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No por ser legal es legítimo

Vivimos en un Estado Democrático de Derecho y esto implica rendir cuentas.

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Escrito en OPINIÓN el

Un nuevo caso de posible conflicto de interés toca al Presidente; de nuevo la adquisición de un inmueble, de nuevo una empresa que parece verse privilegiada por la cercanía con el entonces gobernador, hoy presidente Peña.

 

De nuevo el vocero presidencial sale y explica la legalidad de las adquisiciones y de la relación con las empresas sin que nuestras autoridades parezcan entender que una acción, por ser legal, no necesariamente es legítima.

 

Ser autoridad es difícil, casi ingrato. Los ciudadanos, los medios de comunicación, la opinión pública, juzgamos todo un desempeño con base en poca información y una acción cuestionable puede pesar más que años de conducta intachable. Ser autoridad también es uno de los trabajos más nobles y emocionantes; al ser servidor público se siente que lo que se hace toca la vida de personas y el destino de la nación.

 

Sobre todas las cosas, ser funcionario, competir por un cargo de elección popular, es una decisión personal que se debe tomar con seriedad considerando que, como todo en esta vida, los privilegios y beneficios inherentes al cargo conllevan una serie de costos individuales que llegan a afectar al círculo familiar. Ser un personaje público implica necesariamente ser cuestionado por mí actuar, probablemente también por el de mi esposa e hijos, incluso el de mis colaboradores y, si uno no está dispuesto a pagar el precio, no debería optar por ejercer cargos públicos.

 

Sobre todas las cosas, ser funcionario, competir por un cargo de elección popular, es una decisión personal que se debe tomar con seriedad, tomando en consideración los costos individuales e, incluso para el círculo familiar inherentes al cargo. Ser un personaje público implica necesariamente ser cuestionado por mí actuar, probablemente también por el de mi esposa e hijos, incluso el de mis colaboradores y, si no se está dispuesto a pagar esos costos, no se debería optar por ejercer cargos públicos.

 

Por eso las conductas cuestionables se deben evitar a toda costa: Qué compramos, con quién tomamos un café, cómo, a dónde y con quién viajamos o viaja nuestra familia, qué publicamos en redes sociales o qué publican los hijos de candidatos presidenciales, de gobernadores, alcaldes, diputados, líderes sindicales o funcionarios. Una autoridad sí debe conducirse de manera impecable (rayando en la paranoia) porque su actuar impacta en la percepción social de instituciones y gobiernos. Quien no esté dispuesto, que renuncie ya que esta es la palestra en donde nos movemos.

 

Escribe Carlos Puig en su columna Duda Razonable ¿Cuántas casas más antes que reaccione el gobierno?". La reacción de Sánchez parece indicar que en Los Pinos aún no tienen claro el tamaño del problema en el que están metidos. No parecen haber medido la magnitud de la indignación, del hartazgo frente a lo que ha venido sucediendo desde aquella mañana en que se conoció el lío de la Casa Blanca[1]".

 

En efecto parece que a nuestras autoridades sigue sin quedarles claro que, explicar con claridad amistades, compromisos, beneficios y acciones es su obligación. Vivimos en un Estado Democrático de Derecho y esto implica rendir cuentas. Sin embargo, parecen no entender que los mexicanos estamos atentos, tenemos ojos, oídos, bocas, celulares y redes sociales para hacernos escuchar; los mexicanos estamos hartos de simulación, improvisación, abusos, nepotismo, amiguismo, corrupción y autoritarismo y sabemos que para esto no hay importa el color, edad, sexo, ideología, o niveles socioeconómicos; afortunadamente parece que cada vez lo vamos a permitir menos.

 

En cada elección, en cada discurso público escuchamos lo comprometidas que están nuestras autoridades con el combate a la corrupción, el fortalecimiento institucional, el imperio de la ley pero, ante cuestionamientos sobre la legitimidad de sus actos se ofenden, y se limitan a dar explicaciones improvisadas que se alejan mucho de una verdadera rendición de cuentas.

 

Pese a este poco alentador diagnóstico sí tenemos solución, como ciudadanos debemos ejercer votos pensados en vez de votos corporativos; debemos manifestar nuestro rechazo ante acciones que consideremos debilitan el Estado de Derecho; debemos ser ejemplo constante de respeto a la ley y podemos ser observadores en temas que nos interesen y que conozcamos para ser un contrapeso al abuso y al arribismo.

 

Para nuestras autoridades sobra decir que deben ser ejemplo de cultura de la legalidad, siempre, tanto frente a las cámaras como cuando no haya; implementar mecanismos institucionales que prevengan y/o combatan posibles actos de corrupción; transparentar y rendir cuentas y sobre esto quiero ser claro: transparentar no es simplemente poner información en un portal, es presentar información sustantiva de manera clara, fácil y oportuna, así como rendir cuentas significa explicar los cómo, por qué y para qué de cada decisión. Con transparencia y rendición de cuentas se evitarían espacios para la suspicacia y las acciones, que pudieran ser cuestionables sin esa rendición de cuentas, no sólo serían legales sino también legítimas.

 

México puede llegar a ser ese gran país que por décadas nos han prometido y del que, por corrupción e impunidad, nos han privado. En cada uno de nosotros está el que esto se cristalice para evitar que casas, trenes, cachetadas, fajos de billetes, carros adquiridos por no sé quién, nos hagan decir "todos son unos ratas", porque, entre otras cosas, no todos lo son, existen muchos impecables servidores públicos que pagan por los corruptos y esto tampoco es justo.

 

@frarivasCoL

 

[1] http://www.milenio.com/firmas/carlos_puig/Cuantas-casas-reaccione-gobierno_18_450135009.html