La corrupción es un problema grave en todo el mundo que en México se asocia a la impunidad generalizada. Los hechos de corrupción no se han visto atemperados con algunos casos de grandes corruptos que se vean enjuiciados y lleguen a la cárcel. Tal vez esto cambie pronto, pero de momento el camino es pedregoso.
Enfrentamos un marco legal lleno de agujeros y una operación institucional deficiente. Podría hasta sospecharse que ambos tienen defectos de diseño que pudieran ser intencionales. La idea no es tan extraña si pensamos en la palabra inglesa “loophole”, referida a una ambigüedad, un punto oscuro colocado en las leyes para darle una escapatoria a unos cuantos.
Vivimos días de intensa lucha política que amenaza llevar a varios exgobernadores (o cercanos a serlo) a rendir cuentas ante la justicia. Lo que implicaría romper la barrera de la impunidad histórica que ha protegido a la alta clase política. Sin embargo el proceso deja mucho que desear desde la perspectiva de verdadera lucha contra la corrupción.
Tal vez se entienda mejor esta crítica si pensamos en el caso de Brasil donde las acusaciones de corrupción a Dilma Roussef, la ex presidente recién depuesta y, ahora a Lula Da Silva, el ex presidente anterior, son mero pretexto para destruir la estrategia económica que representan. Lo paradójico es que sus acusadores son notoriamente corruptos.
En aquel gran país sus contrincantes decidieron que eran culpables y luego buscaron con lupa de qué acusarlos. Se trata de una contaminación política de la lucha contra la corrupción que la convierte en mero instrumento de conflictos entre grupos políticos.
Lo mismo, de alguna manera, está ocurriendo en México. De ningún modo estoy diciendo que los aquí acusados de corrupción son inocentes; en todo caso sabemos que son notoriamente sospechosos.
Las elecciones del pasado cinco de junio resultaron en un duro revés al PRI que terminó de perder el control de los gobiernos locales en los que vive la mayoría de los mexicanos. El triunfo de varios de los gobernadores de oposición electos se puede atribuir al hecho de que prometieron investigar, demandar y llevar a la cárcel a sus antecesores, por corruptos. Ahora el asunto nodal es si eso ocurrirá.
Veracruz es el caso paradigmático. El 26 de septiembre la Comisión de Justicia Partidaria del PRI nacional suspendió los derechos de militante del aún gobernador, Javier Duarte. Con ello se le descobija políticamente y el partido se intenta colocar ante la opinión pública como un agente anticorrupción activo.
Sin embargo, en lo que parece ser un entramado de complicidades, veinte diputados federales de Veracruz reaccionaron en apoyo de su gobernador. Firmaron un manifiesto en el que declaran su apoyo incondicional al gobernador y refutan las acusaciones que provienen de un adversario político (el gobernador entrante).
Se trata de una rebelión de graves consecuencias, sobre todo si se extiende a otros estados. Podría destruir el control del PRI en el Congreso nacional y llevaría a perder las elecciones presidenciales del 2018. También contribuiría a agravar las tensiones y el encono dentro de los estados afectados.
Pero lo que importa destacar es que las acusaciones provienen, como en otros casos, de un contrincante de alto nivel y los defensores del acusado actúan en estrictas líneas partidarias. Es decir que el asunto no surge y no transcurre dentro del actuar institucional de las agencias encargadas de vigilar, disuadir y, en su caso, sancionar la corrupción.
En Quintana Roo se acaba de conocer que el ex gobernador Borge gastó durante su gestión más de mil millones de pesos en el alquiler de aviones y helicópteros. La nota surge ahora tras el cambio de gobierno; como han surgido muchas otras y cabe sospechar que surgirán cochineros y se sacudirán avisperos en otras entidades.
Lo más preocupante es que las acusaciones de corrupción surgen a destiempo. No de la manera oportuna en que deberían conocerse si funcionaran como deben ser las instituciones anticorrupción y, en particular, las legislaturas locales.
Por el contrario, en los estados se establecen virreinatos de poder unipersonal concentrado, altamente corrosivos de una institucionalidad que debiera funcionar con contrapesos y equilibrios entre poderes que evitaran el exceso de cualquiera de ellos. Esto es lo que hay que corregir a fondo y para ello no bastan brotes esporádicos de combate a la corrupción que sean meros instrumentos de la lucha política.
El presidente Peña Nieto acaba de hacer una declaración controvertida. Dijo “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”. “Porque este tema que tanto lacera, la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos”.
¿Qué quiso decir? La primera interpretación es una aceptación lastimosa de lo extendido de la corrupción. Pero más allá revela preocupación porque los conflictos políticos amenazan con desbordarse y poner en riesgo a toda la clase política. Se trata entonces de un llamado a no lanzarse piedras porque todos tendrían cola que les pisen.
Tal vez la situación demanda este peculiar llamado a la calma. Pero se queda demasiado corto. Urge no sólo combatir la corrupción sino restablecer una gobernabilidad democrática mediante una transparencia cotidiana del actuar público basada en la destrucción del poder unipersonal. Se necesita recrear equilibrios y contrapesos entre los distintos poderes estatales, que las instancias anticorrupción funcionen con real independencia y alerten con oportunidad sobre todo exceso.
Hay que democratizar desde abajo Sr. Presidente. O se hunde el bote.
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