Esa parece ser la línea de argumentación de autores como Enrique Krause y Luis Rubio, en sendos artículos en Letras Libres y en Reforma. Señalan que la economía abierta, la competencia electoral, las reformas institucionales y de mercado, la estabilidad Mari, la dinámica económica de la región centro-bajío, la libertad de prensa, son logros del país de las últimas décadas, que no podemos poner en riesgo. La inseguridad extrema de algunas regiones del país, el lento crecimiento económico, las graves fallas de las instituciones públicas, el nulo avance en la mejora de la procuración de justicia, la creciente desigualdad, la corrupción endémica del sistema político, la violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas, son problemas más o menos normales e inevitables en las democracias jóvenes que tenemos que enfrentar, pero tampoco desesperarse, ni intentar nada radical.

 

La mayoría del país es joven y no recuerda cuando no se conseguía pasta de dientes en los años ochenta y Excélsior y Jacobo serán las únicas fuentes informativas. Lo que no se dice es que precisamente vivimos el fracaso de los proyectos de modernización económica y transición democrática del país. A medida que las elecciones se acercan, surgen las advertencias para que los mexicanos nos comportemos y no se nos ocurra considerar un camino distinto.

 

Nadie propone el fin del pluralismo, tampoco a mejoras institucionales cuya maduración es lenta. Pero la verdad es que con las herramientas actuales sería posible reducir la corrupción, mejorar la asignación y ejercicio del gasto público, evitar la violación masiva de los derechos humanos y limitar la captura de la regulación y las rentas del estado.

 

Escogimos combatir la inseguridad con más violencia, sin corporaciones de seguridad confiables para la ciudadana y sin intervenciones que combinen el combate al crimen con el desarrollo de las comunidades. Nadie dice que en México se practique una censura de prensa similar a la de los años ochenta o noventa. Eso simplemente no es posible en la era de las redes sociales. Sin embargo es evidente que los intereses y la inversión gubernamental en publicidad limita la independencia editorial de los principales medios, por lo que afecta  la cobertura y el nivel de debate de buena parte de los temas nacionales más críticos.

 

La oposición política también se diluye cuando son intereses económicos o simplemente dinero, como sucede con los sobornos relacionados con los etiquetados presupuestales, lo que define las posiciones políticas. El Congreso es cada vez menos un espacio de presión política y de fiscalización, porque los recursos ahí sirven para financiar lecciones, no para construir instituciones que sirvan de contrapeso.

 

Nadie dice que se deben revocar los tratados comerciales (aunque varios aspectos deben de ser replanteados) y romper los equilibrios macroeconómicos, aunque la estabilidad de las finanzas públicas ya fue puesta en riesgo por el gobierno actual. Lo que es evidente a revisar la política de apertura comercial total, aún frente a países de los que no recibimos reciprocidad, sin una política industrial que ayude maximizar el valor nacional de lo que se produce, que proteja a nuestras industrias estratégicas y que ayude a que las empresas nacionales innoven, absorban tecnología y se conecten a las grandes cadenas globales de valor.

 

Como no lo hacemos, a pesar de que el tipo de cambio se devalúa, nuestras exportaciones no crecen. Lo que ya pudimos haber hecho es mantener niveles altos de inversión productiva y utilizarla de manera estratégica para generar crecimiento e incrementar la competitividad del país. No lo hacemos porque planeamos y ejecutamos mal el gasto. No lo hacemos porque ni hemos sido capaces de controlar a los actores económicos rentistas, gravar a los individuos más acaudalados y apoyar a los que generan inversión y empleo. No entendimos que el papel del Estado en la economía no era renunciar a todo protagonismo, sino en ser el factor que facilite y promueva el desarrollo.

 

Dos datos muestran el fracaso de nuestra estrategia económica. El PIB mexicano es el 40% del estadounidense en la década de los ochenta, hoy es de menos de 30 por ciento. En los últimos años el empleo formal creció alrededor del 10%, pero el ingreso laboral disminuyó en 10% y la masa salarial en 20 por ciento. Así como no entendimos que la democracia no solamente es competencia electoral, sino también rendición de cuentas y espacio para que la sociedad exprese sus demandas, no pensamos en la necesidad de construir un estado de bienestar que permita reducir la desigualdad.

 

Nos compramos la idea de que lo que importaba era combatir la pobreza con programas focalizados. No entendimos que además era urgente garantizar mayores pensiones, contributivas y no contributivas, establecer un salario mínimo efectivo y garantizar prestaciones laborales, establecer seguros de desempleo y servicios universales de salud decentes. A estas alturas ya tendríamos que haber garantizado la cobertura universal de la preparatoria y duplicado la matrícula universitaria. La desigualdad apenas comienza a ser parte de la agenda de los partidos y definitivamente no lo es del gobierno.

 

El mal humor social tiene causas reales. No es un problema de falta de memoria. Se trata de reconocer el enorme fracaso de nuestros proyectos de construcción de instituciones democráticas y de modernización económica. Nos equivocamos en buena parte de la estrategia y del diagnóstico, pero además tampoco rectificamos. Es por eso que lo que la sociedad espera de las próximas elecciones son propuestas, posturas y compromisos para construir un país distinto. Eso no significa dinamitar todo lo que exige. Pero lo que sería en realidad arriesgado es pensar que vamos a encontrar estabilidad y prosperidad si mantenemos el estado actual de las cosas.

 

Lo que tenemos es francamente insuficiente, poco democrático y definitivamente injusto y desigual para la mayoría de los mexicanos. Queremos una mejora radical en la distribución del ingreso, una prensa mucho más crítica y plural, un congreso que refleje las preocupaciones nacionales y haga rendir cuentas al gobierno, queremos políticas económicas que generen crecimiento sostenible e incluyente. El desempeño de nuestras instituciones de justicia y seguridad simplemente no es aceptable, y no va a mejorar con reformas legales que faciliten los abusos a los derechos de las personas. Estamos enojados con razón y tenemos que hacer algo al respecto.

 

@vidallerenas

@OpinionLSR



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