Los hechos terribles de Iguala y Tlatlaya, no son los únicos y ni siquiera los peores que hemos visto en los años recientes. Las desapariciones forzadas en México suman centenares o acaso miles, lo mismo que los homicidios sin esclarecer. Hay casos tremendos que siguen sin ser resueltos, como la masacre de migrantes de San Fernando, los 300 desaparecidos en el municipio de Allende, Coahuila, las fosas clandestinas con centenares de cadáveres halladas en Durango (se contabilizaron más de 310 cuerpos), las miles de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua (llegaron a las 4,500 mujeres desaparecidas, según algunas estimaciones), los feminicidios en varios municipios del Estado de México a partir del 2010 (hay más de 170 reportes de desapariciones solamente en lo que va del 2014), y un largo etcétera.
De hecho, México ni siquiera ha dado cumplimiento cabal a la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, dictada desde 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El precedente es relevante porque Radilla fue víctima de una desaparición forzada precisamente en el Estado de Guerrero, pero en 1974. Y siguen sin aparecer sus restos. Y sigue la sentencia sin ser cumplida, pese a que podía haber constituido una magnífica oportunidad para mejorar a nuestras instituciones encargadas de investigar desapariciones forzadas.
Tampoco se han instrumentado las medidas que la Corte Interamericana dictó en el caso del feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como “Caso Campo Algodonero”, en cuya sentencia se pedía desde hace más de cinco años crear una base de datos con muestras de ADN de los familiares de personas desaparecidas para poder contrastarlas con los cuerpos que eventualmente aparecieran en fosas clandestinas. Si México hubiera cumplido con ese punto nos hubiéramos evitado el bochorno de no saber a quiénes corresponden los cuerpos hallados en las más de 10 fosas halladas recientemente cerca de Iguala, en las que habían cadáveres que no son los de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Lo que nos debe quedar como lección de tantos y tantos horrores es que no hay una ruta alternativa distinta al Estado de derecho. Necesitamos construir instituciones fuertes, que tengan los recursos humanos y tecnológicos para hacer buenas investigaciones y ofrecer explicaciones creíbles a la ciudadanía. Necesitamos una política efectiva de prevención social del delito (y no la vacilada gubernamental que se limita a entregar anteojos a estudiantes de primaria o secundaria).
Necesitamos una justicia penal que no se agote en la discusión de cuestiones formales, sino que indague a fondo para llegar a la verdad jurídica y asegure el respeto de los derechos fundamentales de procesados y víctimas. Necesitamos cárceles y reclusorios que cumplan con su tarea en vez de ser universidades del crimen, como lo son actualmente en algunos casos. Es decir, necesitamos trabajar de forma más decidida para que no se vuelvan a repetir tantas tragedias y para que podamos dejar atrás del espanto de estos años.
México merece un futuro mejor y un porvenir más seguro. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Falta ahora que nos pongamos todos a trabajar para lograrlo.