Como si fuera una pesadilla luego de una larga noche de insomnio, el informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone nuevamente en el centro de la atención pública el caso de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, al sugerir nuevas investigaciones y peritajes ante la posibilidad de que los jóvenes desaparecidos no hubieran sido calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero tal como lo sostuvo la PGR al concluir sus investigaciones con la llamada "verdad histórica".
Ante esto, el Presidente de la República ha pedido que las conclusiones del informe se incorporen a la investigación, en tanto que el Partido Acción Nacional ha exigido que se revisen las anomalías en la investigación ya que, de confirmarse el informe de la CIDH, quedaría al descubierto la incapacidad de la PGR o, lo que es peor, una maniobra de encubrimiento de un hecho tan doloroso.
Este y otros temas fueron incluidos someramente en la primera parte del tercer informe de gobierno presidencial. A manera de relatoría, el presidente mencionó que el caso de Iguala, la fuga de un penal de alta seguridad y el señalamiento de conflictos de interés y denuncias de corrupción que incluyeron al titular del ejecutivo, provoca molestia y una indignación que lastima a los mexicanos.
Lo cierto es que estos tres temas son una muestra emblemática de la debilidad institucional y la falta de estado de derecho que caracteriza a nuestro país. En cada uno de estos casos, existe una "verdad oficial" y muchas dudas que alimentan la incertidumbre y la falta de confianza en las instituciones por parte de la población que mayoritariamente no cree que lo resuelto la autoridad corresponda a la realidad.
Ante un informe de gobierno carente de autocrítica y plagado de cifras sobre lo mucho que hemos avanzado de acuerdo a la versión oficial, cobra sentido la expresión del presidente del Partido Acción Nacional, al calificar el informe como un "monólogo triunfalista", una versión del país que sólo existe en la mente del informante y su grupo de asesores y que no corresponde a la cruda realidad que vivimos los mexicanos, tan solo porque en estos tres casos, mencionados por el Presidente, no hay conclusiones ni responsables, tampoco investigaciones con fuerza legal que alimenten la confianza y la credibilidad de la población en las instituciones.
Veamos, en el caso de los 43 normalistas, el informe de los expertos echa por la borda la verdad histórica, pone en tela de juicio todo lo hecho y actuado por las autoridades de la PGR, es decir, pone a la vista de todos una duda fundada sobre lo que han dicho los responsables de la investigación. A un año de la tragedia no sabemos qué paso, lo único cierto es que hay 43 jóvenes desaparecidos, presuntamente ejecutados por la delincuencia organizada y un sin número de hipótesis sobre las causas de este magnicidio.
Sobre la fuga de un penal de alta seguridad, lo primero que hay que decir es que no fue cualquier fuga. Se trata del narcotraficante más buscado del mundo, presuntamente vigilado las veinticuatro horas por las instituciones de seguridad del Estado mexicano y que, a la vista de todos, se esfumó sin que a la fecha sepamos qué pasó y cuál es su paradero. En este como en el otro caso no hay conclusiones ni responsables, sólo hay un túnel por donde se fugó, junto con el Chapo Guzmán, la escasa credibilidad en las autoridades mexicanas, por tratarse de un penal de alta seguridad.
Y con relación a la "casa blanca", el caso que puso en la picota al Presidente de la República, a su familia y, por extensión de casos similares, a sus más cercanos colaboradores, ni hablar; la justicia formal ha dicho que no hubo conflicto de interés, con el pequeño detalle de que quien esto afirma y actuó como juzgador es un empleado del Presidente y un funcionario muy cercano al Secretario de Hacienda, otro de los implicados.
Los tres casos huelen a impunidad y corrupción. En los tres casos se presupone la complicidad de las autoridades, sean federales, estatales o municipales y la incapacidad de las instituciones fundamentales en la procuración de justicia.
Estamos ante hechos de verosimilitud, algo de verdad incluyen las investigaciones, pero tanto de forma como de fondo carecen de la contundencia que acompaña a la verdad y de la exactitud que se exige de las instancias involucradas, instituciones fundamentales del Estado mexicano para fortalecer la confianza y la credibilidad en las instituciones.
Sin dejar de lado estos hechos inquietantes, las conclusiones del informe sobre la agenda de futuro, resumidos en el decálogo presidencial, son absolutamente preocupantes, ya que en ninguno de ellos se asoma la disposición para revisar los temas de la agenda que han dañado al país con la tóxica reforma fiscal. Tal parece que todo se resuelve con la creación de una nueva entidad burocrática para la cultura o con la intención de ejercer un presupuesto austero y prácticas administrativas de sobriedad ante la crisis monumental que enfrentamos.
En efecto, hay molestia, dolor e indignación de los mexicanos ante la impunidad y la corrupción de las autoridades y la complicidad, también corrupta, de muchos actores de la sociedad civil, fundamentalmente agentes económicos, al relacionarse con el gobierno y al expandir su influencia con el beneplácito y apoyo de "los poderosos", ignorando la miseria y marginación de amplios sectores de la sociedad.
Es verdad, vivimos en un país con profundos vacíos de poder institucional, hay debilidad del estado de derecho y preocupación por la economía que generan desconfianza al interior del país e incertidumbre ante las presiones internacionales. También es latente la amenaza del populismo y del autoritarismo pero la solución no es negar la posibilidad de cambios de fondo pero tampoco en enunciar un catálogo de buenas intenciones. El país no va bien, así lo constatan las calificadoras internacionales que refieren a un país con un gobierno cuestionado y con prácticas extendidas de corrupción que avanza ante la debilidad institucional y la falta de un estado de derecho.
Se requiere un cambio de rumbo, un camino nuevo, un golpe de timón que por lo visto no está en la mente ni en la voluntad del gobierno. Por ahora lo único que está claro, a la luz del informe presidencial, es que la respuesta del régimen se reduce a un "monólogo triunfalista".