El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de presentar el “Módulo de Transparencia del Sistema Integral de Fiscalización” denominado SIF, en el cual toda la ciudadanía podrá consultar la información relativa a los ingresos y gastos de las campañas electorales registradas en las 14 entidades federativas en donde hubo elecciones este año.

 

Sin duda, contar con información detallada y desagregada de los 8 mil 271 candidatos representa un gran logro de transparencia y rendición de cuentas; ejercicios que posicionan a las instituciones, en este caso al INE y que seguramente para académicos, periodistas y público en general, permitirá desarrollar cualquier tipo de análisis para medir, inclusive, el comportamiento financiero de todos los actores políticos que contienden en la competencia electoral, me refiero a partidos políticos tanto nacionales como locales, como a candidatos.

 

Sin embargo, uno de los aspectos en que tanto el INE como los Institutos Electorales Locales deben poner mucha atención en coordinación con otras instituciones del Estado Mexicano, es atender el llamado que hicieran diversos dirigentes de los partidos políticos a lo largo de las campañas políticas: la vinculación del narcotráfico en las elecciones. Esta presunta vinculación se materializó con diversas acciones, tales como el anuncio que hiciera el entonces presidente del PRI sobre la expulsión de tres de sus candidatos a presidentes municipales en el Estado de Tamaulipas. El dirigente nacional del PAN a lo largo de la campaña también externó su preocupación por la posible infiltración del narcotráfico en las campañas electorales y las consecuencias que esto implicaría.

 

Tamaulipas ha sido una entidad golpeada por el crimen organizado, así, según publican diversos medios de comunicación, se presume la disputa entre dos bandas, los Zetas y el Cártel del Golfo. Recordemos que en las elecciones de 2010 el entonces candidato del PRI al cargo del gobernador del estado, fue asesinado presuntamente por un grupo delictivo, a tan sólo unos días de la elección.

 

El problema del narcotráfico es un asunto del mayor interés y su posible relación con los procesos electorales debe ser vista con gran preocupación. Señalando algunas hipótesis podemos apreciar el riesgo que implicaría para la población que el narcotráfico arribe a las elecciones. Primero, podría generar el posicionamiento de quienes tienen en sus manos la decisión de elegir a candidatos y con ello el descrédito por parte de la población o bien, el riesgo de que la gente se vea engañada y elija a una persona con vínculos con el narcotráfico que haga en su comunidad todo, menos buscar el bienestar de la población. Segundo, es necesario generar mayores controles toda vez que el narcotráfico puede encontrar en los procesos electorales su nicho de poder, es decir, la generación de apoyos para candidatos y hasta partidos para buscar lograr ganar la elección, lo que le permitiría posicionarse de espacios clave del poder para su beneficio propio.

 

Estos factores irrumpen el principio de la democracia, es decir, la población quedaría fuera, podría ser controlada y dirigida por oscuras sendas de lo que podría ser una nueva gestión gubernamental a cargo del narcotráfico.

 

Por lo mismo, y luego de pasadas las elecciones de este año, teniendo ya en puerta los procesos locales del año 2017 y las que se van a registrar en 2018, entre las que sobresale la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, soy de la idea de dotar de mayores facultades a las autoridades electorales para la fiscalización de los recursos de los partidos y candidatos; aquí valdría la pena que el legislador revisara si el INE puede soportar todo el control de la fiscalización tanto de las elecciones locales como de las elecciones federales.

 

Sería importante que por su parte, los partidos modernizaran sus procesos internos de selección de candidatos, exigiendo requisitos que den certidumbre a las aspiraciones políticas de sus militantes. Incluso se ha hablado también sobre incorporar controles de confianza a los que en su oportunidad serán candidatos a algún cargo de elección popular, lo cual no parece ser mala idea para generar un filtro que dé certeza a los actores políticos, por un lado, y por el otro, genere confianza en los ciudadanos que acudirán a las urnas a emitir su voto.

 

Esperemos que los legisladores promuevan reformas, al menos antes de la elección de 2018.

 

@fdodiaznaranjo

@OpinionLSR

 

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