Tras la caída de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero y ante la evidente podredumbre que envuelven al ex Alcalde de Iguala y su “distinguida” esposa, el PRD ha sido desnudado de cuerpo entero por su hipocresía y posición convenenciera. Le vendieron su alma al diablo y ahora no saben cómo salir de este embrollo. No hay mucho que esperar de ellos. Están en la lona.
Y mucho se ha dicho que Enrique Peña Nieto enfrenta con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el momento más grave de su administración. Es obvio. Está a la vista. Pero no es sólo su crisis. Es la del país entero. Lo que él haga o deje de hacer tendrá una repercusión trascendente, dadas las enormes atribuciones presidenciales que le otorga nuestro marco constitucional al Ejecutivo Federal.
Así como se le reconoce en el mundo, quizá en desmesura, su contribución por las reformas estructurales que el Constituyente Permanente y el Congreso de la Unión aprobamos en los últimos tiempos, es como se le pasa también la factura al Jefe del Estado mexicano por los lamentables y reprobables acontecimientos que le han dado la vuelta al planeta.
Apenas un tercio de su gobierno ha transcurrido y permea la sensación de que los problemas se están saliendo de control; que la ingobernabilidad va ganando terreno y que el futuro de la nación es incierto, por decir lo menos. Con todo, nadie, en su sano juicio y con un mínimo sentido de responsabilidad, podría festejar dicha situación.
Quienes tenemos un cargo público, sea del partido político que sea, estamos obligados a cerrar filas con el presidente en estos complicadísimos momentos de la República para devolverle, cuanto antes, gobernabilidad y estabilidad. Ver cómo se desvanece el gobierno o alegrarse del desgaste de la imagen del PRI de cara a los próximos comicios es una visión corta, mezquina y ruin. Ah, pero el primero que está obligado a asumir a plenitud su responsabilidad es el propio presidente Enrique Peña Nieto. No tendría la estatura moral ni la legitimidad para pedirle a los demás algo que él no está dispuesto a realizar.
Así pues, Peña Nieto debe actuar como presidente de la República y no como presidente del PRI. Su objetivo no puede centrarse en las elecciones del 2015. Que el partido, sus candidatos y estrategas se encarguen de rescatar lo que puedan mientras el titular del Poder Ejecutivo ejerce con sus atribuciones legales al límite de su voluntad y capacidades.
Hace más de un año, nos ofrecieron que se darían a conocer los nombres de quienes, por su negligente actuación, permitieron asentamientos y construcciones irregulares en Acapulco, irresponsabilidad que provocó, entre otros factores, muertes y enormes daños por los meteoros “Ingrid” y “Manuel”. Pero es la hora que nada se ha revelado de aquello. Y no porque le sigan rascando al asunto sino porque los personajes involucrados son posibles jugadores en los procesos electorales del año próximo en la entidad. De ahí que pocos se creen aquella oferta de llegar “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”.
De la misma manera, el presidente debe asumir personalmente el puntual seguimiento de las investigaciones que realice la Procuraduría General de la República hasta llegar a conclusiones certeras y, en consecuencia, aprehender y consignar a los responsables de este horrendo crimen. Dar con los autores materiales e intelectuales de estas atrocidades e ir por los funcionarios públicos que, por cobardía o complicidad, permitieron que las cosas ocurrieran como ocurrieron (antes, durante y después de la tragedia) es un imperativo que no admite el menor titubeo, trátese de quien se trate.
Peña Nieto tiene que hablar en todo momento con la verdad, por dura y cruda que ésta sea. Especialmente lo tiene que hacer frente a los familiares de los desaparecidos. Debe dar constantemente la cara pero con un rostro y mensaje más humanos. Una cosa es no perder la esperanza y otra muy distinta es alimentar falsas esperanzas. El peor de los mundos es la incertidumbre. Y ya no hay timing que valga para calcular “el momento adecuado” para revelar hallazgos.
Y una cosa es el respeto a la libertad de expresión y otra muy distinta que ésta se tome como pretexto para pisotear los derechos y libertades de los demás. No se puede justificar que, por la legítima demanda de encontrar vivos a los muchachos desaparecidos se toleren actos de vandalismo, rapiña, saqueos en comercios, destrucción e incendio de inmuebles, bloqueos de vialidades o carreteras, secuestro o suspensión de labores de todo tipo.
No actuar con firmeza y legalidad a tiempo es combustible para el conflicto. Alienta a que otros grupos o personas se contagien de ese ánimo de revancha o abuso, sobre todo si se considera que ante la flagrancia de los hechos no hay más sanción que la típica condena discursiva.
En fin. Cierto es que el presidente Peña Nieto no la tiene nada fácil. Cierto es que propios y extraños ya se han percatado de que las cosas no son tan sencillas como se las pintaron y como ellos mismos se las transmitieron al electorado en el 2012. Y cierto es, finalmente, que si este grave capítulo no se cierra bien y pronto, estaremos no sólo frente al desplome del PRD y el fracaso del PRI y su gobierno. Estaremos frente a un retroceso en todos los órdenes de nuestra vida nacional. Y con eso no se juega. Que conste.