supervisión y rendición de cuentas.
Por mucho tiempo los mexicanos hemos permitido que continúen cometiéndose saqueos; hemos permitido que la corrupción y la impunidad sean regla; hemos permitido que las faltas de capacidades institucionales cada vez sean más profundas sin que ello implique un costo político para nuestras autoridades. Las consecuencias de la permanencia y reproducción crónica de estos fenómenos están a la vista de todos y se hace tangible en la incapacidad del Estado por atender las necesidades mínimas de la sociedad, la desigualdad, la pobreza, la baja competitividad, la pérdida de control del territorio nacional debido a la fuerza y a la violencia ejercidas por parte de los grupos delincuenciales.
Debemos impulsar que la ley se cumpla y que quien de manera voluntaria decide asumir un cargo público, entienda cuáles son las implicaciones negativas y positivas de sus acciones y omisiones institucionales. Sería ideal que la simulación de nuestras autoridades no tuvieran un costo y que simplemente no pasara nada. Sin embargo, la realidad es muy distinta pues en el caso de las desapariciones forzadas e involuntarias esta ha permitido que continúen generándose profundos vacíos en hogares y comunidades tanto por la ausencia de un ser querido como por la incertidumbre sobre su suerte y paradero.