El número 43 será tan inolvidable como el 68. Han sido ya muchos los levantamientos y las manifestaciones provocadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta cifra, que de acuerdo con la numerología está relacionada con revoluciones sociales y con desorden por insatisfacción de necesidades de comunicación a nivel colectivo, representa a un porcentaje mínimo del total de víctimas del contexto violento en el que se encuentra nuestro país. Como la propia búsqueda de los 43 jóvenes lo ha dado a conocer, hay un sinnúmero de fosas clandestinas cuyo contenido no pareciera preocupar a la autoridad, ¿qué pasa con todos los cuerpos encontrados?, ¿a quién pertenecen?, ¿qué se está haciendo para encontrar a otros desaparecidos?... son tantas las preguntas.
Los movimientos sociales forjados en estas últimas semanas en demanda de justicia para las 43 personas desaparecidas, son el resultado de un hartazgo generalizado, que está dispersado en todo el territorio nacional y en todos los estratos sociales. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, son tan sólo algunas de las entidades en las que existe una crisis institucional agravada resultado de una fuerte desigualdad social, de la corrupción e impunidad. Esta problemática extendida, que pareciera seguir creciendo, esta inmersa en una “cultura” de la violencia, en la que la fuerza es utilizada como única herramienta capaz de resolver las diferencias entre las personas y grupos sociales.
El descubrimiento de cuerpos y restos humanos nos ha despertado algunas preguntas: ¿A quién pertenecen?, y ¿acaso estas víctimas no tienen familias que busquen justicia por su ausencia y muerte? Los 43 normalistas han corrido con un poco más de suerte en la medida en que su caso se ha escuchado y tiene un fuerte eco a nivel nacional e internacional, sin embargo, son muchos más los desaparecidos. Pareciera como si nuestra sociedad estuviera enfocada sólo en localizar a los 43 estudiantes, ¿quién se preocupa por las demás víctimas?
Existen cifras oficiales de acuerdo con las cuales desde 2006 hay 22 mil 300 personas sin localizar, cifras que de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, no reflejan la realidad nacional. Aunado a lo anterior, existen también cifras altas de comisión de delitos y la percepción de inseguridad por temor al delito es alta, pues 67% de la población mayor de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro. De igual modo, de acuerdo con cifras del INEGI, la expectativa social de mejora de la seguridad pública es muy baja. La normalización de la violencia en nuestra vida diaria, ha provocado que consideremos aceptable el uso de la fuerza y el daño a otros seres humanos.
La violencia y la percepción que de ella tiene la sociedad afectan el desarrollo humano e impiden un adecuado ejercicio de los derechos humanos de toda persona. Rechazar la violencia y solucionar los conflictos a través de una comunicación activa y directa entre los interesados es uno de los objetivos de una cultura de paz, para la cual las autoridades a todos los niveles deben trabajar.
Alcanzar una mejor calidad de vida, así como una cultura de paz y de no violencia puede lograr reducir los costos económicos y políticos del uso de la fuerza y el poder ilegítimos. Ahora bien, ¿cómo desaprender como sociedad las conductas y valores violentos que de manera implícita y explícita se enseña en las escuelas, calles y familias? y ¿cómo sustituir una “cultura” de la violencia por una cultura de paz? La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, emtidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, identifican ocho ámbitos en los cuales debemos trabajar como sociedad para promover y fomentar una cultura de paz, dentro de estos tienen un lugar significativo la educación, el desarrollo de los derechos humanos y la participación democrática.
Como personas capaces de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus funciones y del Estado Derecho, resulta también congruente de nuestra parte, exigirnos a nosotros mismos como ciudadanía la adopción de conductas conformes con nuestro anhelo de paz y respeto de la dignidad e integridad personales. El uso de violencia como arma para la resolución de conflictos u obtención de justicia implica recurrir a la ya superada ley del talión (ojo por ojo, diente por diente) y olvidar que “la violencia se alimenta de violencia”, tal y como decía Gandhi.
Como sociedad nos encontramos en un proceso de concientización de nuestro poder como comunidad para protestar contra prácticas arbitrarias de autoridades y particulares. Este poder ciudadano debe ser ejercido de manera pacífica, en un proceso positivo, dina´mico y participativo en el que, a través de un espíritu de dia´logo, entendimiento y cooperacio´n mutuos, se puedan solucionar los conflictos.
Adoptar una disciplina de apertura, paciencia, compasión y flexibilidad hacia las posturas adversas a las propias, tal y como Gandhi predicaba, es fundamental. Si bien hace falta mucho por hacer para adquirir valores propios de una cultura de paz, existen avances significativos por parte de la ciudadanía que se está organizando, y de algunas autoridades que están atendiendo los reclamos sociales al entrar en diálogo directo con la sociedad civil, como lo han procurado diversas dependencias e instituciones como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Universidad Autónoma de Guerrero, por ejemplo.
Como resultado de la desaparición de los 43 normalistas seguimos descubriendo fallas estructurales y una falta de asunción de responsabilidades del gobierno y actores políticos. Recurramos a la paz como método alternativo para resolver nuestras necesidades de comunicación a nivel colectivo, y para expresar nuestras exigencias como sociedad. Como ya decía Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”. No son 43, son muchos más los heridos en esta guerra de violencia. Exijamos justicia por el camino de la paz.