Main logo

¡Nos sacamos la lotería!

El escándalo abierto con la filtración de una conversación entre la diputada del PRD Purificación Carpinteyro, y de acuerdo a los medios de comunicación, José Gutiérrez Becerril, directivo de Telefónica Movistar, en la que abiertamente se discute la oportunidad de iniciar un negocio en el ámbito de las telecomunicaciones, ha puesto en el centro del debate tres temas relacionados pero de diferente naturaleza al respecto de la responsabilidad de los legisladores con sus representados.

Por
Escrito en OPINIÓN el

El primer problema consiste en cuestionar la función y desempeño del Congreso en tanto los legisladores tienden a representar intereses particulares. Esto me parece un falso debate. Los legisladores son electos para representar los intereses de los ciudadanos. El maniqueísmo en el debate político nos ha llevado a creer que nuestros legisladores sólo cumplen adecuadamente su función cuando legislan para alcanzar el bien común o para salvar a la patria ante la irrupción de intereses perversos. Esto en el fondo significa que los diputados y senadores tendrían que coincidir en la promoción de una ideología o plataforma políticas únicas para cumplir cabalmente función.

Una perspectiva más pluralista diría que en la sociedad coexisten diferentes formas de entender lo público, y que el objeto de la democracia consiste en abrir canales para que los diferentes intereses individuales y organizados ejerzan su voz, participen y agreguen sus intereses a las decisiones públicas. El punto no es condenar la existencia de intereses particulares, sino crear mecanismos para que todos los actores tengan oportunidades iguales de defender su interés y garantizar transparencia y rendición de cuentas en la formulación de políticas públicas y el proceso legislativo.

Dos problemas muy diferentes consisten en casos en que los funcionarios públicos y los legisladores caen en conflictos de interés y, por otra parte, situaciones en las que existe uso indebido de atribuciones y facultades. ¿Cómo regula la normatividad del Congreso este tipo de casos?

La Constitución señala en su artículo 110 que los diputados y senadores podrán ser sujetos de juicio político y  al respecto, el artículo 109 precisa que: “I.Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. En este caso la frontera es porosa: aprovechar la oportunidad para hacer negocios con una reforma en proceso de dictamen y siendo miembro de las comisiones dictaminadoras, ¿representa un conflicto de intereses o un acto que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales?

La Ley Orgánica del Congreso, por su parte, sólo establece un criterio general en su artículo 11, el cual advierte que “Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes”.

 

El reglamento de la Cámara de Diputados es mucho más puntual, el artículo 8 establece que entre sus obligaciones, los diputados deben (el subrayado es mío): 

“VI. Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos”.

“VII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados”.

“VIII. Guardar reserva de todo lo que se trate y resuelva en las sesiones secretas, así como de la información a la que tenga acceso y que, conforme a lo dispuesto por las leyes respectivas, sea reservada o confidencial”;

“XIII. Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su impacto, beneficios económicos o en especie para:

a) , su cónyuge, concubina o concubino;

b) Parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado;

c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, o

d) Socios o empresas de las que el diputado o diputada formen o hayan formado parte.

XIV. Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los recursos económicos, humanos, materiales y telemáticos, de que disponga para el ejercicio de su cargo, se destinen a otros fines”;

 

Adicionalmente, el artículo 265 señala que: “1. Los diputados y diputadas, así como el personal de apoyo de la Cámara, se abstendrán de hacer recomendaciones que equivalgan a un cabildeo, cuando obtengan beneficio económico o en especie para sí o su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios”.

 

Insisto en que el caso en cuestión oscila entre conflicto de intereses y actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, en tanto puede involucrar: asuntos en los que se tiene interés y se puede obtener un beneficio personal y para terceros; actividades incompatibles con la función legislativa; ostentarse como legislador durante negocios privados; uso para beneficio personal de información a la que se tiene acceso en calidad de diputado; posible uso de espacios físicos, recursos humanos y materiales asignados por la Cámara de Diputados; así como emitir recomendaciones para obtener un beneficio para sí y con terceros con los que se tiene una relación de negocios.

 

Se equivoca la diputada Carpinteyro cuando afirma que en su caso no existe un conflicto de interés. La dirigencia del PRD, que solo unas cuantas semanas atrás señaló un posible conflicto de interés que involucraba al secretario de Energía, lo entendió de inmediato y activó una estrategia de control de daños. Mantener una defensa a ultranza de las actividades de la diputada, equivalía a permitir que el torpedo golpeara de lleno en la línea de flotación del discurso perredista, justo en medio de la negociación de las leyes de telecomunicaciones y la energética.

 

Hay dos cosas en las que la diputada sí tiene razón. En primer lugar, la revelación de un conflicto de interés y su posterior excusa de participar en las comisiones dictaminadoras de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, no debe desviar la atención pública al respecto de prácticas de cabildeo indebidas y presión de las grandes empresas del sector para obtener una legislación orientada a proteger intereses monopólicos. Al igual que en el caso de la reforma energética, las mesas directivas de ambas cámaras y las presidencias de comisiones deben garantizar un debate público abierto y rendir cuentas sobre la forma en que escuchan y toman en cuenta las recomendaciones o peticiones de organizaciones, grupos o expertos.

 

En segundo lugar, ¿es la diputada Carpinteyro la única que cae en conflicto de interés durante el dictamen de las leyes en materia de telecomunicaciones? ¿No deberían revisar también las otras bancadas la agenda de intereses de sus propios legisladores? Y qué decir al respecto de las investigaciones en torno a otros casos recientes de uso indebido de la función legislativa para obtener beneficios privados, ¿cuándo sabremos los ciudadanos los resultados de las investigaciones sobre los “moches”? Lo mínimo que cabría esperar, ya que no se percibe interés en investigar y sancionar, es que los diputados de las diferentes bancadas que han sido involucrados en los “moches”, al menos se excusen de participar en la negociación del presupuesto ante la existencia de un claro conflicto de interés.

 

Lo que me parece central en esta discusión, es que este tipo de situaciones no es producto de que los legisladores representen intereses, sino de reglas del juego que permiten prácticas opacas y discrecionalidad, de la falta de mecanismos más efectivos para garantizar rendición de cuentas y para sancionar actos de corrupción. No son los intereses, sino un mal diseño institucional lo que explica que para algunos legisladores ser electo equivalga a sacarse la lotería.

 

@ja_leclercq