Como balde de agua fría se sintió el sorpresivo anuncio que hizo la Secretaria de Educación Pública con el que ordenó suspender indefinidamente la evaluación a los maestros, el comunicado de marras menciona escuetamente que, "con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización", así nada más, sin ninguna explicación sobre "los nuevos elementos a considerar", se tira por la borda la piedra angular de la reforma educativa que tanto se cacareo por parte del gobierno federal como el mayor logro reformador del actual régimen.

 

Todos los discursos y pronunciamiento oficiales sobre la importancia capital de la educación para el presente y futuro de México quedaron en eso, en palabras vacías, en expresiones inconsistentes que revelan una agenda de simulación con efectos devastadores en todas direcciones. No se entiende por ningún lado esta absurda decisión, no queda claro por qué el gobierno de la República decidió darse un tiro en la pierna con una medida que al tiempo que contradice la codiciada rectoría del estado en la educación como festinaron los miembros del equipo presidencial; hace nugatorio, literalmente, el juicio que se había formado sobre el avance democrático y la utilidad social de la reforma educativa y la esperanza que se había concebido por la mayoría de los actores sociales, económicos y políticos de que este cambio era, por fin, el principio de solución a la parálisis del país y el antes y después para millones de niños y jóvenes que tenían mediatizado su derecho primario a una educación de calidad. Una reforma necesaria para sacar del abismo de la mediocridad educativa a un país de reprobados.

 

Al momento de escribir esta entrega han pasado seis días sin información suficiente y confiable. Hacer mutis ha sido la posición de un gobierno pasmado ante miles de reclamos ciudadanos a través de las organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, incluida la UNAM en voz de su rector, y el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso De la Unión aprobado por unanimidad. El presidente de la República dijo ante periodistas, a pregunta expresa, tras inaugurar un centro comercial en el Estado de México que "hay que hablar a la Secretaria de Educación, ahí tendrán todas las respuestas a ese tema". Parece claro que nada está claro, hablar a la Secretaria de Educación para que nos respondan, en lugar de dar la cara y conocer todas las respuestas del por qué se ha decidido dejar en suspenso el cumplimiento de la ley y de la Constitución. De no creerse.

 

Observé con atención las imágenes de un acto presidido por el presidente de México al que asistió el secretario Chuayffet, unos días después del anuncio, la verdad estaba petrificado; conociéndolo, me dio la impresión que la decisión vino de fuera de la Secretaria y que le cayó de peso, estaba visiblemente incomodo e inexpresivo, al mismo tiempo, institucional como ha sido, dispuesto a cargar con esto y a cumplir la instrucción recibida.

 

La medida asumida no es menor, es grave, pues anula la palanca más poderosa, en términos estrictamente educativos, para mover al sistema educativo hacia adelante por la vía de garantizar a los niños y jóvenes, sujetos obligados del proceso educativo, el derecho primario a recibir una educación de calidad. Es delicada porque su aplicación afecta poderosos intereses ilegítimos, creados por el magisterio a lo largo de décadas de usurpación y manipulación de la política educativa y que, como podía esperarse, no están dispuestos a ceder. Es reivindicatoria porque le devuelve al estado una facultad esencial; y también es plebiscitaria porque pone a prueba la capacidad de gestión de un gobierno que, para legitimarse, no tiene otro camino en términos democráticos que cumplir y hacer cumplir la Constitución, tal y como lo ha protestado el presidente de la República.

 

Sin poder advertir el sentido de "todas las respuestas" que dará la SEP, lo cierto es que hay que esperar una rectificación y exigir que se cumpla la ley. De no hacerlo, el Gobierno Federal sería reincidente en la violación a un mandato Constitucional, lo que convierte al Secretario de Educación y a los funcionarios responsables en sujetos de juicio político.

 

En tanto se revela la posición final de la SEP, los operadores de la Secretaría de Gobernación se reúnen con los representantes de la CNTE y la CETEG, los grupos violentos que han secuestrado a la educación por décadas, para analizar un pliego petitorio notoriamente improcedente, imposible de cumplir a no ser que el Gobierno de la República dimita y se cree un Estado de excepción, lo que francamente sería una desgracia para el país. Esta posibilidad no está en la mente ni en el ánimo de los demócratas, pero sí forma parte de los propósitos aviesos de estos grupos que, son pretexto de los derechos magisteriales, amagan a las instituciones con su agenda disruptiva y amenazan los procesos democráticos en marcha.

 

Ante esta delicada situación, la única posición válida y viable es que el gobierno rectifique y que asuma su responsabilidad constitucional; al mismo tiempo y con la misma determinación que la sociedad organizada cierre filas a favor de la legalidad y el Estado de derecho, de las instituciones democráticas y en pro de la defensa de la educación de calidad, con equidad y con valores, como lo ordena la Constitución.

 

Habrá que estar atentos, más allá de las coyunturas electorales, para asegurar que la educación de calidad en México se asuma como política de Estado. Para exigir que la educación de calidad, con equidad y con valores deje de ser considerada como moneda de cambio de negociaciones baratas que, ante la alternativa a los resultados hasta hoy observados, no sólo no son la solución, sino la evidencia de una paz barata.

 

@MarcoAdame



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