Una de las grandes ventajas de la globalización es la acelerada extensión de la justicia al ámbito internacional. Hoy los delincuentes no se pueden escudar en su nacionalidad o en huir o residir en el extranjero para seguir en la impunidad. Esta nueva circunstancia ha alcanzado al ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien fue detenido en Barajas, España por la policía nacional de aquel país acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de fondos públicos y cohecho, entre otros.

 

En México, protegido por el manto presidencial, por su hermano Rubén a quien le heredó la gubernatura y demás complicidades, Moreira siempre ha gozado de impunidad, lo mismo en Coahuila que en México.

 

En diciembre de 2010, un año antes de que concluyera su periodo de jefe del ejecutivo local, Humberto Moreira anunció que renunciaría a la gubernatura, entre señalamientos comprobados de nepotismo y fuertes acusaciones de contratar de manera ilegal una deuda adquirida, entre otras cosas, con documentos falsificados y para hacer mal uso de los recursos obtenidos.

 

Moreira no sólo se enriqueció brutalmente con dinero público sino que financió campañas electorales en Coahuila y otros estados (Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guerrero, entre otros) a favor del PRI y armó una red de programas sociales clientelares para generar un modelo gubernamental absolutista y sin democracia. Bautizó a su gobierno, como el "gobierno de la gente", cooptó y corrompió a un sinfín de actores políticos y sociales, silenció a medios, todo ello con ese endeudamiento criminal y corrupto. Mientras bailaba con populismo hipotecó las finanzas de Coahuila por generaciones enteras y armó una red criminal en el llamado "Moreirato".

 

Su tarea una vez que abandonó la gubernatura de Coahuila se centró en ganar la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional y posicionar desde ese espacio a Enrique Peña Nieto. En ese propósito contó con el respaldo total del mexiquense que lo impuso en esa dirigencia para que desde ahí le ayudara en su proyecto presidencial. Desde la gubernatura de Coahuila que siguió y sigue controlando, Moreira mandó dinero y cuadros políticos a apoyar a candidatos a gobernadores que a su vez contaban con el respaldo del entonces gobernador del Estado de México y aspirante presidencial Enrique Peña Nieto.

 

En julio de 2011 mediante información dada a conocer por el periódico Reforma, se supo que Coahuila era el estado con mayor deuda pública por habitante, con pasivos per cápita de 11 mil 633 pesos.

 

Derivado de estos hechos, en agosto del mismo año, el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, interpuso una demanda penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resultara responsable por la contratación irregular de la deuda por el Gobierno de Coahuila, por más de 32 mil millones de pesos. En realidad esa deuda descomunal se acerca a los 40 mil millones de pesos, después de que en esa entidad norteña cuando fue gobernada por su antecesor Enrique Martínez y Martínez prácticamente no tenía deuda pública.

 

En el centro de las investigaciones también se ubicó al ex gobernador internado Jorge Torres López y a Javier Villarreal Hernández, miembro del círculo cercano de Rubén, que durante la administración de Humberto fue titular de Finanzas y luego del Servicio de Administración Tributaria estatal.

 

Villarreal fue señalado como el operador de la contratación de un crédito por más de 3 mil millones de pesos con documentos falsos. Además la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que invirtió alrededor de 4 mil millones de pesos a su nombre a través de fondos de inversión en bancos estadunidenses y europeos, lo que le permitió obtener intereses hasta por 20 millones de pesos y luego regresar el monto invertido a las arcas estatales (El Universal, 22 de abril de 2012).

 

En el escándalo resultaron implicados funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colaboradores de Villarreal y empleados bancarios.

 

Sin embargo, el semanario Proceso pudo confirmar que desde finales de junio la PGR declaró el no ejercicio de acción penal contra Humberto Moreira. Por otra parte el saldo fue liquidado, por lo que los implicados tendrían que enfrentar consecuencias de derecho sólo por la ridícula cantidad (dado el monto de lo defraudado) por 25 millones de pesos, que es el supuesto daño patrimonial causado a la entidad.

 

Para el pago de esta inmensa deuda, se saldó un crédito con el Banco del Bajío por el que el gobierno de Coahuila debió pagar 25 millones 500 mil pesos de intereses, en tanto que por el crédito obtenido con el banco Santander se pagó una suma de 19 millones de pesos. Así, independientemente de los delitos que se siguen por la falsificación de firmas y documentos, los imputados enfrentarían consecuencias de derecho por 44 millones 500 mil pesos y no por el monto total de la deuda.

 

En consecuencia, Moreira tiene investigaciones por fraude y lavado de dinero durante su gestión de gobernador en Coahuila entre 2005 y 2010 y presidente del PRI durante el 2011 pero hasta la fecha no se ha actuado en su contra en el país.

 

A pesar de ello, las investigaciones y la información no sirvieron en lo absoluto pues a pesar de todos estos antecedentes, es de dominio público la impunidad y protección  de las que ha gozado Humberto Moreira, a pesar de que siempre se tuvieron los elementos suficientes para detenerlo, procesarlo y sancionarlo conforme a derecho por los delitos que cometió.

 

Pero el pasado viernes la policía española dio a conocer que durante la madrugada detuvieron al ex gobernador de Coahuila y tan sólo unas horas después un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional de España lo interrogó.

 

Dentro de las mismas 24 horas el juez José de la Mata aceptó los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y pidió la prisión sin fianza para Moreira, arrestado por orden del juez Santiago Pedraz por blanqueo de capitales, cohecho, asociación criminal y otros delitos, y fue trasladado a la prisión preventiva de Soto del Real, a 40 kilómetros al norte de Madrid.

 

La detención se basa en hechos investigados en España por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, y han aclarado que dichos ilícitos no están relacionados con causas judiciales en otro país.

 

Los delitos de los que se le acusa en dicho país consisten en transferencias bancarias “de cientos de miles de euros” realizadas hacia cuentas en España, donde residió hasta hace poco tiempo mientras cursaba estudios en Barcelona.

 

Este hecho pone en evidencia nuevamente la incapacidad de las instituciones mexicanas cuando por encima de ellas se encuentra la corrupción y la impunidad, armas con las que el PRI protegió a uno de los principales operadores políticos de Enrique Peña Nieto.

 

A diferencia de España, en donde se ha demostrado que nadie está por encima de la Ley, en México la información que señalaba fuertemente a un hombre corrupto no fue empleada, y sería lamentable que ahora el gobierno mexicano se aferrara nuevamente a encubrir la corrupción.

 

Nuevamente veremos si sigue la impunidad y la protección del presidente Enrique Peña Nieto a quien fuera uno de sus mayores promotores e inversionistas, a quien sacó del gobierno de Coahuila para hacerlo dirigente nacional del PRI, no será fácil para él sepultar este tema, la opinión internacional estará señalando a nuestro país que enfrenta otra ola en la marejada de escándalos del actual titular del Ejecutivo federal. Debe también renunciar el actual gobernador de Coahuila, hermano de Humberto y uno de sus principales cómplices y encubridores, Rubén Moreira. Deben las investigaciones profundizar en el financiamiento a campañas electorales priístas que surgió de la red criminal del hoy preso en España. Sólo así podrá decirse: "Misión cumplida", sin que suene a sarcasmo.

 



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