Las administraciones federales panistas dejaron graves pendientes. La guerra contra el narco aceleró los fenómenos de violencia, hasta niveles sin precedentes,  y nunca se encontraron los mecanismos para acelerar el crecimiento económico.

 

El nuevo gobierno, el del presidente Peña, hizo una apuesta por una serie de reformas económicas. Se partía de la idea de que la economía mexicana no despegaba porque el proceso de modernización de los años 90s fue incompleto. Para ellos, de manera muy astuta, se convenció a los dos principales partidos de la oposición de participar en el proceso de reforma. Eso redujo el nivel de los cuestionamientos e impidió  el surgimiento de agendas distintas a las que definió el gobierno. El problema es que jamás se dedicó ni capital político, ni esfuerzo organizacional a lo que es la principal demanda del país, la seguridad ciudadana. Se confió en que el nivel de violencia tendría un ritmo descendiente si se hacía más o menos lo mismo, que bastaba con bajar la exposición pública del tema, que era posible hacerlo a un lado. Lo que sucede era previsible y se pudo haber evitado, se omitió reformar lo más importante y hoy no se tiene ni un diagnóstico ni una ruta clara de acción.

 

Un problema no es solamente que se ha fallado en impedir que los cárteles se apoderen de los gobiernos municipales, y por lo tanto que el poder del narco adquiera nuevas dimensiones, como atacar a rivales políticos, sino que la seguridad de las personas sigue sin ser una prioridad. El gobierno peñista, como el de Calderón, fue capaz de atrapar al último de los Beltran, pero no pudo prevenir  una masacre de personas. Eso ya había sucedido, en Tamaulipas, en San Fernando, pero nos importó  mucho menos, eran migrantes centroamericanos y  ni siquiera nos sirvió de advertencia. En México, ni siquiera existe un responsable de política de drogas, que analice los efectos sociales del fenómeno y pueda platear alternativas distintas al puro combate.

 

No se reconoce que combatir a toda costa y a cualquier costo la producción de drogas tiene efectos negativos en las débiles instituciones locales. Tampoco las agencias públicas de derechos humanos participan en el diseño y en la operación de la política de drogas, combatir las drogas ha sido más importante que la vida las propias personas. Por eso ahora, en un caso como el de Iguala, no existe institución alguna capaz de actuar con eficacia y credibilidad.

 

No existe un programa para reformas que la procuraduría efectivamente realice acciones periciales, tampoco otro para que la policía federal prevenga fenómenos como el cobro de piso o la infiltración de policías locales, ni siquiera el tema de los reclusorios está resuelto, siguen llenos de inocentes y pequeños delincuentes que ahí, se entrenan para el crimen. No se reconoce que se criminaliza a los consumidores de drogas de manera masiva, tampoco que son las personas que participan en las cadenas más débiles del tráfico de drogas, las menos peligrosas, los que cultivan, los que transportan, los que venden al menudeo las que sirven las mayores condenas.

 

No reconocemos que el potencial de los grupos criminales se exponencia al infinito con las enormes ganancias del tráfico de cocaína, heroína, anfetaminas y marihuana en ese orden. Por lo tanto, no exigimos un cambio en la política de drogas global. No identificamos las causas del problema y tampoco entendemos las consecuencias de la guerra contra las drogas y sus consecuencias.

 

El gobierno del presidente Peña se dice reformista, pero es profundamente conservador en el tema de seguridad. En la actual administración no participan figuras  prominentes en la lucha por los derechos humanos, ni existen acuerdos de colaboración ni acompañamiento con las principales organizaciones internacionales en la materia. Al principio de la administración el modelo era Colombia y el Distrito Federal. Por eso se contrató al Naranjo y a Mondragón. Ahora no existen referentes, se confió en que la tendencia de disminución de muertes que inició desde los últimos años de la administración Calderón continuaría.

 

Pero no se previó que los carteles destruidos, Beltran, La Familia, terminarían en pequeñas versiones muchos mas violentas y arraigadas a los gobiernos locales, como los guerreros unidos o Jalisco nueva generación. Hoy México paso de las secciones de negocios de los diarios internacionales a las páginas de derechos humanos, de ser una oportunidad de negocios es uno de los grandes riesgos globales. El gobierno de Peña se juega su futuro, todo, y el todo una generación en los próximos días. Si la estrategia sigue siendo minimizar el problema y repartir culpas Mexico difícilmente se moverá hacia adelante.

 



Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información